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• México está siendo tratado, en la práctica, como un territorio bajo sospecha, más que como un socio estratégico”, afirmó la analista de seguridad Eunice Rendón

 

• Advirtió que estas medidas debilitan la capacidad del gobierno mexicano para investigar, prevenir y sancionar estas actividades dentro de su propio marco legal

 

 

Redacción / CAMBIO 22

El sitio especializado en seguridad nacional Insight Crime, alertó sobre las medidas Unilaterales que está tomando el gobierno de los Estados Unidos contra México en materia de seguridad.

Y alertó que dichas medidas podrían dañar severamente las medidas de cooperación en el combate al crimen organizado entre ambas naciones.

“Este tipo de acciones alimentan una narrativa de asimetría e imposición. México es tratado, en la práctica, como un territorio bajo sospecha, más que como un socio estratégico”, afirmó la analista de seguridad Eunice Rendón.

Sin embargo, Rendón advirtió que estas medidas debilitan la capacidad del gobierno mexicano para investigar, prevenir y sancionar estas actividades dentro de su propio marco legal.

No hay que olvidar que el gobierno de Estados Unidos sancionó recientemente a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero del narcotráfico, en una nueva medida que se suma a una serie de acciones unilaterales que han tensado la relación bilateral con México en materia de seguridad.

El 25 de junio, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) sancionó a dos bancos mexicanos y a una casa de bolsa por presuntamente lavar dinero para grupos criminales mexicanos y facilitar la compra de precursores de fentanilo provenientes de China.

Estas son las primeras sanciones impuestas por FinCEN en el marco de la Ley de sanciones contra el fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorga por primera vez al Tesoro de EE. UU. la facultad de sancionar a personas o entidades extranjeras involucradas en el lavado de dinero vinculado específicamente al tráfico de opioides, incluido el fentanilo.

En un comunicado, el Tesoro de EE. UU. acusó a CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de realizar durante años decenas de transferencias pequeñas a nombre del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo y la Organización Beltrán Leyva (OBL), tres de los cuales fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras durante el gobierno del presidente Donald Trump.

Las órdenes de FinCEN señalan que estas entidades procesaron pagos para la compra de precursores químicos en China, supuestamente utilizados para producir fentanilo.

Las tres instituciones rechazaron públicamente cualquier vínculo con actividades de lavado de dinero para grupos criminales mexicanos.

Aunque FinCEN afirmó que las sanciones se emitieron en coordinación con el gobierno mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó fuertemente la medida al día siguiente.

Sheinbaum aseguró que las transacciones señaladas por FinCEN involucraban empresas mexicanas y chinas “legalmente establecidas”, y que los datos presentados correspondían a registros de transferencias —no a pruebas de lavado de dinero—.

Desde entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abrió una investigación contra las tres instituciones. En un comunicado, señaló que había solicitado pruebas que vincularan a las entidades financieras con actividades ilícitas, pero que “no se recibió evidencia alguna”.

Análisis de InSight Crime

Las sanciones representan un nuevo intento unilateral por parte de Estados Unidos de combatir el crimen organizado transnacional y el tráfico de fentanilo, lo que sigue deteriorando la cooperación bilateral.

“Este tipo de acciones alimentan una narrativa de asimetría e imposición. México es tratado, en la práctica, como un territorio bajo sospecha, más que como un socio estratégico”, afirmó la analista de seguridad Eunice Rendón. “Eso tiene un efecto inmediato en la disposición de autoridades locales, instituciones financieras y operadores del sistema de justicia para colaborar activamente en investigaciones transfronterizas”.

En el corto plazo, sancionar a instituciones financieras involucradas —directa o indirectamente— en operaciones ilícitas podría disuadir o interrumpir algunos flujos criminales. Una vez que una entidad financiera es catalogada como una “preocupación principal en materia de lavado de dinero”, en la práctica queda excluida del sistema financiero global.

Sin embargo, Rendón advirtió que estas medidas debilitan la capacidad del gobierno mexicano para investigar, prevenir y sancionar estas actividades dentro de su propio marco legal. “Al aplicar instrumentos como la Patriot Act sin un proceso conjunto de evaluación ni consulta, Estados Unidos asume un rol punitivo que socava el principio de corresponsabilidad, pilar fundamental de la estrategia binacional actual”.

Las sanciones de FinCEN se suman a una serie de acciones unilaterales de EE. UU. orientadas a desmantelar organizaciones criminales mexicanas. En julio de 2024, las autoridades estadounidenses arrestaron a Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, cofundador del Cartel de Sinaloa, y a Joaquín Guzmán López, líder de la facción de Los Chapitos.

Aunque EE. UU. celebró las capturas como un golpe al tráfico transfronterizo, la operación desató una fuerte controversia.
Las autoridades mexicanas manifestaron su molestia por la naturaleza sorpresiva de los arrestos y cuestionaron la participación de EE. UU., abriendo una investigación por posibles violaciones a las leyes migratorias y aduaneras, e incluso por el presunto secuestro de El Mayo por parte de Guzmán López.

La captura erosionó la confianza bilateral en materia de seguridad y desató una guerra interna por el control del Cartel de Sinaloa, uno de los grupos criminales más poderosos del país —desestabilizando el estado de Sinaloa y dejando a Sheinbaum al frente de una crisis humana y económica—.

Posteriormente, en febrero de 2025, la administración Trump designó a seis grandes grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. También amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no se tomaban medidas más drásticas contra el fentanilo y la migración irregular, y llegó a acusar al gobierno de Sheinbaum de mantener una “alianza intolerable” con el crimen organizado.

Poco antes de este anuncio, la fiscal general de EE. UU., Pamela Bondi, calificó a México de “adversario” durante una audiencia en el Senado, y evitó responder si Sheinbaum estaba cooperando de forma satisfactoria en materia de seguridad.
Sheinbaum ha expresado su disposición a reforzar la cooperación para combatir el narcotráfico y la migración irregular. A diferencia de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, ha buscado apaciguar a su homólogo estadounidense intensificando las operaciones de seguridad y desplegando tropas en la frontera norte, lo que ha contribuido a una reducción en las incautaciones de fentanilo y en los cruces migratorios en la frontera entre EE. UU. y México, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

“Cualitativamente, la cooperación entre los actuales gobiernos de Estados Unidos y México es superior a la que había durante el pasado gobierno mexicano”, aseguró Antonio Mena-Ortiz, profesor asociado en la Universidad de Georgetown. “Y no se debe soslayar”.

Aun así, Trump continúa ejerciendo presión económica y política sobre México, lo que debilita los esfuerzos de Sheinbaum por construir una relación bilateral en materia de seguridad basada en el respeto a la soberanía y en la transparencia —uno de los pilares de su política exterior hacia Estados Unidos—.

 

 

 

Con Datos de Insight Crime/Sistema de Noticias CAMBIO 22

redaccionqroo@cambio22.mx

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