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Redacción/CAMBIO 22

El FBI y la ATF están investigando los atentados de Tlajomulco. De acuerdo con el avance de sus investigaciones, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estarían detrás de las explosiones de siete artefactos explosivos.

En un hecho nunca antes visto en México, la noche del 11 de julio estallaron siete artefactos explosivos colocados en una vía de Tlajomulco, cerca de Guadalajara, Jalisco. El acto terrorista provocó la muerte de cuatro servidores públicos y dos civiles, y dejó heridas graves a 14 personas, entre ellas tres menores de edad.

Desde la semana pasada, un grupo del FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) llegó al lugar para iniciar una investigación. Según servidores públicos de la contraparte mexicana que participan en la investigación, se ha descubierto que, detrás de lo que organismos estadounidenses denominan un “ataque terrorista”, podrían estar elementos que pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), consideradas por el gobierno estadounidense como un grupo terrorista, en complicidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según los expedientes de investigación que he recopilado para esta colaboración de DW, uno de los principales sospechosos del atentado en Tlajomulco es Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”, nacido el 19 de junio de 1986 en Cali, Colombia. Los archivos indican que tiene su sede en Puerto Vallarta, Jalisco, y trabaja para el CJNG, específicamente para Juan Carlos Valencia González, mejor conocido como “Pelón” y “03”, hijastro de Nemesio Oceguera Cervantes, líder del grupo criminal.

“La Firma” sería el contacto entre las FARC-EP y el CJNG, y habría traído a México operadores expertos en la fabricación de artefactos explosivos.

¿Terroristas en México?

Las FARC fueron un grupo que nació en Colombia en 1966 como un grupo guerrillero contrainsurgente. Cometieron masacres y secuestros. En la década de 1980, el grupo recurrió al narcotráfico para financiar sus actividades armadas. Durante años fueron proveedores de cocaína al Cártel de Sinaloa y a cambio recibían millones de dólares o armas para seguir ejerciendo la violencia en ese país.

Una de las prácticas comunes de este grupo fue el uso de armas no convencionales, como artefactos explosivos y minas antipersonal. Desde 1997 fue declarado por el gobierno de Estados Unidos como grupo terrorista, con todo lo que ello implicaba.

En 2016 se inició en Colombia un proceso de pacificación y desmovilización. Se supone que, en 2017, buena parte de los integrantes abandonaron la guerrilla y crearon un partido político llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

En noviembre de 2021, como parte de ese proceso de paz, el gobierno de Estados Unidos sacó a las FARC de la lista de organizaciones terroristas, pero ha mantenido en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras una disidencia de las FARC denominada FARC-EP, encabezada por Miguel Santanilla Botache alias “Gentil Duarte”.

“El motivo de la medida es por haberse negado a desmovilizarse y estar involucrado en actividades terroristas responsables del asesinato de miembros de las FARC y líderes comunitarios”, señala el comunicado del gobierno estadounidense emitido en noviembre de 2021.

La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. declaró que “todos los activos e intereses en los activos de estos grupos e individuos deben ser bloqueados”.

Respecto a las explosiones en Tlajomulco, se informa que “La Firma”, de acuerdo con el CJNG, habría traído a México a personas de Colombia, expertas en la fabricación de explosivos y pertenecientes a las FARC-EP.

CJNG opera en Colombia

Independientemente de las investigaciones del FBI y la ATF, los vínculos del CJNG con grupos terroristas armados en Colombia están documentados. La organización narcotraficante mexicana opera en ese país desde al menos 2018, según una investigación que vengo realizando desde hace meses como parte de mis indagatorias para entender la dinámica del crimen organizado en México y su poder.

Documentos internos de la Fiscalía General de Colombia, a los que tuve acceso, indican que han detectado la operación del Cártel de Jalisco – Nueva Generación en Colombia. En 2021 incautaron bienes relacionados con esa organización ubicados en Cauca, Nariño, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander, Guaviare y la ciudad de Bogotá.

Otro informe clasificado del gobierno colombiano al que tuve acceso dice:

“Los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) son los grupos armados surgidos de las FARC-EP, guerrillas desmovilizadas en 2016, cuyos miembros no abrazaron los acuerdos de paz y volvieron a las armas, formando estos grupos. Son conocidos como disidencias de las FARC-EP y, aunque tienen el mismo origen insurgente, varios se enfrentan por el control territorial de actividades ilícitas, entre ellos algunos que trabajan con el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, organizaciones criminales de México, que desde 2018 buscan hacerse cargo de la producción y distribución de cocaína en el país, a partir del cultivo de la hoja de coca”.

