Experta Advierte Sobre Irregularidades Ambientales en Obra de SEDENA en Bacalar 

• La exención en materia de impacto ambiental usada por la Sedena “no es lo que parece”, advierte María Luisa Villarreal, especialista

Miguel Ángel Fernández/ CAMBIO 22 

BACALAR, 21 de abril. La reciente obra emprendida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las inmediaciones del centro histórico de Bacalar ha generado alarma entre especialistas ambientales. La principal preocupación gira en torno a la figura legal de “exención en materia de Evaluación de Impacto Ambiental”, un trámite que, según la experta María Luisa Villarreal, está siendo malinterpretado —o peor aún, utilizado de forma indebida.

“La exención no es lo que parece”, afirma Villarreal, quien ha dedicado más de tres décadas a la asesoría técnica y legal ambiental. “No se trata de un simple trámite para evadir estudios, sino de uno de los procesos más complejos que existen, porque exige probar —con evidencia técnica contundente— que no habrá impacto alguno: ni ambiental, ni social, ni económico”.

Según explica, para obtener una exención es indispensable demostrar que la obra se limita a labores de mantenimiento o remodelación sin alteraciones estructurales. Sin embargo, en el caso de Bacalar, las actividades reportadas —como uso de maquinaria, dragado, relleno y construcción— no encajan con estos criterios. “Si hay cimentación o ampliación, se trata de una obra nueva, y eso requiere una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), no una exención”, sentencia.

Aunado a lo anterior, Villarreal señala que Bacalar es una zona particularmente delicada desde el punto de vista ecológico y geológico.

“Estamos hablando de un ecosistema oligotrófico extremadamente frágil, con fallas geológicas activas e inestabilidad de laderas, de acuerdo con el Atlas de Riesgos de CENAPRED. Aquí no puede haber margen de error, y mucho menos improvisación”, advirtió.

Otra irregularidad señalada es la falta de transparencia. A diferencia de otras obras consideradas de seguridad nacional, donde se han presentado detalles técnicos bajo estricta confidencialidad, en este caso no se ha mostrado el proyecto completo ni los estudios requeridos. “Decir que se trata de una simple remodelación sin transparentar el proceso es inaceptable, y más aún si se trata de una zona con monumentos históricos y ecosistemas protegidos por la ley estatal de patrimonio cultural”.

La experta también cuestiona la rapidez con la que se dictaminó la exención: apenas 10 días. “Eso solo es posible si la obra realmente no implica impactos. Pero en este caso, todo apunta a lo contrario. Lo más preocupante es el precedente que esto sienta: si una autoridad justifica una obra irregular, los ciudadanos podrían usar ese argumento para evadir la ley”.

Finalmente, Villarreal advierte que este tipo de atajos no solo son ilegales, sino peligrosos: “Estamos hablando de un riesgo real para el medio ambiente, para la seguridad de la población y para la integridad del patrimonio cultural de Bacalar.

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