Feminicidio en Cuartel de la Guardia Nacional Destapa Acoso, Corrupción y Encubrimiento en Medio de su Peor Crisis de Legitimidad

En la madrugada del 14 de octubre de 2025, la soldado Stephany Carmona Rojas (19 años, originaria de Ajalpan, Puebla) fue hallada con dos disparos en la cabeza dentro del 51º Batallón de la Guardia Nacional (GN) en Acapulco, Guerrero. Su familia fue informada de que se trató de un “accidente durante una práctica de tiro”, sin embargo durante el sepelio la familia y amigas desmintieron esa versión y denunciaron que se trató de un feminicidio.

La soldado recibió al menos un disparo en la frente y el presunto responsable el sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz abandonó el cuartel sin ser detenido.

Las autoridades federales iniciaron una investigación de homicidio; la Fiscalía de Guerrero señaló que Ramírez fue visto saliendo a las 23:18 h con uniforme completo y una mochila, y que el retén le permitió el paso sin registrarlo, la bitácora tenía páginas arrancadas, lo cual indica manipulación.

La víctima había sido vista en cámaras internas caminando sola hacia el dormitorio poco después de las 22 h y, tres minutos después, el sargento Ramírez pasó por el mismo pasillo.

A las 22:40 h otra soldado descubrió el cuerpo y activó la alerta, para entonces el presunto agresor ya había salido de las instalaciones.

Acoso y hostigamiento sistemático

Stephany se incorporó a la Guardia Nacional en abril de 2025, amigas de la víctima contaron que días antes de su muerte ella había relatado hostigamiento sexual y maltrato dentro del cuartel; mensajes difundidos en redes sociales muestran que la joven se quejaba de humillaciones y acoso por parte de sus superiores.

En uno de esos mensajes escribió: “Me han humillado, gritado, madreado, hasta acosado y aquí sigo”.

Otra conversación recuperada por medios locales reproduce sus palabras: “A mí también me acosan mucho… mantengo posición”.

La madre de Stephany confirmó a periodistas que su hija no participaba en ninguna práctica de tiro y que había denunciado el acoso a sus superiores.

La narrativa oficial del accidente se vino abajo cuando aparecieron más testimonios, la Fiscalía de Guerrero confirmó que Stephany recibió dos disparos a quemarropa y que no usaba chaleco ni casco en el momento del ataque, amigas y familiares recordaron que la joven había pedido cambio de área debido a un ambiente laboral hostil; la GN rechazó esas peticiones.

En redes sociales, usuarias que decían pertenecer al batallón denunciaron que las mujeres que se negaban a participar en fiestas privadas con alcohol eran castigadas con guardias extras y que existía un patrón de acoso tolerado por mandos del cuartel.

El caso provocó indignación en Puebla y Guerrero, durante el funeral en Ajalpan, pobladores marcharon con una lona que decía “Justicia para Stephany”. Una amiga de la víctima declaró en la protesta:

“La mataron porque no se dejó hacer cosas”.

El Ayuntamiento de Ajalpan exigió una investigación exhaustiva y el castigo a los responsables.

El gobernador poblano Alejandro Armenta pidió que la investigación la realizaran las fiscalías de Puebla y Guerrero.

Medios nacionales criticaron el silencio de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, la nota editorial de Aristegui Noticias señaló que la GN no había emitido ningún pronunciamiento mientras el presunto feminicida continuaba prófugo.

Otros reportes mencionaron que en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio por la joven.

La detención del sargento Ramírez y el encuadre legal

Fuentes judiciales confirmaron a medios de comunicación que Yair Manuel “N” fue detenido el 18 de octubre de 2025 en la colonia Llano Largo de Acapulco.

La detención ocurrió tras cuatro días de búsqueda; la Guardia Nacional le acusó formalmente de deserción y desobediencia, pero no de feminicidio, la familia de Stephany señaló en un comunicado el día de ayer viernes 23 de Octubre que la institución había intentado ocultar la detención y les prohibió hablar del tema, sin embargo confirmaron la detención.

