Feminicidio de Agostina Jalabert, un Pendiente del Estado Mexicano

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Matínez/CAMBIO 22

La familia de Agostina Jalabert, de nacionalidad argentina, denunció irregularidades en la investigación de su muerte, que fue inicialmente clasificada como un suicidio por la Fiscalía del estado de Quintana Roo, pero posteriormente se reevaluó como un feminicidio.

La autopsia reveló lesiones que no corresponden a un suicidio por lo que se le exige a las autoridades una investigación apegada a derecho. La familia y su defensa señalan la posibilidad de que haya sido víctima de agresión sexual y tortura. Además, la familia ha exigido a la Embajada de Argentina en México que se pronuncie al respecto, tanto por el posible feminicidio como por el actuar de la fiscalía.

El principal sospechoso, el novio de Agostina, Juan Manuel Reverter, desapareció de Playa del Carmen y no dio explicaciones, lo que generó sospechas de que podría estar involucrado en su muerte. La familia ha denunciado que la investigación estuvo plagada de irregularidades desde su inicio, incluyendo la negligencia de las autoridades mexicanas, que no siguieron el protocolo de feminicidio y no investigaron adecuadamente las pistas que apuntaban a un asesinato.

La Fiscalía de Quintana Roo inicialmente trató el caso como un suicidio, pero tras la presión de la familia y la publicación de un análisis independiente de la autopsia, el caso fue reclasificado como un feminicidio.

Sin embargo, la familia sigue exigiendo una investigación más completa y la localización del novio de Agostina, quien se encuentra en paradero desconocido. La familia también ha solicitado la intervención de la Cancillería argentina para que apoye las investigaciones y no deje el caso a la deriva.

La semana pasada, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), manifestó su profunda indignación ante la persistente impunidad y omisiones en el caso del feminicidio de Agostina Jalabert, ocurrido en Playa del Carmen, Quintana Roo, desde el 16 de febrero de 2023, sin que hasta el momento se haya judicializado este crimen y mucho menos detenido al presunto responsable, Juan Manuel Reverter, a quien la policía de Quintana Roo tuvo a su disposición para que rindiera su declaración ministerial y le permitió que se extrajera de la acción de la justicia, “por lo que nos dirigimos” a las instancias institucionales “para exigirles acciones firmes, transparentes y urgentes en el marco de sus respectivas competencias”.

Por medio de un pronunciamiento dirigido a la Fiscalía del Estado de Quintana Roo y al Tribunal Superior de Justicia de la misma entidad, el OCNF les recuerda que han transcurrido más de dos años desde que Agostina fue hallada sin vida en circunstancias que evidencian violencia física, presunto abuso sexual y claras irregularidades en la investigación inicial. A pesar de estos hechos, el caso aún no ha sido judicializado, y el presunto responsable no ha sido vinculado a proceso, lo que constituye una grave falta de acceso a la justicia.

El mismo documento, también dirigido a la opinión pública nacional e internacional, se dice que una irregularidad que debe ser investigada es el hecho que la Fiscalía de Quintana Roo abrió la carpeta de investigación respectiva por suicidio, teniendo a la mano, todas las evidencias que desde un principio manifestaron que se trató de un feminicidio. Solo por la exigencia de la familia y las personas abogadas que la asesoraron, la Fiscalía tuvo que reclasificar el delito por el de feminicidio, lo que representa una afrenta a los derechos de las mujeres en este país.

Además, la organización civil considera que resulta inadmisible que el protocolo de investigación con perspectiva de género no se haya activado de forma inmediata, y que, en lugar de velar por los derechos de la víctima y su familia, las autoridades hayan sostenido desde un inicio una narrativa que desestima las evidencias.

Ante estas irregularidades y la falta de compromiso de las autoridades mexicanas para esclarecer este feminicidio, el OCNF exige:

Que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo actúe con diligencia, agilidad y responsabilidad para concluir la investigación conforme al Protocolo de Feminicidio; Que el Tribunal Superior de Justicia del Estado garantice un proceso imparcial y expedito una vez judicializado el caso, sin tolerancia hacia la impunidad; Que se esclarezcan las posibles responsabilidades administrativas o penales de los funcionarios que, por omisión, negligencia o encubrimiento, obstaculizaron el acceso a la verdad y a la justicia.

Asimismo, se pide que el caso de Agostina no puede continuar como una cifra más. Exigimos que su nombre no quede impreso en la impunidad, sino en la historia de una justicia que respondió con firmeza a la violencia feminicida.

Desde esta columna, consideramos que es cuestionable que las autoridades argentinas, en lugar de colaborar con las mexicanas para dar con el paradero del presunto responsable, se hayan dedicado a revictimizar a la familia, principalmente a la madre de Agostina, al obligarla a firmar un convenio y ordenarle a que no se acerque al domicilio del padre de Juan Manuel Reverter, al menos durante un año, de lo contrario será llamada a una audiencia judicial.

La madre de Agostina pintó un grafitti en la pared exterior de la casa paterna de Reverter, en Argentina, en reclamo porque el padre, días después del feminicidio de Agostina llegó a Playa del Carmen, Quintana Roo, y horas después salio con su hijo, al menos de la ciudad y con ello evitó que las autoridades lo investigarán.

Esta acción de la madre de Agostina provocó el enojo del padre de Juan Manuel Reverter por lo que la acusó ante la fiscalía de su localidad, instancia que la tiene amenazada de que si sigue con sus reclamos al padre de Reverter será enjuiciada, sin embargo, hasta el momento las autoridades argentinas no han hecho nada para localizar al presunto feminicida, quien ha regresado a la República de Argentina, según evidencias.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México debe actuar conforme a sus facultades para que por la vía diplomática exhorte al gobierno argentino a cumplir con los tratados bilaterales en materia de procuración de justicia para que exista a una efectiva colaboración con el Ministerio Público de Quintana Roo.

El feminicidio de Agostina Jalabert es un caso más, de los muchos que se registran a diario a México y que sirve de fundamento para afirmar en organismos como el CEDAW que México no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales para garantizar los derechos de las mujeres.

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