• De 2016 a 2018 los homicidios se cuadruplicaron y hasta el final del sexenio siguieron siendo el triple del 2016

 

  • En el arranque del gobierno de Mara Lezama, la ola de homicidios continúa sin freno

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 26 de julio.-  Por si alguna duda quedaba de que Carlos Joaquín encabezó el peor gobierno que ha tenido Quintana Roo, el Inegi se encargó de confirmar que su sexenio fue el más sangriento para esta entidad federativa, porque dejó una estela disparada de homicidios y heredó una tendencia de violencia que la nueva administración de la 4T ha sido incapaz de frenar.

No bastó con que heredara la deuda pública más abultada en la historia de Quintana Roo, pues una tabla del informe sobre Defunciones por Homicidio, difundido el 25 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestra que durante el gobierno de Carlos Joaquín González los homicidios se elevaron de menos de 200 anuales que fueron hasta el 2016 a más de 800 en 2018 y más de 600 en el 2022.

Si bien la tendencia al aumento de la actividad delictiva ya se tenía desde los gobiernos priistas, las estadísticas del Inegi demuestran que la incapacidad y las complicidades de las autoridades en el gobierno joaquinista fomentaron el estallido exponencial de la violencia criminal.

Así lo dicen las cifras oficiales, pues en el caso del ominoso gobierno de Roberto Borge Angulo, los homicidios por año fueron: 163 en 2011; 154 en 2012; 164 en 2013; 125 en 2014; 145 en 2015; y 193 en 2016.

Y a partir del gobierno de Carlos Joaquín, los homicidios casi se triplicaron en el primer año, pues fueron 455 en 2017 y se cuadruplicaron para el segundo año, con 841 en 2018.

Posteriormente, los homicidios fueron 750 en 2019; 628 en 2020; 677 en 2021; y 635 en 2022, reflejando la violencia que se gestó bajo el gobierno de Carlos Joaquín.

Basta decir que la gran mayoría de los homicidios contabilizados por el Inegi, en promedio de más del 60 %, está compuesta por homicidios dolosos o cometidos con armas de fuego, de los cuales se ha documentado que tuvieron una expansión especialmente en el sur y la zona maya del estado, regiones que perdieron su característica de tranquilidad.

La violencia durante el pasado sexenio creció a la par de la ampliación de las operaciones del narcotráfico, principal factor que impulsa la criminalidad en Quintana Roo, y a pesar de eso el exgobernador fue premiado por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la embajada de México en Canadá.

Lo lamentable es que en el gobierno de Mara Lezama sigue la tendencia sangrienta, puesto que van 326 homicidios en los primeros 6 meses del 2023, 76 más que los de la primera mitad del 2022, por lo que todo apunta a que el presente año cerrará con una cifra superior a la del anterior.

Junto con Carlos Joaquín, los otros responsables de este sangriento saldo son los secretarios de Seguridad Pública Rodolfo del Ángel Campos (2016-2019), Jesús Alberto Capella Ibarra (2019-2020) y Lucio Hernández Quiroga (2020-2022, así como los fiscales generales Miguel Ángel Pech Cen (2016-2019) y Óscar Montes de Oca Rosales (2019-2023).

Ya en el gobierno de Mara Lezama se han tenido que tomar medidas severas para tratar de frenar la tendencia violenta heredada del gobierno de Carlos Joaquín, y apenas el mes pasado fueron removidos el secretario de Seguridad Ciudadana Rubén Oyarvide Pedrero y el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales, a quien se le pidió la renuncia a la mitad de su período de gestión.

Al momento de estas remociones, Quintana Roo ocupa el octavo lugar nacional con mayor tasa de homicidios dolosos, con 3.4 casos por cada 100 mil habitantes en el mes de junio del 2023, muy por encima del promedio nacional, y tercer lugar nacional en índice delictivo en el mismo período, con 271.4 delitos cometidos por cada 100 mil quintanarroenses.

Estas cifras negras representan el techo del que tienen que bajar a los índices delictivos los nuevos responsables de frenar la violencia: el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, y el Fiscal General, Raciel López Salazar, nombrados por la gobernadora Mara Lezama.

 

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