febrero 28, 2024 15:31

Renán Castro Madera, Director General

  • Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Los problemas sociales, económicos y políticos de Quintana Roo requieren de un Congreso que esté a la altura de las expectativas de la sociedad quintanarroense, pero por lo visto, quienes integraron las Legislaturas XV y XVI y conforman la XVII, llegaron como representantes populares para servirse del Poder Legislativo como lo hizo en dos periodos el panista Eduardo Martínez Arcila, quien se dedicó a secuestrar instituciones imponiendo a la burocracia para poder saquearlas, como lo hizo con el mismo Congreso.

Quienes integraron la XV y XVI legislaturas, así como aquellas personas que forman parte de la actual, le quedan debiendo a Quintana Roo, porque en materia legislativa la entidad está rezagada, porque no han sido capaces de legislar en beneficio del pueblo que paga sus salarios y todo tipo de privilegios a su paso por el Congreso.

Se niegan a legislar de acuerdo a los intereses de la sociedad, pero eso sí, en todo momento han avalado el crecimiento de la deuda pública, la cual ahora supera los 11 mil millones de pesos.

Para la clase política de Quintana Roo es un buen negocio llegar a ocupar una curul en el Congreso, porque tienen asegurado un buen ingreso económico durante tres años, mientras se dedican a apuntalar su carrera política y su futuro económico por medio del tráfico de influencias y aprobar leyes a modo, por encargo.

Una muestra de la falta de compromiso con los intereses del pueblo es que el pasado 28 de junio, la Legislatura aprobó desechar 200 iniciativas que estaban rezagadas, incluso, desde la XV Legislatura, entonces, a que se dedicaron esas diputadas y diputados, que no las discutieron, analizaron y aprobaron, o solo por mero trámite enviaban iniciativas para justificar su salario, porque tampoco hicieron nada por exigir que las comisiones respectivas llegaran a la etapa de dictaminación o será que eran temas superfluos que no ameritaban ni un argumento en contra o a favor.

Hasta el 28 de junio había 400 iniciativas pendientes, ahora solo tienen 200 para llevarlas al proceso legislativo, pero como ya llegó el periodo preelectoral, ya no tendrán tiempo, hasta después del primer domingo del mes de junio, cuando pasen las elecciones y se estén preparando para el relevo.

El legislador Humberto Aldana Navarro dijo que seguirán desechando, porque las comisiones siguen dictaminando todas las iniciativas pendientes, lo que motiva a una capacitación a quienes legislan, para que haciendo uso del principio economicista, ya no envíen asuntos que no tienes razón de ser, que cuando envíen una iniciativa, realmente esté fundamentado de acuerdo a los planteamiento de la ciudadanía, además, que tengan la obligación de saber seleccionar a sus asesores, para que les elaboren iniciativas viables y no solo ocurrencias.

A quienes integran la Legislatura de Quintana Roo ya se les está haciendo costumbre que el Poder Judicial de la Federación les corrija la plana, porque sus acciones legislativas están plagadas de ocurrencias e ignorancia del Derecho Constitución y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El pasado 29 de mayo, la presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, presentó una Acción de Inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por anomalías en materia de derechos humanos contenidas en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, en la cual las y los diputados no cuidaron, por lo menos en la forma, lo establecido en la Carta Magna en materia de derechos humanos.

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-06/Acc_Inc_2023_111.pdf

Pues resulta que el Artículo 151, fracción IX, de la Ley de Movilidad para el Estado de Quintana Roo, reformado mediante Decreto 058 publicado el 28 de abril de 2023, en el Periódico Oficial de la entidad federativa, fue redactado en las rodillas.

“Artículo 151. Las personas morales que medien la contratación del servicio público o privado de transporte de pasajeros a través de plataformas tecnológicas o digitales deberán presentar al Instituto la solicitud de acreditación de las personas conductoras para la obtención del permiso.

“Las solicitudes de acreditación presentadas deberán contar con la documentación que compruebe que la persona conductora cumpla con los siguientes requisitos:
I. a VIII. (…)
IX. Presentar carta de no antecedentes penales, y
(…)”.

Con el contenido de esta fracción se violan preceptos constitucionales y convencionales como los siguientes:
• 1º y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• 1, 2 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• 2 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Los derechos fundamentales que se estiman violados son de la igualdad y prohibición de discriminación, así como libertad de trabajo.

Este conocimiento para cualquier pasante de Derecho, pero en la XVII Legislatura de Quintana Roo no les gusta estudiar y redactan las leyes como su cabecita les da a entender. La CNDH, por oficio debe revisar todas las leyes aprobadas en este país y cuando los errores constitucionales son insalvables ejerce su facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad.

Ahora, hay que esperar que la SCJN le corrija los errores al Congreso de Quintana Roo.

En otro asunto del Congreso, les comento que luego que la diputada del MAS, Diana Laura Nava, decidió volver a pedir licencia, a un mes de su regreso, periodo en el que solo asistió a dos sesiones ordinarias, volverá a suplirla la diputada Alfonsa Padilla Medina, quien se tuvo que enfermar para darle oportunidad a la propietaria que se tomara la foto.

El dueño de este partido y su esposa se burlan del voto popular, ahora están en negociaciones para que al ir en coalición con MORENA para el 2024, y les garanticen otra diputación y desde luego el registro de su partido para no perder las prerrogativas.

 

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