Redacción / CAMBIO 22

Playa Del Carmen, 21 de noviembre-. La estadounidense Vulcan Materials apuesta al factor ‘Trump’ e inició una embestida legal contra el Gobierno mexicano a través de un amparo que se definirá el próximo 26 de los corrientes, en una pugna jurídica-diplomática por la clausura de su mina Sac-Tun a orillas del Caribe Mexicano, que encendió las alarmas entre inversionistas extranjeros poniendo bajo la lupa la relación comercial entre México y los Estados Unidos.

Los ejecutivos de Vulcans Material llevaran su caso al debate diplomático tan pronto Donal Trump sea ungido presidente de los EU quien es un férreo defensor de la clase empresarial estadunidense y sus agresivas declaraciones de boicot o embargo comercial contra países u organizaciones comerciales que atentan contra empresas o intereses de los EU.

El pasado 12 de noviembre un juez federal admitió a trámite un amparo contra la creación del Área Natural Protegida (ANP) decretada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en Quintana Roo ya que a finales de septiembre de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decretó la creación de una nueva Área Natura Protegida (ANP) en Quintana Roo, que fue nombrada Felipe Carrillo Puerto y que abarca 53 mil 277 hectáreas de selva, incluidos los terrenos donde Calica extraía materiales pétreos y había generado devastación medioambiental.

Fue juez Ciro Carrera Santiago del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Quintana Roo quien admitió un amparo a un particular, cuyo nombre esta oculto, contra la creación de esta zona de conservación ecológica; es preciso aclarar que negó la suspensión provisional, pues argumentó que de conceder la medida cautelar de los actos reclamados, “podría verse afectado el bienestar del orden social, pues la sociedad está interesada en evitar que se altere el equilibrio ecológico de esa localidad”.

Con este nuevo recurso legal inició la defensa contra la última acción de López Obrador, que frenó definitivamente la reapertura de sus minas, clausuradas desde mayo de 2022. El Juzgado Noveno de Distrito de Quintana Roo, admitió la demanda de amparo indirecto con número 1035/2024.

Entre los actos que reclama es la decisión “por el que se pretende declarar área natural protegida Felipe Carrillo Puerto, con la categoría de área de protección de flora y fauna, la superficie de 53 mil hectáreas, ubicada en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum, estado de Quintana Roo; la medida incluye alrededor de dos mil hectáreas propiedad de la filial de la estadunidense Vulcan Materials Company, la cual ya no puede extraer roca caliza con fines comerciales, acto que deriva del procedimiento administrativo denominado “Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto”.

El juez programó la audiencia incidental para el próximo 26 de noviembre, donde determinará si entrega o no, una suspensión definitiva contra el decreto. Mientras tanto, pidió a las autoridades señaladas como responsables sus respectivos informes previos que deberán rendir en un plazo de 48 horas y en donde se concreten a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que atribuye la parte quejosa.

En septiembre pasado, cuando Calica resintió esta nueva embestida del gobierno federal, adelantó una fuerte batalla legal para defender sus intereses; no obstante, con el paro de labores en el Poder Judicial de la Federación, sus acciones legales quedaron frenadas.

No fue sino hasta este 12 de noviembre que el citado juzgado federal dio entrada a la demanda, con la cual busca dejar sin efectos el decreto emitido por AMLO.

La apuesta de Vulcan ya dio sus primeros con una reportaje insertado en el influyente diario Financial Times quien en la entrega advierte que el cierre forzado de una cantera de piedra caliza propiedad de una empresa estadounidense en Yucatán ha encendido las alarmas entre inversionistas y puesto bajo escrutinio la relación comercial bilateral entre México y Estados Unidos.

Signado por su corresponsal Christine Murray, el influyente diario financiero recordó que la controversia, iniciada bajo el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora representa un reto para la presidenta Claudia Sheinbaum, planteando interrogantes sobre su postura hacia el sector privado y el estado de derecho en el país.

López Obrador justificó la acción acusando a la empresa de causar una “catástrofe ambiental.” Vulcan, por su parte, calificó la medida como una “expropiación de facto” y busca justicia tanto en el panel de arbitraje del CIADI del Banco Mundial como en los tribunales mexicanos.

La presidenta Sheinbaum ha respaldado la decisión de su antecesor, afirmando que el cierre no constituye una expropiación, sino una acción para proteger el medio ambiente. Sin embargo, el caso ha intensificado las preocupaciones sobre la certeza jurídica para los inversionistas en México, especialmente considerando que Sheinbaum ha continuado con algunas de las políticas de López Obrador, como fortalecer las empresas energéticas estatales y realizar cambios en los procesos judiciales.

Mientras el gobierno afirma que Vulcan excedió los límites de sus permisos y dañó la zona, la empresa sostiene que cumplió con las normativas ambientales y fue reconocida por administraciones previas.

Críticos, incluidos legisladores estadounidenses y grupos empresariales, advierten que el conflicto podría disuadir la inversión extranjera. Vulcan ha acusado al gobierno mexicano de socavar el estado de derecho y de utilizar su infraestructura portuaria sin compensación.

