Fiscalía General del Despojo: Radiografía de su Colusión con Notarias y Crimen Organizado

Flor Tapia/CAMBIO 22

El descontrol de la corrupción en las fiscalías de Quintana Roo es ya un legado de impunidad. Nada se mueve ni avanza sin dinero. La ciudadanía expone una y otra vez la ineficacia del sistema de justicia en nuestro estado sin mayores consecuencias para este. Sin recato, los fiscales exigen dinero para hacer su trabajo. Apenas el mes de mayo pasado, la gobernadora del estado, Mara Lezama, condenó los fraudes inmobiliarios cometidos en complicidad con diversas notarías del estado. La mandataria aseveró que diversas estrategias se estaban implementando para combatir dichos delitos pero estas buenas intenciones, han sido omisas, para ciertos elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que lejos de perseguir los delitos ejecutados por los conocidos popularmente “cárteles del despojo”, parecieran estar coludidos con éstos, asegurándose de boicotear las carpetas de investigación bajo su mando.

Tal es el caso del ministerio público adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, de nombre Luis Alberto Dorantes López, encargado de la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/UAT/07/8511/2023, interpuesta por los delitos de fraude, despojo falsificación y uso de documentos falsos. En su denuncia, la victima narra que su identidad fue usurpada mediante el uso de un pasaporte falso, usado para obtener un poder notarial, que posteriormente sirviera para realizar la venta fraudulenta de un inmueble de su propiedad. Lo anterior es alarmante, porque en la comisión de estos delitos se encuentran involucradas las notarías 38 y 49, la primera cuya titularidad ostenta la Lic. Carmen Nicolás Ramírez, responsable de realizar el otorgamiento de un poder a todas luces apócrifo, y la segunda, a cargo del Lic. Leonardo de Jesús Median González, responsable de dar fe de la venta del mencionado inmueble y registrarlo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del estado. Aunque es evidente la participación de los mencionados notarios en la comisión de los delitos citados, no ha sido posible determinar su grado de responsabilidad penal, ya que el Lic. Luis Alberto Dorantes López, según el afectado, este se niega a darle seguimiento a la carpeta de investigación, en cuyos autos obra una constancia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestando que el pasaporte utilizado es apócrifo. Tambien obra un peritaje en grafoscopía, que revela que las rubricas plasmadas en los protocolos notariales, no corresponden a la víctima. Sin embargo, a pesar de otras probanzas, el ministerio publico Luis Alberto Dorantes López, se niega a integrar la carpeta, a pesar de haber sido iniciada hace más de dos años ¿Qué dirá el fiscal general del estado, Raciel López, sobre su demora injustificada para resolver las corruptelas de sus subalternos que ya rayan en cinismo?

Es irónico, como los responsables de sabotear los proyectos contra la corrupción impulsados por el gobierno del estado, son a veces los mismos que debieran ponerlos en marcha. En el caso de la carpeta FGE/QROO/CAN/UAT/07/8511/2023 y del licenciado Dorantes López, no hay diferencia entre la corrupción y la ineptitud, pues ambas terminan revictimizando a la ciudadanía.

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