Exhiben al Gobierno de Quintana Roo por la Entrega de Contratos Millonarios y Poco Claros a Empresas Ligadas a Políticos Corruptos de la 4T

• La Secretaría del Bienestar de Quintana Roo y la Secretaria de Salud han entregado contratos millonarios a empresas proveedoras de servicios médicos ligados a políticos corruptos evidenciando que la Cuarta Transformación es lo mismo o peor que sus antecesores priistas y panistas

• Los señalamientos de tráfico de influencias en el gobierno morenista son constantes y evidentes tras revelarse la entrega de más de 2 mil 500 millones de pesos en licitaciones poco claras o en asignaciones directas

• La administración de Mara Lezama entregó a dos empresas unos mil 800 millones de pesos a empresas ligadas al senador morenista Adán Augusto López Hernández con la contratación de unidades móviles de salud

• Sin embargo estás no funcionan de manera permante como se había establecido en la planeación del proyecto

Redacción/CAMBIO 22

La Secretaría del Bienestar de Quintana Roo y la Secretaria de Salud han entregado contratos millonarios a empresas proveedoras de servicios médicos ligados a políticos corruptos evidenciando que la Cuarta Transformación es lo mismo o peor que sus antecesores priistas y panistas; los señalamientos de tráfico de influencias en el gobierno morenista son constantes y evidentes con la entrega de más de 2 mil 500 millones de pesos en licitaciones poco claras o asignaciones directas.

El pueblo quintanarroense conoció que el gobierno de la gobernadora Mara Lezama entregó a dos empresas por unos mil 800 millones de pesos a empresas ligadas al senador morenista Adán Augusto López Hernández con la contratación de unidades móviles de salud.

Fue Pablo Bustamante Beltrán, titular de la Secretaría del Bienestar (SEBIEN), quien entregó el 19 de abril de 2023, el contrato número SEBIEN-DA-LPN3-2023 a la Operadora de Servicios Médicos ML S.A. de C.V., por un monto total de 1,287 millones de pesos para la contratación de unidades de salud que prestarán sus servicios hasta agosto de 2027, cuando concluya la administración de Mara Lezama.

Detalles del contrato revelan que para el ejercicio fiscal de julio a diciembre de 2023 la SEBIEN pagó 143 millones de pesos por el arrendamiento de las diez unidades móviles de salud. Fijándose un pago de 2,600,334.88 pesos por cada unidad móvil. Para 2024, 2025 y 2026 la SEBIEN proyectó gastar 312 millones 040 mil185 pesos, en cada uno de los años, y de enero a agosto de 2027, la Secretaría del Bienestar pagará 208 millones 026 mil 790 pesos, para un total de 1,287 millones 165 mil 763 pesos, estos datos publicados por la asociación civil ‘Somos tus Ojos’

Supuestamente las unidades se establecerían de forma permanente en todos los municipios de Quintana Roo, excepto Tulum. Sin embargo, se constató las sedes fijas reportadas en el contrato y en ninguna se instalaron las unidades de salud, de acuerdo al testimonio de vecinos y comerciantes de los alrededores, refirió la reportera y activista Fabiola Cortés Miranda quien realizó dicha investigación.

Los lugares donde supuestamente se instalan las unidades de salud del SEBIEN son inmuebles públicos, por ejemplo, en Cancún, es el DIF estatal; en Puerto Morelos, el sitio donde se ubica la biblioteca pública; en Chetumal, es en un deportivo; sin embargo hay locaciones inexistentes, como la del municipio de Lázaro Cárdenas, en la que se señaló que las unidades móviles se instalarían en un “predio” ubicado en la carreta federal Cancún-Mérida, en la alcaldía de Ignacio Zaragoza, en una superficie “no especificada”; lo mismo que en Bacalar, donde supuestamente se instalaron en “Centro de Maestros 2309”.

El pago comprometido por Pablo Bustamante a Operadora de Servicios Médicos se realizará en 50 exhibiciones a partir del primero de julio de 2023 y hasta el 31 de agosto de 2027, según la cláusula tercera relativa a la forma de pago, sin embargo la periodista verificó las locaciones en las que supuestamente se instalan las unidades móviles de salud, y comprobó que éstas no se colocaron, en respuesta a una solicitud de información, la Secretaría del Bienestar, negó tener información al respecto y la remitió a la Secretaría de Salud: “Sirva la presente para comunicar a usted que después de analizar en su totalidad el contenido de su petición, esta Unidad de Transparencia (…) de la Secretaría de bienestar, determina (…) la notoria incompetencia para atender la solicitud de su interés, en virtud de no ser del ámbito de aplicabilidad o competencia de ninguna de las áreas administrativas que integran esta dependencia. (…) Por tal motivo, le sugerimos direccionar su búsqueda a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo. Cuya difusión de acciones en la materia se vislumbra incluso en sus redes sociales (…)”

En la solicitud 231282700002225, se requirió a la SEBIEN: “Sobre las unidades móviles de salud, decir en qué localidades, especificando municipio, se han prestado los servicios de éstas; detallar fecha de la prestación del servicio y a cuántas personas se atendió en cada localidad, así como qué servicios se prestaron. Información requerida de 2023 y 2024. Proporcionar nombre del funcionario encargado de la supervisión de las unidades”.

