En Hidalgo Dicen los Productores que por el Precio del Maíz No Alcanza para Vivir del Campo

• Exigen al gobierno federal reconocer el verdadero costo de producir alimentos, pues consideraron que sembrar una hectárea cuesta 65 mil pesos y apenas queremos ganar el 10%

Redacción / CAMBIO 22

Los campesinos hidalguenses exigieron al gobierno federal establecer un precio justo para los productos agrícolas, al asegurar que producir ya no es rentable y que el campo se encuentra en abandono.

Francisco Ortega Sánchez, presidente estatal de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC) y coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP), que agrupa a 11 organizaciones campesinas, entre ellas la CNC, advirtió que sembrar una hectárea de maíz cuesta alrededor de 65 mil pesos, por lo que los productores piden que la tonelada se pague a 7 mil 200 pesos, con lo cual apenas obtendrían una ganancia del 10 por ciento.

Entre esas asociaciones se encuentra la Confederación Nacional Campesina (CNC) con 65 años de existencia y liderado por Damiñan Hernández; la Central Campesina Independiente (CCI), dirigida por Tiquico Pérez Paredes, la UFIC, y la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), encabezada por Tomás Pérez Mejía.

Asimismo, la Central Cardenista Campesina (CCC) que dirige Juan Carlos Ramírez Díaz; la Central Campesina Popular (CMPA) abanderada por Pedro Pérez Dolores; la Unión Campesina Democrática (UCD) que lidera Rodrigo Tovar Esquivel; la Asociación de Movimientos Indígenas, Urbanos y Campesinos (AMIUC) en Hidalgo y el Frente Pancho Villa en Hidalgo.

“Si ya demostramos que cosechar cuesta 65 mil pesos por hectárea, queremos un precio que nos deje vivir del campo. Pedimos al gobierno que nos pague la tonelada a 7 mil 200 pesos” – Ortega Sánchez

El dirigente sostuvo que el campo debe volver a considerarse un asunto estratégico de soberanía nacional y alimentaria, no solo un discurso político. “Si el gobierno retoma el campo como política de Estado, realmente apoyará a los productores y podremos ser competitivos”, subrayó.

Criticó la contradicción entre la importación de alimentos como es el caso de las alas de pollo congeladas provenientes de Brasil, y el abandono del productor nacional, a quien no se le garantiza mercado ni precio.

“No debe ser en discurso, sino en los hechos. Si se vuelve a tomar esto como una política de estado, pues entonces se va apoyar realmente a los productores y en consecuencia los campesinos serán competitivos”

Recordó que en el pasado existieron programas productivos en pro del campo, por ejemplo, el denominado Concurrencia con las Entidades Federativas mediante el cual las familias campesinas podían multiplicar su ganado y mejorar sus ingresos, mientras que hoy solo prevalecen programas asistenciales.

“Hace seis años se ejercían 350 millones de pesos en agricultura; hoy son 650 millones, pero seguimos con programitas que no cambian la vida de los campesinos”

El CAP ha presentado siete proyectos de desarrollo regional a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con diagnóstico y costos incluidos, pero ninguno ha sido considerado. Según el dirigente, las autoridades prefieren repartir “10 pollitos a mil familias” que apoyar proyectos productivos de fondo.

Apuntó el coordinador del Congreso Agrario Permanente con 18 años de su fundación que en México “no se ha vuelto a replantear el tema del campo como una política de estado real para elevar la productividad mediante proyectos de desarrollo y con ello elevar el nivel de ingreso de los productores”.

En Hidalgo, al menos 30 mil hectáreas de maíz, granos y forrajes se han dejado de sembrar por falta de rentabilidad. De paso Ortega alertó que la juventud rural se está alejando del campo, lo que pone en riesgo la continuidad de la producción.

De los 300 mil campesinos hidalguenses, la mayoría produce solo para autoconsumo, pues aquí existen minifundio debido a que las superficies de las tierras cultivadas son pequeñas, de dos a cinco hectáreas, de tal forma que no generan volumen suficiente para comercializar.

El líder campesino lamentó que el gobierno no establezca acuerdos reales para mejorar los precios de los productos agrícolas. Ejemplificó el caso de la naranja en Huasca, que se paga a dos pesos por kilo, pese a los daños provocados por las lluvias y la falta de infraestructura para almacenar o comercializar.

“Sin sistemas de acopio ni precios justos, el productor está a merced de los acaparadores. Por eso la movilización campesina es justa”

Ortega aclaró que las organizaciones civiles han evitado protagonismos en las protestas nacionales para impedir que el gobierno las descalifique, aunque mantienen comunicación con productores de todo el país.

Finalmente, señaló que las agrupaciones campesinas de Hidalgo no tienen filiación partidista y funcionan como asociaciones civiles plurales. “La UFIC nació como una organización plural; aquí hay gente de Morena, PRD y otros partidos, pero todos coincidimos en algo: el campo ya no puede sobrevivir con apoyos asistenciales”, concluyó.

Fuente: El Sol de Hidalgo

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