• La Secretaría de Desarrollo Rural revela proyectos duplicados y gastos sin comprobar en la UGROY

 

  • Ex líder de la UGROY se defiende y alega motivación política en la denuncia

 

 

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

En Mérida, Yucatán, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una nueva investigación por supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos en la Unión Ganadera Regional del Oriente de Yucatán (UGROY). De acuerdo con documentos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), la denuncia se presentó el 28 de noviembre de 2025, tras detectar posibles irregularidades en más de 165 millones de pesos entregados a esa organización entre 2019 y 2024.

El expediente firmado por Erick Noe Zapata Ceballos, director jurídico de la SEDER, se fundamenta en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley General de Víctimas.

La queja señala tanto a exfuncionarios de la dependencia como a las personas que encabezaron la UGROY en ese periodo, la SEDER afirma que el monto investigado más de 160 millones de pesos proviene de programas estatales de apoyo al campo; estos recursos, destinados originalmente a asociaciones ganaderas del oriente del estado, habrían sido manejados de manera irregular.

Indicios de irregularidades

 

La investigación administrativa reveló que año tras año se presentaron proyectos prácticamente idénticos, en los que solo variaban los montos solicitados, entre las anomalías detectadas destacan:

 

Indicios de irregularidades

Descripción breve

Proyectos duplicados

Programas anuales con descripciones casi iguales y montos distintos

Uso de fondos para fines no autorizados

Destino de recursos sin la comprobación adecuada

Movimientos bancarios sin soporte

Transferencias internas sin respaldo documental

Microcréditos sin evidencia de cobro

Préstamos que carecen de pruebas de recuperación

Listas de beneficiarios dudosas

Firmas o registros que no demuestran entrega de apoyos

Según la SEDER, estas irregularidades sugieren que los recursos pudieron haberse desviado o utilizado para fines distintos a los autorizados.

La dependencia señala que será la Fiscalía Anticorrupción quien determine si particulares o la propia organización ganadera obtuvieron beneficios indebidos.

¿Qué es la UGROY?

La UGROY se constituyó legalmente en 1972 con el propósito de respaldar a ganaderos del oriente de Yucatán, su misión es apoyar a todo el gremio ganadero y ofrecer servicios como la gestión de apoyos institucionales, campañas de salud animal y programas de identificación de ganado.

La organización gestiona trámites para programas federales y estatales incluido el registro en el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) y mantiene una ventanilla para estos procedimientos.

En la región oriente concentra a asociaciones de municipios como Tizimín, Buctzotz, Valladolid y San Felipe, lo que la convierte en una pieza clave para el sector pecuario regional.

El rol de la SEDER

La Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Yucatán tiene la responsabilidad de instrumentar programas de desarrollo para planear, fomentar y organizar las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y agroindustriales, también asesora a los productores en manejo de insumos, maquinaria, técnicas de producción, financiamiento y comercialización de sus productos.

Los recursos ahora bajo escrutinio fueron entregados por la SEDER a la UGROY a través de diversos programas de apoyo al campo.

Días antes de la denuncia de la SEDER, el 25 de noviembre de 2025 el presidente actual de la UGROY, Mario Esteban López Meneses, presentó otra querella ante el Sistema Estatal Anticorrupción para reclamar transparencia en el destino de alrededor de 165 millones de pesos transferidos por la SEDER durante el sexenio de Mauricio Vila.

López Meneses aseguró que la denuncia se sustenta en revisiones técnicas y reportes administrativos que exhiben posibles desvíos millonarios, proyectos productivos repetidos sin evidencia de ejecución, listados de beneficiarios con firmas dudosas y movimientos bancarios no documentados, el dirigente señaló que los fondos en cuestión debieron beneficiar a productores y familias del oriente de Yucatán.

Además, López Meneses cuestionó la actuación de funcionarios estatales por posibles omisiones.

En su denuncia pidió que se identifique quién autorizó los recursos, cómo se ejercieron y en qué se aplicaron. Tras esta acción legal, el gobernador Joaquín “Huacho” Díaz Mena declaró que “los tiempos han cambiado” y afirmó que antiguos líderes falsificaban firmas para robarse apoyos destinados al campo.

La respuesta de Esteban Abraham Macari

El empresario y exdiputado local Esteban Abraham Macari, quien presidió la UGROY entre 2019 y 2024, rechazó las acusaciones.

En declaraciones posteriores a la denuncia de López Meneses, afirmó que la querella tiene un tinte político y que el actual dirigente formó parte del consejo directivo que aprobó los informes y estados financieros durante su gestión.

Macari aseguró que las irregularidades señaladas ya habían sido auditadas y validadas, y que recibió a la UGROY con cuentas embargadas y una deuda superior a 170 millones de pesos, misma que se renegoció hasta quedar en 23 millones, también sostuvo haber entregado 80 millones de pesos en insumos a productores, haber destinado 7 millones al pago de deudas heredadas y haber dejado 11 millones de pesos en inventarios.

Desde su perspectiva, quienes deterioraron la UGROY ahora ocupan cargos en el gobierno mientras quienes la rescataron son atacados.

Con dos denuncias formales en curso la de la SEDER y la de la actual dirigencia de la UGROY, la Fiscalía Anticorrupción deberá revisar expedientes, movimientos bancarios y listas de beneficiarios para determinar si hay responsabilidad administrativa o penal.

La investigación podría convertirse en un precedente en la forma de vigilar y administrar los recursos públicos destinados al sector rural yucateco.

Mientras tanto, productores de la región esperan que se esclarezca el manejo de los recursos y se garantice que los apoyos lleguen efectivamente al campo.

A medida que avance la indagatoria, el caso pone en el centro del debate el papel de las organizaciones ganaderas en la gestión de fondos públicos, la obligación de la autoridad de vigilar la correcta aplicación de los recursos y el derecho de los productores a exigir transparencia.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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