Empresas de Carlos Slim Rechazan la Reforma en Telecomunicaciones

• Telmex y Telcel señalan que se mantienen vicios históricos que permiten a Televisa concentrar un tercio del mercado en servicios triple play y más de la mitad del mercado en televisión de paga

• Organismos empresariales advierten que la iniciativa presidencial viola la Constitución y pone en riesgo inversiones

• Protestan trabadores del IFT por liquidación

Redacción/CAMBIO 22

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de mayo.- Al concluir el primer conversatorio sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado, representantes de Telmex y Telcel, empresas pertenecientes al corporativo que encabeza el empresario más rico de México, Carlos Slim, advirtieron que el dictamen mantiene vicios históricos que distorsionan la competencia y generan un entorno hostil para la inversión privada.

Daniel Andrés Bernal Salazar, representante de Telmex, criticó que la iniciativa conserva errores estructurales heredados desde 2013, como la separación artificial entre telecomunicaciones y radiodifusión, y la inexistencia de una regulación convergente que responda a la realidad tecnológica.

“Se crea este concepto de preponderancia por servicios, no por sector, y se hace una división artificial. ¿Qué provoca esto? Que Grupo Televisa tenga el 33 % del mercado en servicios triple play, mientras Telmex, con restricciones regulatorias absurdas, apenas alcanza el 27 %”, reclamó.

Bernal también denunció la concentración en el mercado de televisión de paga, dominado por Televisa con el 56.3 %, y donde los precios han subido un 34 %.

“Esto afecta la pluralidad informativa y pone en desventaja a los usuarios”, señaló el ejecutivo. Por su parte, Mario Verganza Echebarrena, director adjunto de Asuntos Regulatorios de Telcel, advirtió que el artículo 57 y el transitorio décimo octavo del dictamen ponen en riesgo la certeza jurídica.

“No puede haber competencia desleal disfrazada de política pública. Todos queremos conectividad universal, pero no compitiendo bajo reglas distintas”, dijo. Sobre el artículo transitorio que otorga al Ejecutivo la facultad de modificar las concesiones “en cualquier momento”, sentenció: “Cambiar las reglas sobre la marcha destruye cualquier posibilidad de planificación e inversión”.

Por su parte, representantes de organizaciones del sector empresarial lanzaron fuertes críticas al dictamen impulsado por el gobierno federal, debido a que advirtieron que vulnera la Constitución, compromete acuerdos internacionales como el T-MEC y genera un entorno de incertidumbre para la inversión privada.

Gabriel Osvaldo Contreras Saldívar, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que la propuesta plantea entregar concesiones comerciales al Estado sin licitación ni pago de contraprestaciones, lo que contraviene el marco constitucional que exige procesos equitativos y competitivos.

“Esto representa una violación flagrante a la Constitución, que establece que las concesiones del espectro deben licitarse”, afirmó.

Además, denunció que bajo el modelo propuesto, el gobierno solo estaría obligado a cumplir su título de concesión, sin someterse al resto del marco regulatorio.

“Eso genera una competencia desleal: el Estado regularía a sus propios competidores con ventaja”, advirtió. Contreras también alertó que esta estructura rompe con el capítulo 18 del T-MEC, que exige equidad y transparencia en telecomunicaciones.

“No se trata de excluir al Estado – su participación es legítima en tareas de cobertura social-, pero no se puede operar con reglas distintas adaptadas al sector público”, sostuvo.

Miguel Calderón Lelo de la Rea, presidente de la Comisión de Economía Digital de la Cámara Internacional de Comercio en México (ICC por sus siglas en inglés), fue más allá y acusó que la nueva agencia digital que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendrá facultades regulatorias excesivas y sin contrapesos.

El proyecto elimina el artículo 51 de la actual ley, que obliga al regulador a realizar consultas públicas sobre nuevas disposiciones, lo que consideró que atenta contra la transparencia y las mejores prácticas internacionales.

Asimismo, criticó que la reforma permite a autoridades de seguridad acceder a los registros de usuarios sin orden judicial, y que se apliquen restricciones a la publicidad digital similares a las de medios tradicionales, lo cual podría derivar en multas desproporcionadas.

“Muchas plataformas ni siquiera controlan esos contenidos, porque se originan en eventos globales”, explicó. Finalmente, rechazó que los concesionarios sean obligados a ofrecer acceso gratuito e irrestricto a plataformas o construir infraestructura en centros penitenciarios: “Eso no tiene justificación”, sentenció.

Mientras tanto, afuera del Senado, trabajadores del IFT protestaron para exigir garantías laborales ante la inminente desaparición del organismo. Dentro del foro, su presidente, Javier Juárez Mojica, pidió al Congreso incluir mecanismos específicos en el artículo transitorio octavo para proteger sus derechos. Juárez subrayó que los avances regulatorios – como la reducción de tarifas en 32.8 por ciento en términos reales-, fueron posibles gracias al personal especializado del IFT.

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