Entra en Vigor La Reforma Que Ordena Extinguir el Idaipqroo en Tres Meses
13 Feb. 2025
► Ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado y también entró en vigor la reforma que cambia el nombre de la Secoes al de Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno
► Esta absorberá las funciones del Idaipqroo en lo que toca al Poder Ejecutivo, y aunque también debe absorber al personal, se augura que habrá despidos porque hay varios trabajadores por contrato de prestación de servicios
Francisco Hernández/CAMBIO 22
CHETUMAL, 13 de febrero.- El pasado martes 11 de febrero, el Periódico Oficial del Estado publicó la reforma a la Constitución Política estatal ordena la extinción del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo) en un plazo de 3 meses a partir de su entrada en vigor, que fue de inmediato con esa publicación.
A partir de ahora el Congreso del Estado cuenta con un plazo de 90 días naturales para hacer los ajustes necesarios en la legislación secundaria, es decir, para reformar la Ley de Transparencia, y al decretarla, el Idaipqroo desaparecerá y los comisionados actuales, Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman, Claudette Yaneli González Arellano y José Roberto Agundis Yerena, cesarán en sus funciones, lo que ocurriría a más tardar a mediados de mayo de cumplirse de manera exacta el plazo.
No obstante, el cumplimiento cabal del plazo dependerá no sólo de la iniciativa de la gobernadora del estado y de la Legislatura, sino también de los ritmos que marque el Congreso de la Unión, porque antes de reformarse la ley local tendrá que esperarse a que se reforme la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que a su vez llevará a la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) al momento de su promulgación.
De acuerdo con la reforma aprobada por el Congreso del Estado y los ayuntamientos, las funciones del Idaipqroo, que esencialmente son tramitar los recursos de revisión de las personas contra las negativas de información de las dependencias públicas, se trasladan a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en lo que respecta a la Administración Pública Estatal; a los órganos internos de control u homólogos de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como a los órganos internos de control de los órganos autónomos; mientras que en lo que hace a los partidos políticos, se traslada la tutela al Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo (Ieqroo), y por lo que toca a los sindicatos, al Centro de Conciliación Laboral; al tiempo que se prevé que la ley secundaria establezca la competencia de los municipios.
El dictamen de la reforma indicó que se sustituye al Idaipqroo por un sistema centralizado, eficiente y alineado con las nuevas exigencias legales y tecnológicas, como medida para optimizar recursos y evitar la duplicidad de funciones, así como mejorar la coordinación entre los diversos sujetos obligados.
Complementariamente, el miércoles 12 de febrero también se publicó la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado por la que se cambia el nombre de la Secretaría de la Contraloría por el de Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, así como para darle nuevas facultades, entre las que se encuentra la de atender los recursos de revisión en materia de transparencia y acceso de información referentes al Poder Ejecutivo, entrando en vigor este jueves.
En la materia, la finalidad de la reforma fue dotar a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de la atribución de vigilar y coordinar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, por parte de los entes públicos pertenecientes al Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que se garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Según el quinto artículo transitorio, los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad según la legislación aplicable, y de hecho el personal será transferido del Idaipqroo a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo cual no garantiza que todos sean absorbidos por la dependencia, porque no todos tienen base, sino que hay un buen número que está por contrato de prestación de servicios, lo que augura que habrá despidos.
JFCB