• El Departamento de Estado de EE. UU. confirma la existencia de una lista negra que incluye a 44 políticos, militares y funcionarios mexicanos.

 

• Entre los implicados figuran gobernadores en funciones, exgobernadores y figuras clave del partido Morena.

 

Redacción/ CAMBIO 22

El gobierno de Estados Unidos ha confirmado la existencia y activación de un mecanismo secreto de sanciones conocido informalmente como la “Marco List”, una lista negra que tiene como objetivo a 44 figuras políticas, administrativas y militares mexicanas por presuntos vínculos con cárteles de la droga y organizaciones criminales transnacionales.

El nombre de la lista hace referencia al secretario de Estado, Marco Rubio, y se gestiona a través del Departamento de Estado en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y Seguridad Nacional (HSI).

 

Implicaciones Legales y Acciones Inmediatas

La “Marco List” opera bajo la autoridad de leyes estadounidenses como el Patriot Act, la legislación de designación de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y los poderes de la OFAC, pero no está cubierta bajo ningún acuerdo binacional con México. Entre las principales medidas activadas destacan:

Cancelación inmediata de visas, incluyendo a familiares de los sancionados.

Detenciones e interrogatorios en la frontera.

Congelación de cuentas bancarias y activos en Estados Unidos.

Alertas confidenciales a la Unidad de Inteligencia Financiera de México.

Prohibición permanente de relaciones comerciales con instituciones estadounidenses.

 

Funcionarios y Figuras Políticas Involucradas

Entre los nombres más destacados se encuentran gobernadores en funciones, exgobernadores y altos funcionarios del gobierno mexicano, principalmente del partido Morena, pero no exclusivamente:

Gobernadores actuales:

Alfonso Durazo (Sonora)

Rubén Rocha Moya (Sinaloa)

Miguel Ángel Navarro (Nayarit)

Américo Villarreal (Tamaulipas)

Samuel García (Nuevo León)

Layda Sansores (Campeche)

Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán)

Exgobernadores y líderes:

Enrique Alfaro (Jalisco)

Ricardo Monreal Ávila (Senado)

Adán Augusto López (Cámara de Diputados)

Funcionarios federales:

Mario Delgado (Educación)

Clara Luz Flores (Interior – Asuntos Religiosos)

Manuel Bartlett Díaz (ex-CFE)

Militares:

Cuatro generales (activos y retirados) vinculados a operaciones conjuntas México-EE. UU.

 

Alcaldes:

Eduardo Gattás (Ciudad Victoria)

Erasmo González (Ciudad Madero)

Cruz Pérez Cuéllar (Ciudad Juárez)

César Iván Sandoval (San Luis Río Colorado)

 

Casos de Alto Perfil

Entre los casos más notables se encuentra el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, Carlos Torres, quienes sufrieron la cancelación de sus visas por presunto lavado de dinero a través de contratos relacionados con el narcotráfico. Además, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue detenido durante 14 horas en la frontera estadounidense, acusado de apoyar una estructura municipal controlada por el crimen organizado.

 

Red Financiera Ilícita y Vínculos con Morena

Las investigaciones apuntan a que al menos 15 de los 44 funcionarios señalados están involucrados con la red de contrabando de combustible conocida como “huachicol fiscal”, liderada por Sergio Carmona Angulo, quien ha sido vinculado como financista de campañas del partido Morena en el noreste del país.

 

Colaboración con el Gobierno de EE. UU.

Se destaca también la colaboración del exfiscal de Baja California, Ruiz Hernández, quien huyó tras recibir amenazas, y el senador Jaime Bonilla Valdez, exgobernador y ciudadano estadounidense, quien presentó evidencia en Washington D.C.

Las implicaciones políticas de esta lista han generado controversia tanto en México como en Estados Unidos, al señalar a figuras relevantes de la vida pública mexicana, principalmente ligadas al partido gobernante Morena. Las medidas impuestas podrían tener un impacto significativo en la relación binacional, especialmente en el ámbito político y de seguridad.

