• David Saucedo señala que estos actos violentos tienen similitudes con el narcoterrorismo sudamericano del siglo pasado, enfocándose en objetivos económicos y criminales.

 

Redacción/ CAMBIO 22

Los ataques con coche-bomba registrados el jueves en dos municipios de Guanajuato cumplen con las características del llamado narcoterrorismo que se presentó en Sudamérica durante el siglo pasado, estima el consultor en seguridad David Saucedo.

“Definitivamente lo es, le agregamos el prefijo de narco a terrorismo debido a que el terrorismo clásico lo que hace es buscar objetivos políticos, religiosos o ideológicos, el narcoterrorismo lo que busca son objetivos económicos y criminales”, considera el consultor en seguridad.

Por su parte, el investigador en materia de seguridad del Instituto Belisario Domínguez, Juan Pablo Aguirre Quezada coincide en que los sucesos del jueves son un caso de narcoterrorismo.

“El caso de los autos-bombas que explotaron en Jerécuaro y Acámbaro, uno de estos fue colocado afuera del cuartel de la policía municipal causando tres elementos heridos. Además de ser una noticia que infundió miedo en la sociedad. Al ser un hecho realizado presuntamente por la delincuencia organizada sería clasificado como narcoterrorismo”, afirma.

El término narcoterrorismo fue acuñado en las décadas de los 80 y 90 cuando los grupos criminales en distintos países de Sudamérica tenían mucha presencia y la violencia era su principal herramienta. Casos como el de Colombia y Perú, son ejemplos de este llamado narcoterrorismo.

“Este término no se acuñó en México, se empezó a utilizar en Sudamérica en Perú, cuando hubo una guerra del Estado peruano contra el grupo guerrillero de izquierda Sendero Luminoso, después se empezó a utilizar con regularidad en Colombia en el enfrentamiento que hubo entre el Estado colombiano y el cartel de Medellín, ahí se hicieron populares distintos actos de narcoterrorismo”, considera Saucedo.

“No se puede catalogar como terrorismo”, Sheinbaum

Un día después de los atentados en Jerécuaro y Acámbaro, se preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum si estos actos deberían ser considerados como terrorismo, pero la mandataria negó catalogarlos de esa manera, pero no explicó por qué no corresponde esa definición y dijo que después elaboraría sobre el tema

“No se puede catalogar como terrorismo, y el martes (próximo) informaremos qué quiere decir terrorismo, qué quiere decir delincuencia organizada, y estos hechos”, expresó la presidenta Sheinbaum en una de sus conferencias de este viernes.

Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana aseguró que los ataques no son por un fin religioso, político o ideológico, sino que obedece a una pelea entre grupos criminales por droga.

“El terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etcétera, aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a las autoridades”, declaró Omar García Harfuch, en el mismo evento que la presidenta Sheinbaum.

El rechazo de la autoridad federal a definir como terrorismo esos ataques que dañaron casas y causaron heridas a civiles deriva de la intención del gobierno de cuidar la imagen gubernamental, y, al no llamarlo por su nombre, se aleja la posibilidad de resolver el problema.

“La negación del narcoterrorismo, nos lleva a su vez a que no tengamos el andamiaje jurídico, presupuestal, el personal capacitado, las tecnologías ni los convenios de colaboración para enfrentar el reto, ese es el problema, no es tanto algo de imagen o comunicación, es que seguir negando nos deja estancados en la atención al problema”, asegura.

La alcaldesa perredista de Acámbaro, uno de los municipios atacados, Claudia Silva, pidió que se reconozca la gravedad del hecho y que se catalogue al ataque como terrorismo.

Las opiniones encontradas entre la gobernante de uno de los sitios afectados y la jefa del Ejecutivo muestran la necesidad de una mayor coordinación entre autoridades responsables, señala Juan Pablo Aguirre.

“Estas diferencias muestran la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, a fin de fortalecer las estrategias de inteligencia y seguridad pública, a fin de evitar que se realicen estos actos de violencia terroristas que lesionen a personas inocentes, impedir que el miedo domine a la población y construir entornos comunitarios seguros, libres de inseguridad y de violencia”, advierte.

Actos para causar terror

Un estudio elaborado por Juan Pablo Aguirre para el Instituto Belisario Domínguez del Senado establece que el terrorismo “es un medio por el cual se pretende infundir miedo en la sociedad mediante la realización de actos en contra de la población civil, al tiempo de demostrar los alcances de los grupos que lo perpetúan”.

El investigar establece que en el Plan Nacional de Desarrollo (2019 -2024 de la Presidencia de la República no hay referencia alguna al tema de terrorismo, sin embargo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública (ENSP) advierte los riesgos de la violencia ocasionada por las actividades de la delincuencia organizada.

“En contraparte, el cuarto informe de Gobierno 2022 sí menciona las actividades realizadas para evitar los riesgos que puede ocasionar el terrorismo. Incluye a este ilícito dentro del catálogo de los delitos de delincuencia organizada, tales como ‘terrorismo, financiamiento al terrorismo y terrorismo internacional; delitos contra la salud; falsificación; operaciones con recursos de procedencia ilícita; acopio y tráfico de armas; tráfico de personas; delitos en materia de trata de personas, entre otros”.

En opinión de David Saucedo, está descartado que si se usa el término terrorismo abra la puerta a una intervención de las fuerzas armadas norteamericanas por su esquema de combate a este crimen.

“Con relación a la intervención norteamericana en México me parece que tampoco ocurriría debido a que los principales oponentes a que el ejército americano libre una batalla contra los carteles mexicanos son los propios militares norteamericanos, no quieren exponer a sus tropas al poder corruptor del narcotráfico”, consideró.

Finalmente, otra de las causas de este fenómeno ocurrido en Guanajuato tendría que ver con la próxima salida del fiscal de la entidad, Carlos Zamarripa y del secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca. El fin de la administración de ambos funcionarios, que estuvieron al frente de las instituciones de seguridad más de 10 años, fue una promesa de campaña de la entonces candidata y actual gobernadora, Libia Denisse García.

La salida de Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca habría debilitado el combate al crimen organizado en la entidad.

“Ambos personajes se relajaron bastante, sabedores que ya no iban a contar con el ‘anillo protección’ con el que disponían siendo funcionarios, ya no quisieron comprar pelitos, para ser un enfático, muy claro, y tuvieron una actitud más relajada en el combate al crimen organizado”,opina, David Saucedo.

 

Fuente: La Silla Rota

redaccionqroo@diariocambio22.mx 

GFB/MA

 

 

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