“Están Desquiciados y Jamás Van a Entender que No Volverán a Ser Gobierno”: Contraloría Ciudadana

• Denuncian ilegalidades en el Sistema Estatal DIF, que preside Laura Sansores San Román, hermana de la Gobernadora.

Redacción/CAMBIO 22

Ciudad del Carmen, Cam., 15 de mayo.- “Los frecuentes desafíos de Layda Sansores San Román al propio gobierno federal de la 4T, así como su desprecio hacia las inquietudes ciudadanas expresadas por los campechanos, no son más que muestras de que están desquiciados”, acusó Javier Bello Ávila, presidente de Contraloría Ciudadana de Carmen.

“Ellos no entienden que, después de actuar de la manera en lo que han hecho, jamás volverán a ser gobierno en Campeche, pues los carmelitas y campechanos los repudian”, acusó Bello Ávila.

Quien fuera compañero de lucha de Andrés Manuel López Obrador en el Sureste del país, lamentó la ruta que tomó el proyecto obradorista, “en donde fue la estirpe del expresidente y sus aliados, entre ellos Layda, quienes se encargaron de desprestigiar y corromper el movimiento”.

Bello Ávila consideró que el Gobierno de la 4T que encabeza Layda Sansores en Campeche, “está desquiciado y no comprende que es muy posible que no vuelvan a ganar la elección en Campeche”.

“Por eso no razonan y se atreven a retar a la Federación, como se hizo en el caso del youtubero MrBeast, a quien por Layda está defendiendo a capa y espada, a pesar de que esa persona vino a burlarse de la Cultura Maya”, acusó.

Por otra parte, también es necesario mencionar que Contraloría Ciudadana denunció presuntas irregularidades financieras en el gobierno estatal de Campeche durante los ejercicios fiscales 2022 y 2023, tras un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según Bello Ávila, el documento revela inconsistencias millonarias, particularmente en el sistema DIF estatal, encabezado por Laura Sansores San Román, hermana de la gobernadora. Se detectaron diferencias entre los productos cotizados y los realmente adquiridos, señalando compras con menor calidad y precio, lo que representa un posible daño al erario.

El contralor ciudadano destacó que esta situación podría considerarse como peculado, al involucrar fondos federales destinados a fines específicos.

La administración estatal dispone de un plazo de 15 a 20 días para justificar o corregir las observaciones; de lo contrario, la ASF deberá remitir el caso a la Fiscalía General de la República. Bello Ávila también arremetió contra el discurso anticorrupción de la administración actual, calificándolo como un “show mal armado”.

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