 

RETIRO de visa de EE.UU. a gobernadora es “cacería” de políticos mexicanos: aquí la “lista negra”

Luego de Estados Unidos le retiró la visa a Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Morena en Baja California, analistas apuntan que se trata de una “cacería” de políticos mexicanos por parte del gobierno de Donald Trump y revelan una “lista negra” con nombre de funcionarios y personajes conocidos.

La medida, calificada por la mandataria del estado que se localiza en la frontera norte de México, como producto de un “contexto binacional complejo”, sería el inicio de lo que la administración de Trump está dispuesta a hacer contra gobernantes y funcionarios mexicanos investigados por asuntos de corrupción y/o colusión con grupos criminales, particularmente con los cárteles de la droga que son considerados organizaciones terroristas.

Y es que, tras el anuncio de este domingo, la funcionaria “no podrá regresar a su verdadero lugar de residencia: San Diego, California en EE.UU., a donde decidió mudar a su familia para protegerla de la inseguridad que prevalece en la entidad que gobierna”, advierte Mario Maldonado.

En su columna titulada El caso de Marina del Pilar y las investigaciones en EE.UU., agrega que la decisión de Estados Unidos volvió a encender las alertas dentro del gobierno mexicano, porque fuentes de alto nivel reconocen que la medida de retirar las visas “sí está relacionada con investigaciones que se siguen contra un grupo de funcionarios y políticos que, presuntamente, mantienen vínculos, directos o indirectos, con el crimen organizado”.

Aunque en fecha reciente se informó sobre la retención en EE.UU. de José Alberto Granados Fávila, alcalde por Morena en Matamoros, a quien vinculan al “huachicol fiscal”, a quien tras un interrogatorio del FBI y la DEA le cancelaron la visa y lo dejaron ir hasta la madrugada del pasado viernes 18 de abril.

 

Retiro de Visa de EE.UU. a gobernadora y su esposo: están en “lista negra”

Mario Maldonado afirma que la frecuencia con la que Marina del Pilar Ávila Olmedo y su esposo, el exdiputado panista Carlos Torres Torres, cruzan la frontera fue una de las razones de las indagatorias contra esta pareja y además “serían los propietarios de diversos bienes raíces a través de prestanombres” en EE.UU.

También dice que los bienes de la gobernadora se encuentran a nombre de su pareja y “éste, a su vez, tiene una red de socios con los que comparte negocios y empresas, entre ellos los hermanos Juan Manuel y Luis Jaime Lameiro Camacho, operadores de restaurantes y bares en el estado”.

Y esta presuntas “irregularidades en el patrimonio de Marina del Pilar y su posible relación con el crimen organizado” ya habían sido denunciadas por el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien “al parecer se convirtió en informante del FBI para no ser investigado”.

Mario Maldonado anticipa sobre la llamada “lista negra” de políticos y gobernadores mexicanos que se encuentran bajo investigación en Estados Unidos, pero en esto coincide el articulista Salvador García Soto, quien en su artículo La lista de Marco: políticos mexicanos en la mira de EE.UU., refiere un listado de políticos mexicanos que tienen relaciones con los cárteles de la droga.

Añade que el gobierno de Estados Unidos habría “exigido medidas como la entrega o procesamiento de una larga lista de políticos mexicanos, la mayoría de Morena, a quienes el Departamento de Estado tiene ubicados como colaboradores o beneficiarios del dinero de los cárteles de la droga”.

 

Inicia EE.UU. “cacería” de políticos mexicanos vinculados al crimen organizado

En un hecho inédito en la relación bilateral, el también autor de la columna Serpientes y Escaleras agrega que “el gobierno de Trump, a través de su poderoso secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha comenzado la cacería de políticos mexicanos que, según sus investigaciones, tienen vínculos con el narco”.

“Porque en la lista que tienen en el Departamento de Estado (de EE.UU.), donde figuran al menos 44 nombres de prominentes funcionarios y políticos del gobierno de México, hay nombres lo mismo de gobernadores que de alcaldes, diputados, secretarios de Estado o líderes parlamentarios del Congreso mexicano”, sostiene García Soto en su columna del pasado lunes 12 mayo para El Universal.

