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• Más de 3 MDP otorgados sin concurso público para servicios alimenticios en Protección Civil y Servicios Generales

 

• Presumen favoritismo en el gobierno de Angy Estefanía Mercado Asencio por adjudicaciones directas a un solo proveedor

 

• Adjudicación Directa y Mismo Proveedor: Cuestionan Contratación de Servicios Alimenticios en Protección Civil y Servicios Generales

 

 

Redacción/ CAMBIO 22

El Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, encabezado por la presidenta municipal Angy Estefanía Mercado Asencio, enfrenta cuestionamientos sobre la contratación directa de servicios alimenticios destinados a diversas áreas municipales, en total, son cuatro contratos que suman más de 3 millones de pesos presuntamente vinculados a el cuarto regidor de la actual administración municipal en Playa del Carmen y que fueron otorgados a un solo proveedor, Pablo Antonio Villafranco Alvarado.

La polémica surge debido a que estos contratos fueron adjudicados de manera directa, sin pasar por un proceso de licitación pública.

Esto ha generado suspicacias sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos, ya que la Ley de Adquisiciones del Estado de Quintana Roo establece que la adjudicación directa debe ser excepcional y estar debidamente fundamentada.

Los Cuatro Contratos en Cuestión son:

• DAL/AD/SER/008/2024: Servicio de alimentos empacados para vigilantes de la Dirección de Servicios Generales.

Monto máximo: $233,334.00 MXN.

Periodo: Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2024.

Proveedor: Pablo Antonio Villafranco Alvarado.

• DAL/AD/SER/007/2024: Alimentación para Protección Civil y Bomberos.

Monto máximo: $500,000.00 MXN.

Periodo: No especificado en el documento proporcionado.

Proveedor: Pablo Antonio Villafranco Alvarado.

• DAL/AD/SER/006/2024: Servicio de alimentos para el personal y colaboradores de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Monto máximo: $2,366,666.00 MXN.

Periodo: Del 30 de septiembre al 31 de octubre de 2024.

Proveedor: Pablo Antonio Villafranco Alvarado.

• DAL-LP-SER-015-2024: Servicio de alimentación para Protección Civil y Bomberos.

Monto máximo: No especificado.

Proveedor: Pablo Antonio Villafranco Alvarado.

Sospechas de Prestación de Nombre:

Uno de los puntos más controversiales es el perfil del proveedor Pablo Antonio Villafranco Alvarado, quien es señalado como una persona de recursos económicos limitados y beneficiario de apoyos gubernamentales en el pasado.

Pablo Antonio Villafranco Alvarado figura en los registros del Congreso del Estado de Quintana Roo como beneficiario de apoyos sociales.

De acuerdo con el documento titulado “Montos Pagados en Ayudas y Subsidios – 4to Trimestre 2018”, publicado en el portal de transparencia del Poder Legislativo de la entidad, Villafranco Alvarado recibió apoyo en la categoría de “Ayuda sociales a personas”, clasificado como ayuda social.

Esta información corresponde al cuarto trimestre de 2018, y pone en evidencia la vinculación del beneficiario con recursos públicos destinados a apoyos asistenciales.

• La información proviene del portal oficial de transparencia del Congreso del Estado de Quintana Roo.

Según versiones extraoficiales, se presume que podría ser un prestanombre o testaferro para facilitar la obtención de contratos públicos.

Lo que genera más suspicacia es que Villafranco Alvarado, sin antecedentes conocidos en el ámbito empresarial de servicios alimenticios, recibió de manera casi simultánea estos contratos millonarios.

Dichos contratos, según expertos en contratación pública, requieren de procesos administrativos complejos que suelen tomar tiempo y una capacidad logística considerable, algo que parece no estar alineado con el perfil del proveedor.

Concentración de Contratos en un Solo Proveedor:

La adjudicación de los cuatro contratos al mismo proveedor podría interpretarse como una posible práctica de favoritismo o simulación de competencia, ya que no se menciona en los documentos revisados la participación de otros proveedores o la comparación de ofertas para garantizar mejores condiciones económicas para el municipio.

