Fiscalía General del Estado de Quintana Roo: el Narcoestilo Institucionalizado

JuanJo Sanchez / CAMBIO 22

Lo que ocurrió en Chetumal hace un par de noches no fue un operativo, fue una exhibición obscena de cómo la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha transformado en una estructura de intimidación que opera con los mismos métodos que cualquier célula criminal: encapuchados, armas largas, golpes a puertas, cámaras destrozadas, clientes tirados al piso, trabajadores humillados y trasladados como rehenes. Y todo esto, con el sello oficial de Raciel López Salazar. Y como ya sabes que #MiPechoNoEsBodega en estás líneas #TeLoCuento

El discurso de la Fiscalía vende “resultados”: rescate de 26 mujeres, droga asegurada, tres detenidos. Pero lo que en los comunicados suena a triunfo institucional, en la realidad es un escándalo de abuso: negocios saqueados, equipos destruidos, dinero y celulares desaparecidos, empleados obligados a firmar documentos a punta de pistola y amenazas que terminan con trabajadores abandonados en las afueras de la ciudad. Eso no es combate al crimen. Eso es crimen desde el poder.

La versión oficial se desmorona sola: ¿Cómo hablar de “estricto apego a la ley” cuando los propios agentes destruyen las cámaras que podían dar fe del operativo? ¿Cómo justificar que los testigos denuncien robos y privación de la libertad, mientras la Fiscalía se escuda en un boletín maquillado? La contradicción es brutal, y el hedor a simulación impregna cada línea del comunicado oficial.

El patrón es claro: Raciel López Salazar exporta a Quintana Roo el mismo modelo que dejó marcado en Chiapas y Puebla. Su estilo no es combatir al crimen, sino ocupar su lugar. Allí donde llega, la Fiscalía deja de ser garante de legalidad y se convierte en un brazo armado que impone terror, legitima el abuso y fabrica “éxitos” mediáticos para justificar su permanencia. Un fiscal que opera con la lógica del show y la intimidación, no con la del derecho.

Más grave aún: estas operaciones se ejecutan sin la mínima coordinación con la Guardia Nacional, la Marina o la Sedena. Es decir, sin contrapesos, sin supervisión, sin cadena de legalidad. Raciel convierte a la Policía Ministerial en su propio ejército privado, que actúa a placer, con licencia para robar, golpear y amenazar. El Estado de derecho queda pulverizado cuando la propia institución encargada de proteger a la ciudadanía actúa con el mismo cinismo de un cártel.

El anuncio de una “carpeta de investigación interna” para revisar los abusos es la burla final. La Fiscalía investigándose a sí misma es como un ladrón haciéndose auditoría. Nadie cree en eso, nadie lo tomará en serio. Mientras tanto, los dueños de los negocios ven cómo su patrimonio es arrasado por agentes que se llevan lo que quieren, mientras el fiscal sonríe frente a las cámaras hablando de “cero tolerancia”.

La realidad es otra: la FGE de Quintana Roo se ha convertido en un aparato de impunidad con licencia oficial. Sus operativos son montajes violentos que sirven más para sembrar miedo que para garantizar justicia. Las supuestas víctimas rescatadas se convierten en cifras desechables de un boletín; los detenidos, en carnada mediática; y los verdaderos responsables, en intocables.

Quintana Roo merece justicia, no espectáculos de terror. Y esa exigencia pasa por desmontar la maquinaria que Raciel ha montado en la Fiscalía. De lo contrario, lo que hoy vemos en Chetumal será apenas un anticipo de lo que viene: un Estado sometido por su propia institución de justicia, un fiscal convertido en caudillo armado, y una sociedad indefensa ante el poder que debería protegerla.

La conclusión es ineludible: Raciel López Salazar es un lastre para Quintana Roo. Donde pisa, la justicia desaparece, la legalidad se prostituye y la Fiscalía se transforma en un aparato de abuso institucionalizado. Su permanencia en el cargo no solo compromete investigaciones, compromete la estabilidad misma del Estado de derecho. La ciudadanía queda atrapada entre el crimen organizado y un Estado que actúa con idénticos métodos. El costo político y social es altísimo: la gente ya no distingue si el que toca la puerta a las tres de la mañana es un comando criminal o un operativo ministerial.

El Congreso del Estado de Quintana Roo no puede seguir siendo cómplice por omisión. La Gobernadora Mara Lezama no puede mirar hacia otro lado. Mantener a Raciel en la Fiscalía es aceptar que en Quintana Roo la justicia se administra a golpes, con encapuchados y armas largas, bajo las reglas de un fiscal que actúa como capo con credencial oficial.

La pregunta es simple: ¿Seguirá el poder político protegiendo a un fiscal que actúa como criminal?

La respuesta debe ser inmediata y contundente: Raciel López Salazar tiene que irse.

Fuente: Facebook

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