🚨 “Solamente venimos a pedir justicia para Fany, ella levantó la voz del acoso que se vivía ahí”: familiares y ciudadanos se manifiestan tras asesinato de la soldado de la Guardia Nacional, Estephany Carmona 👇🏼

pic.twitter.com/10fMFGS4wa

— Azucena Uresti (@azucenau) October 20, 2025

Según Fábrica de Periodismo, Ramírez sólo fue vinculado a proceso por deserción y fue trasladado a una prisión militar.

La indagatoria quedó en manos de la justicia militar, lo que generó críticas de organizaciones feministas que exigieron que el caso se judicializara por feminicidio ante tribunales civiles.

Hasta ahora no existe una postura oficial de la GN ni de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la muerte de la soldado.

Fuentes internas y cadena de complicidades

Reportajes de investigación consultados para el Diario CAMBIO 22 en particular testimonios de soldados y documentos internos revelan que la muerte de Stephany no fue un hecho aislado sino la culminación de un ambiente tolerado de acoso y abuso de poder dentro del 51º Batallón de la Guardia Nacional en Acapulco.

Varias soldadas habían presentado solicitudes de cambio de área alegando hostigamiento; en al menos 32 peticiones en dos años, sólo cuatro fueron atendidas.

Los expedientes disciplinarios mostraban sanciones repetidas contra mujeres que habían denunciado el acoso, mientras los agresores no recibían castigos.

De acuerdo con esas fuentes, la víctima había contado a sus compañeras que contaba con evidencias de fiestas con alcohol y coacción sexual organizadas por mandos del batallón.

Esos mandos habrían ordenado al sargento Ramírez “controlar” a la soldado antes de que acudiera a instancias externas.

Un chat interno con 16 participantes 14 mandos y dos elementos de tropa intercambiaba comentarios sexistas y daba instrucciones para alterar bitácoras de acceso.

Un mensaje del 9 de octubre advertía que Stephany había acudido a Derechos Humanos y que “había que moverla” de inmediato. pese a que la víctima pidió cambio en varias ocasiones, sus solicitudes fueron ignoradas, el 15 de octubre fue asesinada.

El mismo chat y testimonios señalan a dos mandos como organizadores de las fiestas y encubridores de los hechos, un capitán de apellido Reyes y un teniente de apellido Paredes, tras la captura del sargento Ramírez y la difusión de los mensajes, ambos fueron citados a declarar.

Un video recuperado por peritos mostraba al capitán Reyes sirviendo bebidas alcohólicas a personal de tropa y amenazando con sancionar a quienes no participaran; otra grabación registraba cómo presionaban a las soldadas para que asistieran a las reuniones.

A partir de ese material, la Fiscalía de Guerrero abrió nuevas carpetas por abuso de autoridad y omisión de denuncia contra los mandos involucrados.

De manera extraoficial se informó que el capitán Reyes y el teniente Paredes fueron detenidos el 18 de octubre acusados de cohecho y encubrimiento.

Estas revelaciones muestran una cadena de complicidades en la que el sargento Ramírez no actuó solo, el acceso sin registro al batallón, la manipulación de bitácoras, la desaparición del arma, la falta de reacción de los centinelas y la tolerancia de fiestas con alcohol evidencian un patrón de corrupción y encubrimiento.

La muerte de Stephany Carmona revela así el inicio de la descomposición de la Guardia Nacional, una institución que ha acumulado denuncias de acoso y abusos desde su creación, y cuya militarización ha dificultado la rendición de cuentas.

El feminicidio de Stephany se ha convertido en un símbolo de los problemas estructurales que atraviesan a la Guardia Nacional, acoso sexual, impunidad, encubrimientos y falta de supervisión civil, las evidencias públicas demuestran que la joven fue asesinada por un compañero que había sido señalado previamente por hostigamiento.

Mensajes recuperados muestran que ella y otras soldadas sufrían acoso y que las autoridades militares ignoraron sus denuncias.

Pese a la detención del presunto agresor, hasta finales de octubre las autoridades sólo habían ejercido acción penal por deserción.

Este caso evidencia la descomposición interna de la Guardia Nacional, un entorno donde mandos toleran fiestas con alcohol y violencia sexual, castigan a las víctimas y protegen a los agresores.

Para que la muerte de Stephany no quede impune, es indispensable que las autoridades reconozcan el feminicidio, desmantelen la red de complicidades y garanticen justicia con perspectiva de género y transparencia.