En Chetumal un Hombre Denuncia Abandono Institucional, Discriminación y Revictimización en Plena Crisis de Violencia Familiar

• Discriminación institucional hacia los hombres en los procesos de denuncia de violencia familiar.

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 17 de noviembre. – Chetumal vive una de sus etapas más complejas en materia de violencia familiar, pero el caso de Ignacio Misael Cruz Moo —un vecino de la colonia Américas I— revela un ángulo poco reconocido. La discriminación institucional hacia los hombres que también denuncian agresiones pasa sin ser notoria en la sociedad. Su testimonio, lleno de omisiones, irregularidades y desdén por parte de autoridades policiales y ministeriales, expone una falla estructural en el sistema de atención y acceso a la justicia en Quintana Roo.

El afectado relata que desde el 11 de noviembre inició un conflicto con su pareja, quien abandonó el hogar dejando a sus dos hijos pequeños bajo su cuidado. Intentó presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado, pero —según cuenta— la agente de la Mesa 1 se negó a recibirla bajo el argumento de que “no hay delito que perseguir” y de que “la mujer tiene derecho a divertirse”. Horas después, Ignacio afirma haber sido víctima de un robo con violencia y agresión física dentro de su domicilio, familiares de su pareja habrían entrado al inmueble, lo golpearon y sustrajeron mercancía de la boutique que opera. Aun así, asegura que las patrullas que acudieron “se limitaron a observar”, dado que el auxilio había sido solicitado primero por la mujer.

Su versión señala fallas graves en la actuación del número de emergencias 911, desde operadores que alegaron estar “muy ocupados” hasta responderle con desinterés mientras él reportaba golpeteos en su propia puerta. El ciudadano sostiene que la policía estatal priorizó la declaración de su pareja por motivos de género, sin atender evidencias como videos, grabaciones y facturas de lo robado. “Para ellos, la palabra de la mujer es ley. A mí no me escuchan”, acusó al recordar que intentó presentar la denuncia tres veces antes de que finalmente —y solo tras insistir durante horas— un funcionario accediera a levantarle un reporte.

El domingo posterior a la primera agresión, la casa volvió a ser vulnerada. Según Ignacio, su pareja y familiares ingresaron nuevamente, ahora vaciando la boutique que tenía dentro del domicilio, ropa nueva, muebles y mercancía. Él permaneció encerrado en una habitación tras ser agredido previamente, mientras —según narra— la policía observaba desde la puerta sin intervenir porque “ellos solicitaron el auxilio primero”. El hecho, documentado en video, reforzó en él la percepción de un sesgo institucional sistemático.

A pesar de contar con evidencias, videos, testigos y facturas, asegura que tuvo que permanecer en la Fiscalía desde las ocho de la noche hasta las tres de la madrugada para que alguien se dignara a tomar su declaración. “Me dijeron que había casos más importantes. Que no podían atenderme porque acababan de golpear a tres mujeres en unos quince años. Como si uno no importara”, lamenta.

La denuncia de Ignacio Misael Cruz Moo —más allá de su caso personal— expone una situación incómoda para las autoridades estatales, la discriminación institucional hacia los hombres en los procesos de denuncia de violencia familiar.

En Quintana Roo la violencia de género es un problema grave y real, también parece estarse invisibilizando que los varones pueden ser víctimas de agresiones físicas, robos violentos y omisiones policiales. Al final, su exigencia del hombre agraviado es “Solo quiero justicia sin preferencias. La violencia es violencia, venga de quien venga, no debo ser discriminado por ser hombre”.

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