Redacción / CAMBIO 22

José María Morelos, 18 de mayo.- Aunque la ley establece que todos los trabajadores deben gozar de prestaciones y condiciones dignas, la realidad en este municipio es otra. En José María Morelos, la mayoría de los empleados no cuentan con seguridad social, vacaciones, aguinaldo ni otras prestaciones básicas, y el temor a represalias impide que se presenten denuncias formales.

Ante este panorama, el subsecretario de Gobierno estatal, Nabil Eljure Terrazas, aseguró que el Gobierno del Estado está comprometido con la protección de los derechos laborales y que, al menos en esta zona, no se tiene conocimiento de denuncias activas contra empresas por incumplimientos legales.

“Todos estamos obligados a cumplir con los requerimientos que hace la ley para con sus empleados. Hay que otorgarles los derechos que por ley les corresponden”, señaló Eljure. No obstante, reconoció que en muchos casos los trabajadores deciden guardar silencio por miedo a perder su empleo, lo que limita la posibilidad de actuar desde las instituciones.

El funcionario también indicó que existe una Secretaría del Trabajo abierta a recibir denuncias y solicitudes de intervención, y que la gobernadora Mara Lezama ha sido firme en su postura de hacer cumplir la ley laboral. “Ella empuja con todo el peso del Estado para presionar a las empresas que no cumplen”, afirmó.

Sin embargo, en municipios como José María Morelos la vigilancia del cumplimiento laboral es prácticamente nula, y los casos de explotación, salarios precarios y jornadas extenuantes sin contrato o prestaciones siguen siendo comunes. El propio subsecretario admitió que, sin denuncias formales, las autoridades no actúan, lo que refleja una grave debilidad en los mecanismos de protección a los trabajadores.

Eljure también defendió el papel de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales, señalando que “la gobernadora del Estado tiene puertas abiertas y manos extendidas a todas las corrientes sindicales”. Aun así, en la práctica, la presencia sindical en esta región es limitada y no logra incidir con fuerza ante las múltiples irregularidades que padecen los trabajadores.

La declaración del subsecretario contrasta con lo que ocurre día a día en los campos, comercios y empresas locales, donde la precariedad laboral persiste y el acceso a la justicia laboral sigue siendo una promesa pendiente.

 

 

 

redaccionqroo@cambio22.mx

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