Escala Conflicto en el Ejido X-Maben por Explotación de Banco de Material para el Tren Maya

► Ejidatarios del municipio de Felipe Carrillo Puerto acusan violaciones de derechos humanos por parte de la Sedena y la FGE de Quintana Roo para privarles de su libertad y despojarles de su patrimonio y no pagar alrededor de 100 millones de pesos por explotación de material pétreo para el proyecto

► Acusan al General Gustavo Vallejo, responsable de la obra del Tren Maya, de ser actual intelectual de esos abusos

► Crecen los enfrentamientos entre grupos contrarios de ejidatarios

Redacción/CAMBIO 22

FELIPE CARRILLO PUERTO, 19 de julio.- En un comunicado dirigido a la sociedad mexicana y a las organizaciones de derechos humanos internacionales, los ejidatarios de X-Maben y Anexos, donde se encuentra el poblado de Señor, municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, realizan e graves acusaciones contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), por abusos cometidos en torno a la explotación de material pétreo para la obra del Tramo 6 del Tren Maya Tulum-Chetumal.

El conflicto se originó a raíz de un contrato de explotación de piedra caliza firmado el 27 de diciembre de 2022 entre la Sedena y el ejido X-Maben y Anexos, en el que la dependencia federal se comprometió a pagarles 5 millones de pesos mensuales, pero incumplió con este acuerdo.

Además, la acusan de explotar más hectáreas de las autorizadas y de ceder la explotación de los bancos de materiales a terceros sin derecho alguno, y que ahora, en contubernio con la FGE, les han fabricado delitos para perseguirlos penalmente y privarlos de su libertad.

Expusieron que las obras del Tren Maya y la falta de pago por la explotación de bancos de material pétreo en la comunidad maya de Señor, está provocando una profunda división en el núcleo ejidal de X-Maben, que ha derivado en enfrentamientos y acusaciones, así como denuncias penales y administrativas por la negativa de las autoridades de cumplir con acuerdos pactados.

Los denunciantes, indígenas mayas que viven en condiciones de pobreza extrema, alegan constantes violaciones de derechos humanos perpetradas en su contra, con el objetivo de despojarlos de su libertad y patrimonio y para no pagar por la explotación de bancos de material pétreo para las obras del Tren Maya.

Según las acusaciones, el cuerpo de ingenieros militares Felipe Ángeles de la Sedena no respetó los acuerdos celebrados en la asamblea del 17 de diciembre del 2022, y no ha pagado al ejido los 5 millones de pesos mensuales que se comprometió depositar en la cuenta bancaria del ejido por la explotación de los bancos de material pétreo en terrenos ejidales, y hasta el momento les adeudan alrededor de 100 millones de pesos.

La falta de pago, además, devino en un conflicto interno en el seno de ejido, que llevó a la destitución del comisario ejidal Margarito Cituk May, por no rendir cuentas sobre supuestos montos pagados por la Sedena, de los cuales no hay documentos que los avalen, además de que este ejidatario empezó a trabajar directamente para el Ejército Mexicano y ha obstaculizado a la nueva directiva ejidal, encabezada por Demetrio Ek Chan, alcanzar acuerdos para lograr el pago de los recursos prometidos al núcleo agrario.

El comunicado también señala al General de Brigada Ingeniero Constructor Diplomado de Estado Mayor Gustavo Ricardo Vallejo Suárez como el autor intelectual de estas violaciones.

Vallejo Suárez es comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles y encargado de las obras del Tren Maya en Quintana Roo, y los ejidatarios lo acusan de orquestar una serie de acciones en su perjuicio a través de sus subordinados, los mayores ingenieros Julio César Castillo Colmenares y Apolo Castillo Zetina, quienes están a cargo de la obra del Tren Maya en el tramo Tulum-Chetumal y otros.

Los ejidatarios denuncian que Vallejo Suárez y sus subordinados han impedido que procedan sus demandas judiciales contra Sedena, Fonatur, Banjército, CFE y Conafor, violando sus derechos humanos a la tutela judicial efectiva, libertad, legalidad, derechos económicos y patrimoniales, autonomía de los pueblos indígenas, proyecto de vida, libertad de tránsito, y seguridad pública.

Para evitar el pago, la Sedena supuestamente ha criminalizado a los ejidatarios, fabricándoles acusaciones de delitos graves como desaparición cometida por particulares y secuestro, sin tener evidencia alguna.

Estas acciones habrían sido ejecutadas por Margarito Cituk May, el excomisario ejidal al que acusan de estar al servicio de la Sedena luego de haber sido destituido por no rendir cuentas sobre el incumplimiento de pagos.

Precisamente hace un mes el conflicto tuvo una nueva escalada, cuando los grupos de ejidatarios se confrontaron en Señor, haciendo necesaria la intervención de la policía, porque llegaron a las agresiones físicas y hubo lesionados.

Como parte de ese enfrentamiento, el grupo liderado por Margarito Cituk bloqueó la carretera municipal que conduce a la Laguna Azul, mientras que el grupo que apoya al nuevo comisario ejidal, Demetrio Ek Chan, aseguró la casa de Cituk.

Ahora, los ejidatarios que apoyan a la nueva directiva ejidal denuncian que han sido citados por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para imputarles delitos fabricados, y que se ha intentado intimidarlos para que desistan de sus demandas judiciales.

Asimismo, denuncian que, a pesar de la falta de pruebas, han sido imputados por delitos como privación de la libertad, en un aparente esfuerzo por obstaculizar los juicios agrarios y federales donde reclaman los 100 millones de pesos que la Sedena les debe.

En su comunicado, los ejidatarios solicitan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención inmediata para que inicie una investigación sobre estos hechos, y se apliquen medidas cautelares a su favor para que cese el hostigamiento, la criminalización y se garantice el pago de los compromisos económicos derivados de la explotación de bancos de material de piedra caliza por parte de la Sedena.

También piden la intervención de organismos internacionales de derechos humanos, a efecto de que se garantice el cumplimiento de sus derechos humanos y la libertad; además de la intervención del Poder Judicial de la Federación para que se garantice el acceso a la justicia de forma imparcial, así como su libertad.

Por último, solicitaron a la sociedad mexicana e internacional su apoyo y solidaridad para dar a conocer estas graves violaciones de derechos humanos.

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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