En 2018, López Obrador llegó al poder porque supo capitalizar el hartazgo de los mexicanos con respecto a la corrupción y otros problemas que se habían profundizado con los gobiernos anteriores. Así, combatir la corrupción se convirtió en una de sus principales banderas de campaña, pero una vez instalado en Palacio Nacional, ese ímpetu por combatir la corrupción se desinfló y de grandes promesas pasamos a estrategias que no han atendido la raíz de los problemas. Hoy en día, esta estrategia fallida se hace evidente en los principales indicadores internacionales para medir el fenómeno.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el Índice de Percepción de la Corrupción para México alcanzó uno de sus puntajes más sobresalientes: en 2014 obtuvimos 35 puntos de 100 posibles. Esta barrera no ha sido superada en ninguno de los años de la administración de López Obrador, pues desde 2020 nos hemos estancado en 31 puntos.
Por otro lado, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción registra un descenso continuo de México desde su primera edición en 2019. Y, por si fuera poco, México también se ha estancado en el pilar “Ausencia de Corrupción” del Índice Global de Estado de Derecho: en 2018 el país obtuvo 0.27 puntos de diez posibles, mientras que en 2023 alcanzó una puntuación de 0.26. Entonces, como podemos ver, México ha empeorado y, en el mejor de los casos, se ha estancado en sus mediciones internacionales sobre corrupción.
Ayer, la sociedad mexicana votó por la continuidad de la Cuarta Transformación. Esto no es una cosa menor, no sólo porque Claudia Sheinbaum ha declarado abiertamente que cuidará el legado de AMLO sino porque sus propuestas anticorrupción así lo confirman.
Por ejemplo, así como la honestidad del presidente y barrer las escaleras de arriba hacia abajo no han bastado para combatir la corrupción, tampoco lo hará la firma del Acuerdo Nacional Anticorrupción, pues combatir la corrupción por decreto tampoco es una estrategia efectiva.
La Agencia Nacional Anticorrupción será un órgano que, al formar parte del ejecutivo, no podrá garantizar la investigación y sanción de faltas administrativas sin la injerencia política. Entonces, esta propuesta no implica un giro de 180 grados en la forma en la que se investigan las faltas administrativas actualmente, labores que sabemos que están a cargo de la Secretaría de la Función Pública.
También Claudia ha señalado la importancia de la transparencia en el combate de la corrupción, pero ha subrayado que no se necesita al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) para garantizarla. Como estos, muchos ejemplos sugieren que las estrategias de combate a la corrupción de AMLO y Claudia Sheinbaum están en sintonía.
El saldo de este sexenio en el combate de la corrupción está en números rojos: sigue siendo un arma para perseguir a enemigos políticos; existe captura y debilitamiento de las instituciones; hay una mayor resistencia de las dependencias públicas para otorgar información al ciudadano; persisten los altos niveles de impunidad y la opacidad en las contrataciones; se han seleccionado perfiles no idóneos para los puestos clave de combate a la corrupción, entre muchos otros problemas.
México necesita un combate de la corrupción sistémico, pues la corrupción es un fenómeno con muchas aristas. El gran reto es hacer que cada parte del sistema funcione, es decir, que cada una de las dependencias que participan en el proceso de investigación y sanción tenga los elementos necesarios para cumplir con su rol dentro del sistema; para ello hay que dotarlas de autonomía, presupuesto, personal capacitado y muchas otras cosas más.
