Alejandro López / CAMBIO 22

Cancún, Quintana Roo, 21 de Julio del 2025.- El fiscal general del estado , Raciel López Salazar, rechazó las recientes críticas hacia las acciones de la Fiscalía y otras autoridades locales contra establecimientos presuntamente implicados en trata de personas.

En el marco de la conferencia semanal que lleva a cabo el Gabinete de Seguridad, que en esta ocasión se realizó en el C5, el fiscal fue cuestionado sobre las declaraciones de la recién conformada asociación de trabajadores de bares, botaneros, quien señaló simulación en los operativos.

“Soy respetuoso con quienes opinan, pero aclaro: no simulamos, actuamos”, respondió López Salazar, subrayando que los resultados están a la vista y que quienes se sienten afectados intentan desprestigiar el trabajo institucional.

El funcionario añadió que ciertos defensores de involucrados en ilegalidades recurren a campañas mediáticas para desviar la atención y debilitar las investigaciones.

“Cuando se tocan intereses, vienen las reacciones buscan reflectores y desacreditan nuestras acciones”, explicó.

De igual forma, advirtió sobre una estrategia de grupos criminales para influir en la opinión pública mediante mantas amenazantes, desinformación en medios y redes sociales.

En este sentido, mencionó que el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Padilla Barrientos, podría convertirse en próximo blanco de esas campañas.

“Están afectando intereses, haciendo rotaciones internas y eso les molesta”, puntualizó el Fiscal.

López Salazar informó que ya hay detenidos por colocar mantas intimidatorias y que las investigaciones vinculan estos hechos a organizaciones delictivas preocupadas por la pérdida de acuerdos con autoridades.

“No tenemos trato con la delincuencia, y eso les incomoda. Vamos a continuar combatiendo a quienes dañan a la sociedad”, concluyó.

Hay que recordar, que que hace unos días, raíz del cierre de 11 bares, antros y botaneros en Cancún —que afectó a aproximadamente 500 trabajadores— surgió la iniciativa de formar una asociación para defender sus derechos laborales y proteger sus medios de vida.

Empleados y propietarios denunciaron que muchos cierres se derivaron de acusaciones de trata de personas que, según ellos, eran infundadas.

Alegaron que en varios casos imputaron acusaciones sin pruebas suficientes. Incluso mencionan que las carpetas de investigación se desvanecieron por falta de sustento legal.

 

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

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