Adjudicación Directa: ¿Por Qué No Licitación Pública?

El uso de la adjudicación directa en contratos de alto monto debe justificarse claramente bajo situaciones de emergencia o cuando el servicio lo provee un único proveedor especializado, sin embargo, en los documentos revisados no se presenta ninguna explicación que justifique esta modalidad.

Especialistas en transparencia señalan que el hecho de concentrar contratos en un solo proveedor de características poco claras podría vulnerar los principios de eficiencia y legalidad en el gasto público.

Además, el hecho de que estos contratos se otorgaran de la noche a la mañana sugiere una falta de planificación y control interno con tintes de corrupción.

Transparencia en Entredicho:

La situación se complica aún más debido a que los mecanismos actuales de transparencia presupuestaria y acceso a la información, como la Plataforma Nacional de Transparencia y el Portal de Transparencia Presupuestaria, dificultan la verificación y seguimiento en tiempo real de estas adjudicaciones, esto plantea un desafío para la ciudadanía que intenta monitorear el uso adecuado de recursos públicos.

Organizaciones civiles han señalado que, pese a la implementación de estas plataformas, sigue siendo difícil detectar posibles irregularidades en tiempo real, lo que permite que contratos de este tipo se asignen sin el debido escrutinio público.

Montos Elevados y Desproporción:

El contrato más significativo en términos económicos es el DAL/AD/SER/006/2024, que contempla el servicio de alimentos para el personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con un monto máximo de $2,366,666.00 MXN y un mínimo de $290,000.00 MXN.

La diferencia de más de 2 millones de pesos entre ambos montos genera suspicacia sobre la planificación financiera del municipio.

Además, el contrato4, que establece un máximo de $500,000.00 MXN, tampoco aclara el periodo de ejecución, lo que deja un vacío en la justificación de los recursos públicos empleados.

Posible Conflicto de Intereses:

Es importante destacar un punto relevante, el cuarto regidor de la actual administración municipal en Playa del Carmen, Uri Carmona Islas, es el presidente de la Comisión Edilicia de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

Sin embargo, lo que llama la atención es que el suplente de Uri Carmona es el propio Pablo Antonio Villafranco Alvarado, el beneficiario directo de los contratos cuestionados.

Esta situación podría constituir un posible conflicto de intereses, ya que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) prohíbe que un funcionario público reciba trabajo o beneficios para sí mismo o su familia mientras esté en el cargo.

La LFRASP, junto con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, también prohíbe que los servidores públicos reciban pagos, regalos, dádivas o servicios que puedan beneficiarlos directamente o a sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, asimismo, regula el nepotismo, evitando la designación o contratación de familiares en puestos públicos.

Revisión Administrativa:

El hecho de que los contratos se otorgaran durante la administración actual pone a la presidenta municipal Angy Estefanía Mercado Asencio en el centro de la polémica, las autoridades de control interno del municipio, así como la Auditoría Superior del Estado, podrían iniciar una revisión exhaustiva de estos contratos para determinar si se cumplieron con los procedimientos de contratación establecidos por la ley.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una postura oficial que explique los motivos detrás de la adjudicación directa de estos contratos, ni ha aclarado por qué se eligió a un proveedor cuyo perfil financiero y empresarial no parece estar alineado con la magnitud del servicio contratado.

La ciudadanía y representantes sociales han manifestado su inconformidad y exigen que el Ayuntamiento transparente los criterios utilizados para la contratación directa.

Además, solicitan que se aclare el posible vínculo del proveedor con instancias gubernamentales, dada su condición de beneficiario de apoyos del Congreso, lo que podría indicar algún tipo de protección o influencia política.

En tanto no haya explicaciones claras por parte de las autoridades municipales, el tema seguirá generando dudas sobre la correcta utilización de recursos públicos en Solidaridad, Quintana Roo.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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