La también abogada de ‘Somos tus Ojos’ acusa que la declaración de “incompetencia” por parte de la SEBIEN en lo relativo a las unidades médicas móviles, hace evidente que cientos de millones de pesos supuestamente gastados en servicios médicos, se han quedado en las bolsas de quien es acusado de ser líder del ‘Cartel del Despojo’, Pablo Bustamante y de la propia gobernadora Mara Lezama.

‘Somos tus Ojos’ también documentó que en el entramado del arrendamiento de unidades móviles de salud, participa Flavio Carlos Rosado, titular de los Servicios Estatales de Salud, quien firmó dos contratos con FMEDICAL S.A. DE C.V., empresa de Fernando Padilla Farfán ligado al senador Adán Augusto López Hernández, actual coordinador de la bancada morenista en el Senado, quien apoya con las unidades móviles de salud a la senadora de Chihuahua, Andrea Chávez en una campaña anticipada para la gubernatura de Chihuahua.

El primer contrato fue el SESA-DA-001-2023, por un monto de 417 millones 600 mil pesos, y una vigencia del 12 de febrero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. Un segundo contrato, el SESA-DA-AD-I-001-2024, por un monto de 104 millones 400 mil pesos, y una vigencia tres meses, del 2 de enero al 31 de marzo de 2024.

Los escándalos de corrupción también llegaron hasta Palacio Nacional al involucrar al hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador en la entrega de contratos de suministros médicos a la Secretaría de Salud de Quintana Roo.

Fue la agrupación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad quienes revelaron que entre 2020 y 2022, más de 490 millones de pesos de recursos federales provenientes del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) terminaron, gracias a la intermediación de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco, en las cuentas de Romedic S.A. de C.V., una empresa de reciente creación que se encuentra en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria y que es propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de Andrés Manuel López Beltrán.

El gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama, y el gobierno de Tabasco, durante la gestión de Adán Augusto López, otorgaron contratos millonarios para la compra de medicamentos y equipo de curación a Romedic. El dinero público empleado para realizar estas contrataciones provenía del INSABI, dependencia con la que los gobiernos estatales previamente firmaron convenios de transferencia de recursos de los programas presupuestarios E023 “Atención a la Salud” y U013 “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”.

La agrupación documenta que además de su relación de amistad con Andy López Beltrán, Olán Aparicio también mantiene relaciones de negocios con César Mauricio Calderón Alipi, hermano de Alejandro Antonio Calderón Alipi, quien fuera director general del IMSS-Bienestar y excoordinador nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del INSABI, dependencia de donde salieron los recursos federales que terminaron beneficiando a su empresa.

El 27 de diciembre de 2022, tres meses después de que Mara Lezama asumiera el cargo como gobernadora de Quintana Roo, su administración otorgó, mediante una licitación pública, un contrato por 274 millones de pesos para la compra de 183 claves de medicamentos a Romedic, en el contrato, se dijo que los recursos procedían del convenio GO-023-2022-QROO-23, firmado el 12 de octubre de 2022 por el exdirector general del INSABI, Juan Ferrer Aguilar, y el secretario de salud estatal, Flavio Carlos Rosado.

Como parte del convenio, el INSABI transfirió 350 millones de pesos del programa E023 “Atención a la Salud” al gobierno de Quintana Roo para que éste los utilizara en la compra de medicinas, equipo de laboratorio y suministros médicos. De esos 350 millones de pesos, 274 millones terminaron beneficiando a la empresa de Olán Aparicio.

Seis días antes de la firma del contrato con el gobierno de Quintana Roo, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) incluyó a Romedic en la lista de distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria. Esto, debido a que el personal del órgano regulador no pudo constatar las condiciones sanitarias del establecimiento al no encontrar el inmueble donde opera.

Romedic declaró al gobierno quintanarroense que su dirección se encontraba en el número 238 de Avenida Universidad en la Colonia El Recreo, en Villahermosa, Tabasco, el mismo domicilio al que acudió el personal de la COFEPRIS durante su visita de verificación. Sin embargo, en ese lugar únicamente se encuentra una tienda Euroceramic y una gasolinera.

