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• En Sinaloa, los drones han pasado de ser herramientas agrícolas o recreativas a armas usadas por el crimen organizado, con ataques, decomisos y un subregistro que evidencia la falta de control y regulación efectiva

 

Redacción / CAMBIO 22

Lo que alguna vez fue un instrumento clave para mejorar la producción agrícola o capturar espectaculares paisajes, hoy se ha transformado en un recurso táctico en manos del crimen organizado. En Sinaloa, los drones han dejado de ser herramientas recreativas o productivas para convertirse en armas que sobrevuelan un territorio en conflicto.

Desde el 9 de septiembre de 2024, cuando estalló una nueva etapa de violencia entre grupos delictivos en el estado, la presencia de drones en enfrentamientos ocurrió consecutivamente en el primer trimestre de 2025, incluso se registró la incidencia de uso de estas aeronaves pilotadas a distancia (RPA, por sus siglas en inglés) han tomaron.

Aunque el mal uso de estos artefactos está penado por las leyes del país y del estado de Sinaloa, expertos consideran que abolir la empleación de estos artefactos en conflictos armados es difícil de.

Una tendencia en ascenso

De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), entre 2020 y julio de 2025 se han emitido 7,868 registros de drones en todo el país. Tan solo en 2024 se disparó la cifra con 3,733 registros, y en los primeros siete meses de 2025 ya se contabilizan 1,767. En contraste, en Sinaloa apenas existen 39 registros activos, lo que deja ver la magnitud del subregistro de estos dispositivos.

Pese a que la Ley de Aviación Civil y la NOM-107-SCT3-2019 obligan a registrar todo dron mayor a 250 gramos, la realidad es que gran parte de estos equipos circulan sin control. Según un experto en mecatrónica consultado por El Sol de Sinaloa, es sumamente fácil modificar drones comerciales para adaptarlos con fines bélicos. “Basta con conocimientos básicos en programación para convertirlos en plataformas de ataque”, advirtió.

Drones armados: una amenaza real

El uso criminal de drones en Sinaloa ya no es una hipótesis. Durante 2025, las autoridades han asegurado 7 drones, 134 explosivos, 17 baterías y 2 controles en diversos operativos, principalmente en la zona sur del estado.

Uno de los casos más mediáticos ocurrió el 25 de enero en Culiacán, donde se encontró un vehículo cargado con 28 explosivos diseñados para ser lanzados desde drones. Posteriormente, el 16 de febrero en El Camarón, Escuinapa, se aseguraron otros 21 explosivos con el mismo fin.

“Se le instalan mecanismos para la liberación de explosivos como electro válvulas, mecanismos de apertura para soltar las cargas. Eso se ve en los drones que han localizados. Hay otros, los más pequeños que no tienen modificaciones aparentes, tal vez sean utilizados para vigilancias”, indicó el ingeniero, al ver las imágenes del material decomisado.

En otros hechos, como el del 15 de mayo en El Rosario, un dron fue derribado por fuerzas de seguridad, y apenas una semana antes, el 8 de mayo, se decomisó un dron agrícola con 11 baterías en Mazatlán, señal de que había sido modificado para aumentar su autonomía o carga útil.

El 2 de mayo, también en El Rosario, las autoridades utilizaron un fusil antidron para neutralizar otro artefacto aéreo, lo que muestra que los cuerpos de seguridad comienzan a adoptar nuevas tecnologías para enfrentar esta amenaza.

“Le quitan todos aquellos aditamentos que generen un peso mayor para el dron. En imágenes de aseguramientos se muestra cómo. En cuanto a software es modificable”, comentó el experto en mecatrónica.

La ley que no alcanza el cielo

Aunque el Código Penal Federal, en su artículo 163, contempla penas de 5 a 10 años de prisión para quien importe, adapte o utilice drones para transportar explosivos, armas o narcóticos, la eficacia de este marco legal sigue en entredicho.

El especialista consultado advirtió que el mayor vacío está en la importación y control del software de estos dispositivos.

“Aunque México pueda exigir restricciones, muchos drones llegan con sistemas que fácilmente pueden ser modificados”, explicó.

Se reconoce la incidencia

En diciembre del 2024 el gobernador Rubén Rocha Moya confirmó ataques a personal militar en la zona serrana de Culiacán.

Los grupos criminales agresores habían usado drones con explosivos, confirmó el mandatario.

Aunque no se tienen cifras oficiales sobre agresiones a corporaciones de seguridad con estos artefactos, en los registros periodísticos hay al menos cinco enfrentamientos.

Uno en la Limita de Itiaje, Culiacán, el 2 de diciembre del 2024, el 1 de febrero del 2025 se registró un ataque a militares en la sierra de Chihuahua que resultó en cuatro heridos.

En la sindicatura de Imala, perteneciente a Culiacán se registró otro ataque el 19 de mayo. Asimismo, en reiteradas ocasiones residentes del poblado han reportado sobrevuelos de drones por la zona.

Pero no todo han sido emboscadas de grupos criminales, el 2 de junio autoridades federales detuvieron a tres presuntos fabricantes de explosivos para drones en el fraccionamiento Los Ángeles.

Antes de este arresto, el 15 de abril, autoridades federales informaron la detención de 7 personas, presuntamente vinculados con un ataque a militares con drones. Los detenidos fueron localizados en Puebla y CDMX.

La incidencia de estos ataques originó que el Congreso del Estado impulsara una iniciativa para sancionar el mal uso de estos artefactos.

Y aunque hay normas que obligan al registro y licenciamiento de operadores, especialmente en drones mayores a dos kilogramos, el cumplimiento es casi inexistente.

El subregistro, la falta de inspección ha convertido a estas aeronaves en armas.

Los decomisos

Paradójicamente, en diciembre de 2024, el entonces secretario de Seguridad Pública Estatal negó públicamente que existieran ataques con drones en Sinaloa. Hoy, los decomisos lo desmienten. La acumulación de explosivos, drones adaptados, baterías y equipo de control demuestra que la tecnologización del crimen ya no es un asunto futurista, sino una realidad que se despliega sobre el cielo sinaloense.

Frente a este escenario, queda claro que el desafío no es solo tecnológico, sino también legislativo y operativo. Sin un marco normativo eficaz, sin controles en la importación y sin capacidad institucional para detectar y prevenir estos usos, los drones seguirán siendo armas al alcance de la delincuencia organizada, mientras el Estado apenas comienza a responder.

 

 

 

Fuente: El Sol de Sinaloa

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