• Empresarios acusan a Antonio Patrón Laviada de utilizar su influencia y relaciones familiares para extorsionar y difamar a sus víctimas en Yucatán y Campeche.

 

  • La comunidad empresarial inicia acciones legales por daños morales y extorsión, mientras solicita la intervención urgente de las autoridades.

 

Redacción/CAMBIO 22

Un grupo de empresarios del sector hotelero, inmobiliario y de la construcción en Yucatán y Campeche ha alzado la voz contra Antonio Patrón Laviada, a quien acusan de realizar extorsiones y actos de corrupción que han afectado gravemente sus negocios y el desarrollo económico de la región.

Los afectados aseguran que Patrón ha utilizado su posición y relaciones familiares para amedrentar a empresarios locales con amenazas y sanciones infundadas.

Según la denuncia presentada por los empresarios, Patrón Laviada recurría a estrategias ilegales, como el uso de identidades falsas y teléfonos no registrados, para difundir información falsa a través de medios digitales de bajo perfil, con el fin de desprestigiar a sus víctimas y exigirles cuantiosas sumas de dinero.

Además, mencionan que Patrón aprovechaba su relación con su hermana, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón, para justificar sus extorsiones bajo el pretexto de recaudar fondos para su campaña política.

Los denunciantes aclaran que, tras una investigación interna, descubrieron que estos fondos nunca llegaban a la campaña de Cecilia Patrón, sino que eran destinados a usos personales de Antonio Patrón.

Este uso indebido de su lazo familiar ha sido calificado por los empresarios como un acto deplorable, que ensombrece la imagen de una figura pública que, según afirman, no está involucrada en los hechos denunciados.

La comunidad empresarial también destacó que, además de las extorsiones, Patrón Laviada ha sido acusado en el pasado de otros delitos, como violencia doméstica y posibles vínculos con el crimen organizado, lo que ha resultado en su prohibición de entrada a los Estados Unidos. Estos antecedentes, según los empresarios, hacen aún más urgente la intervención de las autoridades para frenar sus actividades ilícitas.

En respuesta a estos hechos, el grupo empresarial ha iniciado acciones legales contra Patrón Laviada y su empresa, Operadora Autos y Camiones Itzaes de la Península S.A. de C.V., con una demanda ya interpuesta en el Juzgado Tercero Civil de Yucatán. Adicionalmente, se están preparando nuevas denuncias penales y civiles por difamación y daños morales, ya que consideran que las acciones del acusado han causado un impacto negativo en la comunidad empresarial.

Los empresarios del sector inmobiliario de Yucatán y Campeche instan a otras víctimas de extorsión y corrupción a unirse a la denuncia y proporcionar cualquier información adicional que pueda ser útil para las investigaciones, al mismo tiempo que enfatizan la necesidad de que las autoridades actúen con firmeza para detener estas prácticas, las cuales amenazan el bienestar económico y social de la región.

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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