La COFEPRIS también señala que los principales riesgos por el consumo de medicamentos de empresas que no cumplen con la regulación sanitaria como Romedic son: el desarrollo de enfermedades al suministrar sustancias no estériles o tóxicas, falta de efecto terapéutico y/o pérdida del estado de salud por suspensión de tratamiento efectivo.

Romedic fue constituida en enero de 2020 en Villahermosa, Tabasco, por Jorge Amílcar Olán Aparicio y su padre Jorge Luis Olán Rodríguez, quien a sus 63 años y sin ninguna experiencia previa en el servicio público se convirtió en este sexenio en funcionario de Pemex Exploración y Producción, donde recibe un sueldo mensual bruto de 39 mil pesos como muestrero probador de aceite.

Ante el escándalo público por la entrega de los contratos al amigo del hijo del expresidente, Flavio Carlos Rosado, salió al paso y aceptó que el gobierno estatal adjudicó un contrato para la compra de medicamentos con la empresa Romedic, propiedad de Amílcar Olán Aparicio, amigo íntimo de Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. El funcionario indicó que los documentos son públicos y se encuentran en el portal de transparencia de la dependencia.

“Abrimos un proceso claro, transparente, apegado a la normatividad establecida que cumplió con los requisitos marcados en la ley y que establece la plataforma Compranet, se realizó una licitación pública y la empresa fue la que cumplió con todos lo establecido, se firmó el contrato, se cumplió en tiempo y forma e incluso ya concluyó”, dijo el funcionario.

El contrato fue adjudicado inicialmente era por la cantidad de 304 millones de pesos para surtir medicamentos, sin embargo, indicó que se hizo un convenio modificatorio que redujo el monto a 229 millones de pesos. El secretario de Salud afirmó que el gobierno de Quintana Roo no oculta información ni “hace las cosas en lo oscurito”.

Sobre el tema, en un reportaje del periodista Mario Gutiérrez Vega en Latinus, se incluyó una grabación en la que Olán Aparicio dice que le darán un contrato por 300 millones de pesos. La asignación de este contrato habría sido parte de una negociación entre Amílcar y funcionarios del gobierno de Mara Lezama, de acuerdo con un audio en poder de Latinus.

El caso de corrupción en compra de medicamentos en el estado de Quintana Roo denunciado por Mexicanos contra la Corrupción (MCC) es una triste evidencia de que la actual administración no sólo no acabó con el problema de los negocios oscuros y mal habidos que señaló al inicio del mandato en torno a la compra-venta de fármacos.

Con ese argumento, el del combate a la corrupción, el propio Gobierno destruyó la cadena de insumos farmacéuticos generando un desabasto incontrolable que a la fecha aún continúa y ha sido muy costoso económica y socialmente; los pacientes lo siguen sufriendo. Tampoco acabó con los incentivos que detonan aquellos arreglos por debajo de la mesa para beneficio de negocios personales. Por el contrario, hoy son incentivados por el círculo cercano que toma las decisiones en el gobierno.

A la gobernadora quintanoarroense, dice Latinus, no le importó que Romedic estuviera irregular; le ayudó a cuadriplicar sus ingresos, siendo una empresa ilícita que incluso inventó su domicilio y que más allá de las repercusiones políticas y económicas de daño al erario, hay preguntas cruciales que ameritan explicación porque la gravedad del caso va más allá de la corrupción; implica riesgo para la salud de la población. El caso es grave y delicado porque no sólo se lucra con dinero público, y revela nepotismo e influyentismo que se supone es de lo que más ha cuestionado la 4T.

Ante el escándalo en su momento, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su hijo Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, estuviera vinculado con los contratos que recibió Amílcar Olán Aparicio en los estados de Quintana Roo y Tabasco, a pesar no cumplir con la regulación sanitaria, como afirma el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad.

“¿Qué tiene que ver mi hijo?”, cuestionó durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

“No somos corruptos, mi hijo Andrés no es como Loret de Mola”, subrayó.

AMLO argumentó que no había pruebas, debido a que su hijo no es socio de la empresa, ni existen pruebas de que haya pedido que se diera el contrato a su amigo.

“En el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder que sea su amigo, ¿qué tiene que ver si él tiene una empresa y hace un negocio lícito o ilícito con otra persona? ¿Qué tiene que ver Andrés?”, cuestionó.

“Yo soy amigo de muchísima gente que recibe contratos y yo qué tengo que ver”, apuntó.

Fuente: Sistema de Noticias CAMBIO 22

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HTR/MA