En otro informe se informa que el 4 de mayo de 2022 en Tumaco, Colombia se detectó la incursión del CJNG: “Se determinó a través de un video publicado por esta nueva organización criminal, quienes determinan que estarían haciendo presencia en zona rural del municipio de Tumaco, aseguran que se enfrentarían a otras estructuras, así mismo se observa gran cantidad de armas de fuego, chalecos, entre otros”.

Si combinamos esta información con las investigaciones del FBI y la ATF, los hechos en Tlajomulco son más complejos de lo que parecen.

Operadores

De acuerdo con las investigaciones por la explosión de las siete bombas en Jalisco, también está involucrado Francisco Javier Gudiño Haro, alias “La Gallina” , quien presuntamente hace parte del CJNG, y quien se ubica en la zona de Zapopan, Guadalajara y Puerto Vallarta.

Por estos hechos también está siendo investigado Julio César Montero Pinzón, quien se desempeña como “secretario particular” de Juan Carlos González Valencia.

El 17 de febrero de 2022, la embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado en el que informó que el Departamento del Tesoro emitió sanciones contra el colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma” y “La Gallina”, por liderar un grupo del CJNG establecido en Puerto Vallarta “que ha ayudado a orquestar asesinatos de rivales y políticos utilizando un gran poder armado”.

La Secretaría de la Defensa Nacional, en un informe de inteligencia sobre el municipio de Tlajomulco, Jalisco, con fecha de octubre de 2021, señala que se trata de una localidad “con importantes corredores para el tráfico de drogas y armas desde los estados vecinos. Hasta el momento, el Cártel Jalisco – Nueva Generación ha mantenido su hegemonía en la zona y es el único cártel que maneja el mercado de la droga en las colonias de Tlajomulco.

Se multiplica el poder del CJNG y el Cártel de Sinaloa

El fortalecimiento del crimen organizado en México durante el laxo gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido un impacto en Centro y Sudamérica. El resultado es matemático: a mayor tolerancia, menor combate estratégico a los cárteles de la droga, mayor capacidad de expansión.

Según la información que he recopilado durante varios meses en Colombia, l CJNG y el Cártel de Sinaloa, tanto las facciones de Ismael “El Mayo” Zambada y “Los Chapitos”, encabezadas por Iván y Alfredo Guzmán Salazar, como Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, han ampliado sus operaciones.

Estas organizaciones mexicanas no solo compran la cocaína que se produce en Colombia, sino que también tienen presencia territorial en algunas regiones clave de producción y tráfico de la droga hacia México y Europa.

Hay documentos del gobierno colombiano que indican que el CJNG paga la droga con dólares, o incluso con armas, lo que ayuda a los grupos armados locales a tener más poder y ampliar su territorio.

No es absurdo pensar que, así como grupos criminales mexicanos se han mudado a Colombia y operan territorialmente, grupos colombianos tipo FARC-EP también se han mudado a México y operan allí.

Negligencia Presidencial

A  pesar de los problemas cada vez más graves de violencia e ingobernabilidad en México, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, los ignora, los minimiza y hasta afirma que no existen.

En lugar de hacer el trabajo para el que fue contratado, ser presidente de todos los mexicanos y procurar la justicia y la paz, AMLO ocupa su tiempo, recursos públicos y esfuerzos en influir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2024, atacando con un discurso misógino y clasista a la ingeniera Xóchitl Gálvez, de origen indígena, exitosa empresaria, quien aparece como una de las candidatas más fuertes de la oposición para obtener la candidatura a la presidencia de la República.

Incluso en momentos como los vividos en Tlajomulco, AMLO antepone los intereses colectivos de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional, a los intereses de las víctimas. No es la primera vez, pero cada vez es más inaceptable y escandaloso, y el costo social es mayor.

Ante las explosiones, el 12 de julio López Obrador se negó a calificar el atentado con siete bombas como un acto terrorista para “no dar entrada, no abrir la puerta a nuestros vecinos ultraconservadores que quieren tener excusas, pretextos, para violar nuestra soberanía”.

López Obrador, frenético y ciego, camina sobre un país dinamitado. No se da cuenta de que no camina solo, sino con más de ciento veinte millones de personas que, por su omisión cómplice, viven en un clima de violencia, muerte y desapariciones.

Gane quien gane las elecciones de 2024, ¿qué país recibirá si el presidente de México prefiere defender los intereses pírricos de su agrupación política a los de una nación?

Si las investigaciones confirman que el acto terrorista ocurrido en Jalisco el 11 de julio fue efectivamente perpetrado por integrantes de las FARC-EP en conjunto con el CJNG, se puede esperar una escalada de violencia, con episodios más graves y sangrientos, poniendo en mayor riesgo a la población civil.

 

 

 

 

Fuente: DW Hecho para la mente

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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