En el INAH, un Caso de Represión Laboral por Disentir en la Era de la 4T

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

El caso del arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se ha convertido en un caso paradigmático, por la represión política y administrativa que el gobierno de la 4T ha emprendido en su contra por ser una de las pocas voces que denunció públicamente la destrucción y salvamiento mal realizado de vestigios arqueológicos a lo largo de la ruta del llamado Tren Maya, el cual se realizó sin un plan integral de salvamento arqueológico diseñado por expertos, porque todo lo que el INHA realizó fue sobre la marcha, cuando las constructoras querían le informaban y la premura de los trabajos llevó a que el rescate arqueológico se hiciera a las carreras, sin respetar los procedimientos técnicos establecidos a nivel internacional y avalados por la Unesco.

Ahora sus derechos laborales están en riesgo porque ha recibido una demanda en su contra ante las autoridades laborales y además, ha sido llamado al Órgano Interno de Control del INAH para que explique y fundamente sus dichos sobre las supuestas irregularidades que se cometieron en el patrimonio arqueológico maya durante la construcción de la referida obra ferroviaria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Cada institución tiene el derecho y la obligación se seguir sus procedimientos, pero en este caso, lo que llama la atención es la decisión de castigar a un empelado federal que se atrevió a disentir de las indicaciones de un presidente de la república y eso se llama autoritarismo y dictadura, donde ninguna voz crítica puede coexistir en la época de la 4T.

El hecho de formar parte del gobierno federal no obliga a nadie a aceptar al pie de la letra todas las ocurrencias que se le han ocurrido a este nueva clase de gobernantes desde el primero de diciembre de 2018. El INAH es una institución cultural del gobierno de la república y por lo tanto debe respetar la libertad de pensamiento que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Permitir que este caso llegue a la sanción y perdida de sus derechos laborales del arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, iniciará una nueva época en el país, donde todo pensamiento crítico sea acallado por medio de la represión, llámese política, laboral, administrativa o penal.

El pasado 31 de octubre, la Asamblea General del Sindicado Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH acordó y envió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para comunicarle que hace público su enérgico rechazo e indignación “por el intento de sancionar al compañero y colega Fernando Cortés de Brasdefer, quien en uso de la libertad de investigación y expresión, ésta última consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano compartió su opinión sobre el megaproyecto Tren Maya”.

“El colega Cortés de Brasdefer es especialista en el Área Maya desde hace más de cuarenta y cinco años y sus puntos de vista críticos, basados en sus conocimientos y trayectoria, provocaron una reacción represiva en su contra por parte de las autoridades del INAH, a tal grado que pretenden su despido violentando las Condiciones Generales de Trabajo del INAH”.

La asamblea sindical hizo notar que México es suscribiente del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió la NOM035STPS “recalcando que ambas normativas son instrumentos para prevenir y erradicar las violencias y el acoso en el mundo del trabajo, por lo cual conminamos a las autoridades del INAH al cese de hostilidades contra nuestro colega, el retiro inmediato de las actas levantadas y el respeto irrestricto a su derecho a disentir”.

El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, fue citado a comparecer el próximo martes 5 de noviembre ante la Secretaría de la Función Pública, por su presunta falta administrativa, tras haber denunciado el presunto saqueo y destrucción del patrimonio público durante la construcción del Tren Maya.

Esta nueva etapa del acoso laboral inició a 11 días del nuevo gobierno federal, cuando el Órgano Interno de Control de la Función Pública emitió un citatorio para que el investigador se presente en la audiencia inicial para rendir su declaración escrita o verbal y presentar pruebas para su defensa.

Recordemos que la carta dirigida a investigadores del INAH en un chat privado “no tenía el propósito de hacerse pública”, pero alguna persona de ese grupo la hizo pública, por lo que el arqueólogo Cortés reconoció su autoría en abril de 2023 y a partir de entonces las descalificaciones del INAH en su contra, empezaron.

En esa carta se cuestiona al “Proyecto de Salvamento Tren Maya”, porque “hay riesgo de pérdida arqueológica durante los salvamentos, pero en el caso del Tren, casi todo es pérdida, principalmente en la arquitectura monumental”.

Seguiremos de cerca este caso para ir documentando como se violenta el derecho a criticar y cuestionar con argumentos, una acción gubernamental. Desde luego que esta voz disidente no es la única, en el ámbito académico y en el activismo, la inconformidad por los daños al patrimonio cultural y natural, no solo de México, sino de la humanidad, abundan.

redaccion@diariocambio22.mx

HTR/MA