Elementos Distraídos: Fiscalía Mantiene Custodia de Predios Abandonados en José María Morelos

Redacción / CAMBIO 22

José María Morelos, 30 de julio. –  Mientras la ciudadanía enfrenta diariamente delitos sin atender, más de una decena de elementos de Seguridad Pública se encuentran comisionados para custodiar inmuebles que, en muchos casos, llevan años asegurados sin avances visibles en sus investigaciones.

En la cabecera municipal y comunidades como La Presumida, Sacalaca, Sabán, Dziuché, Huay Max, San Felipe I y II, Kancabchén, San Isidro Poniente y Dos Aguadas, la Fiscalía General del Estado ha solicitado resguardo permanente de propiedades vinculadas a diversas carpetas de investigación. Estas tareas, aunque de carácter legal, han absorbido a una parte importante del personal operativo, distrayendo a policías que podrían estar patrullando zonas de alto conflicto o respondiendo con mayor prontitud a reportes ciudadanos.

Entre los puntos que actualmente se encuentran bajo vigilancia se incluyen domicilios particulares, negocios cerrados, bares, predios en litigio y hasta terrenos baldíos. Tan solo en la cabecera municipal hay más de diez ubicaciones con vigilancia permanente, como predios en la calle 5 de Mayo, Rafael E. Melgar, Bacalar y la zona de Las Palmas.

Además, se mantiene la custodia de un inmueble en el poblado de La Presumida, en el cruce con la vía a Santa Gertrudis, un lugar que ha sido abandonado y presenta visibles signos de deterioro, pero que continúa bajo protección policial. También se incluye el resguardo de bares como “Bambú” y “Bar Bravo” que, pese a estar cerrados o clausurados, siguen contando con presencia policial.

Paradójicamente, mientras algunos agentes vigilan puertas cerradas por mandato judicial, en las calles se presentan incidentes como violencia doméstica, intentos de retén no autorizados o reportes ciudadanos que no siempre pueden ser atendidos con rapidez, debido a la carga operativa.

Este fenómeno, que se repite periódicamente en partes de novedades policiales, pone en evidencia un problema estructural: la falta de resolución judicial en casos donde la Fiscalía mantiene aseguramientos prolongados sin avances procesales. La comunidad, por su parte, se queda con la percepción de una policía ocupada, pero no necesariamente cercana.

Aunque es entendible la necesidad de cumplir con mandatos de la Fiscalía, las autoridades locales podrían valorar una revisión de estos resguardos, en especial en predios donde no hay actividad ni riesgo inminente, con el fin de liberar elementos para tareas preventivas y reactivas que tanta falta hacen en el municipio.

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