Y aunque los señalados en la que mencionan en Estados Unidos como “la lista de Marco” hay políticos de todos los partidos existentes en México, el articulista aclara que “la mayor parte de los mencionados son militantes activos de Morena”, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum y “algunos tienen una relación muy cercana con ella y con el expresidente López Obrador”, asegura.

 

La “lista negra” de Marco Rubio que va contra políticos mexicanos ligados al narco

El especialista en temas políticos está convencido de que el retiro de visa de EE.UU. a la gobernadora Marina del Pilar y a su esposo, es un inicador fehaciente de que la “Lista de Marco” existe y que el gobierno de Estados Unidos ya comenzó a aplicar las primeras sanciones a los políticos y funcionarios que en ella aparecen.

¿Cuántos políticos hay en esa lista y quiénes son?

Salvador García Soto revela que son 44 políticos y funcionarios mexicanos enlistados y una buena parte de ellos están vinculados al tema del “huachicol fiscal” en México, el contrabando de gasolinas estadounidenses.

Y se les relaciona con financiamientos o apoyos del empresario asesinado Sergio Carmona Angulo, identificado en expedientes estadounidenses como financiador de campañas políticas de Morena con dinero proveniente del huachicol y el narcotráfico.

Aunque algunos de los que a continuación señala la “lista negra” que menciona Salvador García Soto, ya los había mencionado la periodista Anabel Hernández, cuando informó hace unos meses que el propio expresidente Andrés Manuel López Obrador era objeto de una investigación en el vecino país del norte.

“Lista negra” de políticos mexicanos bajo investigación de Estados Unidos

 

A continuación, los nombres que revela el articulista de El Universal que aparecerían en dicha lista del Departamento de Estado, Gobernadores mexicanos:

La de Baja California, Marina del Pilar.

De Sonora, Alfonso Durazo.

De Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

De Campeche, Layda Sansores.

De Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

De Nayarit, Miguel Ángel Navarro.

De Tamaulipas, Américo Villarreal.

De Nuevo León, Samuel García.

El exgobernador como Enrique Alfaro, de Jalisco.

También, según las fuentes del analista político, figuran en la lista:

El secretario de Educación del gobierno federal, Mario Delgado.

La Directora de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores, y su esposo, el priista de Nuevo León, Abel Guerra.

Los líderes de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Avila, y en el Senado de la República, Adán Augusto López.

Además de al menos 4 generales y militares de alto rango del Ejército mexicano que estuvieron en labores de inteligencia y seguridad en el gobierno.

El exdirector de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, actualmente en el retiro, “y a quien se sigue vinculando al caso Camarena”.

 

Alcaldes enlistados por el Departamento de Estado de Washington entre los que figuran varios de municipios de Tamaulipas:

Alberto Granados, de Matamoros

De Río Bravo, Miguel Angel Alvárez.

De Ciudad Victoria, Eduardo Gatas.

De Ciudad Madero, Erasmo González.

De Altamira, Armando Martínez.

De Ciudad Juárez, Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar.

De San Luis Río Colorado, Sonora, César Iván Sandova.

El secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas.

 

Hoy, tras la inédita cancelación de visa a una gobernadora y a un alcalde del partido mayoritario en México, no hay duda de que la “Lista de Marco” existe y que las autoridades de los Estados Unidos han comenzado a aplicarla, concluye Salvador García Soto.

Mientras que Héctor de Mauleón también concuerda es que esto es sólo el inicio de un “desvisadero” y asegura que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido informado de que otros altos políticos y funcionarios se encuentran ya rumbo a perder la visa.

Ahora, dice, la gobernadora está obligada a aclarar cuál es “la situación” que enfrenta su esposo, y que a ella también la ha “alcanzado” y si en esas condiciones le es posible seguir gobernando Baja California.

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22/Agencias

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