Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Para que una institución pública pueda proporcionar un servicio eficiente de acuerdo a las facultades y obligaciones que le impone la ley debe contar con el presupuesto necesario, tarea que compete a la cámara de diputados, ya sea estatal o federal, según el caso, pero en Quintana Roo el Congreso del estado con mayoría morenista, lo único que sabe hacer es obedecer las instrucciones de la gobernadora, la división de poderes, al menos entre el Ejecutivo y Legislativo no existe en esta entidad y prueba de ello es la complicidad entre ambos poderes, porque la titular del Poder Ejecutivo decide y el Poder Legislativo obedece.

Uno de las instituciones que resultó afectada al no recibir del Congreso los recursos presupuestales que solicitó de acuerdo a su plan de trabajo para el año 2023 es la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, una institución que requiere de todo el apoyo interinstitucional para hacer lo que le compete de acuerdo a las constituciones Federal y Estatal: investigar los delitos, los cuales aumentan todos los días, ante la falta de eficiencia en la prevención del delito y en otros programas gubernamentales tendientes a generar una cultura jurídica y de respeto al Estado de Derecho de parte del gobierno estatal.

A pesar de la crisis delictiva en la entidad, a la gobernadora Mara Lezama se le ocurrió seguir los lineamientos del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en materia de recursos presupuestales para órganos autónomos y decidió que a la Fiscalía no se le diera el presupuesto que requería para su operación durante el presente ejercicio fiscal.

A pesar de estas restricciones presupuestales, la buena voluntad política y administrativa del Fiscal de Quintana Roo, el maestro Oscar Montes de Oca Rosales, así como de la disposición y gran interés de su personal en diversas áreas para capacitarse, por segundo año consecutivo se logró realizar el curso denominado “Los estándares de debida diligencia y perspectiva de género en las investigaciones de feminicidios y muertes violentas de mujeres”, impartido por expertas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Al concluir este curso y como parte del compromiso interinstitucional se elaboró el informe de resultados por el OCNF en el que se hace referencia al contexto de la violencia feminicida en México, mismo que “es una problemática grave y de gran preocupación para diferentes sectores de la sociedad. Preocupa principalmente la falta de perspectiva de género y derechos humanos en las investigaciones relacionadas con la violencia feminicida, que se traduce en la no acreditación de las razones de género en las muertes violentas de mujeres”.

El objetivo de este curso es: “Fortalecer y desarrollar las habilidades técnicas y profesionales del personal de las áreas sustantivas, sobre los estándares de investigación, en casos de feminicidios y muertes violentas de mujeres”. Se realizó durante cinco sesiones presenciales, de cinco horas cada una, impartidas del día 22 al 26 de mayo de 2023, al personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Las limitaciones presupuestales fueron evidentes durante las sesiones del curso, pero ello no impidió el compromiso que mostraron las mujeres y hombres que participaron en este curso.

Como resultado de los dos cursos que el ONCF impartió a personal de la Fiscalía, así como otras acciones de capacitación puestas en marcha por la institución se ha despertado el interés entre el personal para seguirse capacitando y poner en práctica de inmediato las herramientas adquiridas, como se ha puesto de manifiesto al obtenerse una serie de sentencias condenatorias en casos que tuvo gran incidencia el trabajo del personal de la fiscalía al incorporar los estándares de debida diligencia y perspectiva de género.

Este interés por capacitarse también se ha visto cristalizado en sentencias condenatorias de abuso y violación sexual logradas durante los últimos meses por la Fiscalía.

Dentro del personal de la Fiscalía que asistió a este curso, en su tercera edición, se encuentran agentes del Ministerio Público, policías de investigación, así como peritas y peritos que participan en casos de feminicidios y muertes violentas de mujeres.

En el informe se explica que el curso se impartió bajo una metodología constructivista desde un conocimiento teórico práctico. Las sesiones fueron desarrolladas con una atención permanente a las dudas e inquietudes mostradas por las y los participantes. Los niveles de trabajo fueron los siguientes:

1. Nivel teórico conceptual, implicó la revisión y análisis de conceptos, así como de la normatividad aplicable. Éstos se plantearon de manera expositiva por parte de las facilitadoras.

2. Nivel intergenerativo, orientado por el trabajo de inducción y coordinación entre las y los participantes, que plantea la importancia de la interexperiencia como eje de construcción conjunta del conocimiento.

3. Nivel de referente empírico, se abordaron casos prácticos y paradigmáticos, buscando identificar las mejores prácticas que en el ámbito del tema de estudio se han identificado.

Las ponentes fueron Ana Yeli Pérez Garrido, Mercedes Adriana Rubio Mendoza y María de la Luz Estrada Mendoza, todas expertas en los temas abordados e integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

 

 

 

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