Entregan Feministas Pliego Petitorio del 25N en Playa del Carmen 

• El pliego denuncia colapso institucional frente a la violencia contra las mujeres en ese municipio y Quintana Roo.

Ricardo Jesús Rivas/CAMBIO 22 

PLAYA DEL CARMEN, 25 de noviembre. – Un pliego petitorio que colectivos feministas y organizaciones ciudadanas presentaron este 25 de noviembre en Playa del Carmen, dirigido a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; a la secretaria de Gobierno, Cristina Torres; y a la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, se expone, con cifras contundentes y exigencias puntuales, el profundo rezago institucional que persiste en materia de atención, prevención y acceso a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes.

El documento, integrado por puntos sustantivos, denuncia que mientras la violencia crece, las instituciones encargadas de proteger a las víctimas operan con opacidad, falta de capacidad técnica y graves omisiones.

Uno de los ejes más relevantes del pliego es el diagnóstico que hacen sobre la violencia feminicida.

Las colectivas advierten que el estado mantiene tasas críticas: sólo en 2024 se registraron 47 feminicidios —13 de ellos en Playa del Carmen—, lo que representa 8.57 feminicidios por cada 100 mil mujeres, una de las cifras más altas del país.

A ello se suman cientos de intentos de feminicidio, desapariciones y agresiones sexuales que, según denuncian, rara vez encuentran respuesta efectiva en fiscalías, policías o instituciones de salud.

El pliego también revela la precariedad institucional en áreas clave como las unidades de género, los Centros de Justicia para las Mujeres, el sistema de Salud y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Las organizaciones exigen: transparencia sobre el número real de elementos capacitados en atención a víctimas; funcionamiento 24/7 de unidades especializadas; registros públicos de canalizaciones y seguimientos; protocolos reales y no solo discursos; y el cese inmediato del uso político de las mesas de seguridad.

El documento señala que “lo que debería garantizar el Estado lo están sosteniendo las colectivas”, quienes han atendido más de 300 casos sin apoyo institucional.

Finalmente, el pliego petitorio demanda una auditoría pública a los recursos ejercidos en materia de prevención de violencia de género, transparencia sobre contratos y empresas vinculadas a campañas oficiales, así como la reinstalación del Grupo Interinstitucional de Atención a la Violencia con participación ciudadana real.

Las firmantes advierten que la falta de resultados, reuniones y diagnósticos por parte de este grupo demuestra un abandono institucional que ya no puede normalizarse.

Sin acciones concretas, sin políticas públicas sostenidas y sin garantías mínimas para las víctimas, la violencia seguirá avanzando mientras las instituciones continúan fallando.

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