Este caso se desarrolla en un contexto de cambios en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México, incluida la revisión del acuerdo comercial T-MEC en 2026 y la llegada al poder del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras México enfrenta estos desafíos, los analistas señalan que la resolución del caso de Vulcan podría ser una prueba clave para evaluar el clima de inversión y la transparencia legal en el país, cita el rotativo estadunidense.

En el conflicto con Vulcan Materials, que tiene una concesión hasta 2037, tuvo la intervención de Antony Blinken, secretario de estado de Estados Unidos, reconociendo la “preocupación” de la Casa Blanca por el caso, y advirtió de un “impacto muy negativo en los esfuerzos de México para atraer futuras inversiones de Estados Unidos”.

El 3 de febrero de 2022, López Obrador aseguró que la empresa estadounidense extrae sin permiso de materiales pétreos de la selva de Playa del Carmen e indicó que buscaría cambiar su giro a fin de que desarrollara un complejo turístico.

El 8 de mayo de este año, Vulcan solicitó al tribunal medidas provisionales o cautelares ante los reiterados ataques en las conferencias de prensa diarias del presidente López Obrador, y su orden de detener la extracción de material.

El tribunal encontró fundada la solicitud de la empresa, considerando los ataques públicos por parte del gobierno de México en conferencias de prensa, incluyendo afirmaciones específicas sobre el arbitraje mismo, como un esfuerzo de presionar a Calica para que claudique sus derechos y transforme su operación de explotación de piedra caliza a un proyecto turístico afín a las obras del Tren Maya.

El 2 de mayo, López Obrador en su conferencia de prensa anunció la orden del cierre de operaciones de Vulcan y negó que su gobierno pretendiera expropiar los terrenos de Calica, tras declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. “No estamos expropiando, es una clausura porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio”, apuntó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

También hay que citar jueves que el 31 de octubre, Vulcans logró una suspensión definitiva contra una sanción económica de siete millones 985 mil pesos aparejada a las clausuras impuestas contra la extracción de roca caliza en los predios El Corchalito y La Adelita, al sur de Playa del Carmen.

La Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), dictó un acuerdo dentro del expediente 73/21-EAR-01-6 de juicio de nulidad promovido en 2021 por la filial de Vulcan Materials Company, con el cual logró la suspensión del pago en tanto no quede resuelto el juicio.

“Se concede la suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado respecto de las multas aplicadas en cantidad total de $7’985,053.92, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran”(sic), se lee en el acuerdo dictado.

Estos predios fueron clausurados en 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en la recta final del sexenio de Enrique Peña Nieto, porque Calica sobrepasó el nivel autorizado de extracción de material pétreo. Con la imposición de los sellos oficiales, el gobierno mexicano también le exigió el pago millonario como sanción económica.

Asimismo, a partir de estas clausuras, Calica inició el proceso legal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia relativa a Inversiones (Ciadi), con el que reclama mil 500 millones de dólares al gobierno mexicano, por daños y perjuicios que le trajeron estos procedimientos.

La citada sala del TFJA que le otorgó el beneficio a Calica tiene su sede en la Ciudad de México, donde abrió otro frente legal para revertir los actos administrativos que le han impuesto las autoridades mexicanas.

A inicios de su gobierno, Claudia Sheinbaum a través de Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente, aseguró que Vulcans mintió sobre sus operaciones tanto en Estados Unidos como en México, aunado a que su operación dañó el medio ambiente al destruir en su totalidad por lo menos tres cenotes.

Bárcena también acusó que la filial de Vulcan Materials no contaba con todos los permisos para su operación: “Se sobrepasó en la extracción y los permisos que se le dieron en 1986. Luego, se les otorgó otro permiso en 2000 que les extendió el permiso por 20 años. Ellos ya no tienen permiso desde diciembre del 2020. Explotaron, además, 140 hectáreas de extensión con una profundidad hasta de 12 metros, invadiendo realmente el manto freático.

“Declararon que había siete cenotes, digo, hay 17 en total (…) y cuando se hizo una visita se encontraron sólo cuatro, quiere decir que destrozaron al menos tres. Y afirmaron tener todas las concesiones de agua, y solamente tenían una, que nunca actualizaron y que fue justamente utilizada esa agua para incluso ir más abajo del manto freático. Simularon incluso ante el tribunal internacional que tenían todos los permisos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en las zonas arqueológicas.

“Y yo diría, lo más delicado también para México es que reportaron a la autoridad financiera de Estados Unidos en la bolsa, porque es una empresa que cotiza en bolsa, el doble de reservas de material pétreo que reportan en México, para poder evadir impuestos”, sostuvo Bárcena.

En este entramado jurídico-diplomático se espera que la aceptación del amparo en 5 días para anular el decreto de la ANP se inicie formalmente una defensa que Vulcans Material estaría ganando con el apoyo de Donald Trump. Esa es la apuesta: las amenazas de embargo comercial.

 

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

OSM/AGF