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• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

En solidaridad con los periodistas Julián Santiesteban y Gonzalo Hermosillo.

Los reacomodos de los grupos de poder político y económico en Quintana Roo con miras a las elecciones federales, estatales y municipales de 2027 ya empezaron aunque para ello se tengan los llamados “daños colaterales” en contra de la libertad de expresión y el trabajo periodísticos de quienes cumplen con su tarea de informar a la sociedad quintanarroense.

Recientemente, Jorge Brizuela Guevara, alías “El Venezolano”, empresario vinculado al gobierno de Quintana Roo, desde la administración de Carlos Joaquín González, así como al gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo a informes de inteligencia militar, denunció penalmente a periodistas como Julián Santiesteban y Gonzalo Hermosillo, tras la publicación de información sobre su vinculación a un supuesto fraude en la instalación y equipamiento de las carpas Covid, para lo cual obtuvo contratos sin licitación por unos 600 millones de pesos y no pagó en tiempo y forma a empresarios locales subcontratados.

Brizuela presentó una denuncia en contra de Santiesteban y Hermosillo ante la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo la carpeta FGE//QROO/BJ/19847/2020, alegando que los medios y periodistas lo extorsionaban con el fin de que pagara dinero a cambio de retirar información que consideraba falsa y dañina para su imagen.

“El Venezolano”, lo que busca es quedar bien con el poder político en turno, como lo hizo en su momento con Carlos Joaquín, para seguir sangrando el presupuesto estatal, a costa de la seguridad jurídica e integridad física de dos connotados periodistas en Quintana Roo, por lo que desde el gremio periodístico lo responsabilizamos sobre cualquier agresión que puedan sufrir nuestros colegas en su vida, integridad física, las de sus familiares, así como de sus patrimonios, porque tiene el poder político y económico para atentar contra comunicadores y empresarios que lo han señalado de corrupto y de ser presunto autor de delitos.

Jorge Brizuela está protegido por un manto de impunidad que le ha permitido vivir en Quintana Roo a costa de los recursos del pueblo, porque ha demostrado que tiene el respaldo de poder para cometer todo tipo de excesos.

Más allá de la osadía de dar a conocer sus actos de tráfico de influencias al interior de la clase política gobernante, porque sabe que nadie lo llamará a rednir cuentas ante la justicia, lo que demuestran sus declaraciones, amenazas y acciones de acoso judicial en contra de periodistas, está la impunidad de la cual goza a pesar de los cambios de partido político en el gobierno estatal.

Brizuela denunció a estos dos periodistas tras la publicación de reportajes que revelan cómo empresarios quintanarroenses denuncian haber sido defraudados con más de 110 millones de pesos tras subcontratarse para construir y equipar las carpas médicas. Las empresas, como Constructora Yama y Aporta, aseguran haber invertido sus propios recursos bajo la promesa de pago, que nunca llegó.

La vida de “El Venezolano” en Quintana Roo está plagada de acciones y señalamientos que deben ser investigados de oficio por las autoridades de procuración de justicia de la entidad, como es el caso del asesinato del gerente del club de playa Mamita´s en Playa del Carmen, Federico Mazzoni, según el padre de la víctima con información de sus indagaciones personales, pero que el Ministerio Público nunca quiso investigar.

De acuerdo a un reportaje de la televisión argentina, reproducido a través del programa del periodista Ciro Gómez Leyva, el padre de Federico Mazzoni, de nombre Carlos, presumió que a su hijo lo mataron porque su patrón, el dueño de Mamista´s Bar, Jorge Marzuca, hizo público el desfalco millonario de que fue víctima de parte de Brizuela al no pagarle la subcontratación para instalar las carpas Covid, además, de que el gobernador de ese entonces le dio los contratos sin licitar.

https://www.facebook.com/582896541/videos/pcb.10162539877916542/854141003996365

¿Sí Brizuela se ha sentido agredido en sus intereses con las publicaciones de colegas quintanarroenses, también ya habrá denunciado penalmente a Ciro Gómez Leyva por haber difundido una entrevista en la que se le menciona como presunto autor de una venganza política?

Por su parte, los empresarios que subcontrató —como Jorge Marzuca Fuentes, Omar Macías y Víctor Salas— han denunciado que Brizuela no les pagó más de 110 millones de pesos por la construcción y equipamiento de las carpas en Cancún y Chetumal, y que, en lugar de pagar, los amenazó con muerte y les retuvo el equipo. Estos afectados acusan a Brizuela de haber usado su cercanía con el entonces gobernador Carlos Joaquín González para obtener contratos millonarios sin experiencia ni infraestructura, y de haber desviado recursos del erario estatal.

Ahora, que requiere con un acercamiento directo con MORENA y sacar partido de las disputas entre el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador y el PVEM, Jorge Brizuela Guevara, conocido como “El Venezolano”, intensificó su batalla pública al señalar directamente al secretario del Bienestar de Quintana Roo, Pablo Bustamante, de haber recibido 15 millones de pesos para aportar a una campaña electoral durante la administración de Carlos Joaquín González.

En sus declaraciones a la prensa habló que apoyó a Pablo Bustamante, entonces dirigente del PVEM con 15 millones de pesos, como si se tratara de una cantidad insignificante que se le da a un amigo para ayudarlo a salir de un traspié económico del día, lo que revela, el cinismo y el tráfico de influencias que se da en su círculo de poder político y económico, porque el reclamo en contra de Bustamante se lo hace porque no le ha cumplido, porque es desleal a sus compromisos.

La pregunta de la sociedad quintanarroense por el tráfico de influencias del que alardea “El Venezolano”, desde el gobierno del estado, es por qué hasta ahora habla de esos 15 millones de pesos y su intervención en la operación política del estado y la respuesta es, porque necesita seguir viviendo del erario estatal y no le importa sacar a la luz sus tropelías, sino hacerle un favor a MORENA para darle elementos en contra del Verde y pueda deshacerse de él en esta etapa preelectoral, desde luego, después cobrarle el favor.

Con estas declaraciones busca demostrar que ha tenido y tiene injerencia en lo que hace o deja de hacer la clase política gobernante y si alguien no acata sus exigencias, tiene el poder para evidenciarlo, como en este caso con Pablo Bustamante, a quien lo acusa de desleal, por no cumplir sus acuerdos.

El caso de Brizuela no es aislado. Revela un patrón de contrataciones directas, falta de transparencia y relaciones de cercanía política que han caracterizado ciertos sectores del gobierno de Carlos Joaquín. El hecho de que un empresario sin experiencia previa obtuviera contratos multimillonarios, y que su esposa, Vanessa Vargas, también recibiera adjudicaciones por más de 200 millones de pesos, evidencia un sistema de favoritimo que ha sido denunciado por expertos en rendición de cuentas.

El silencio de Bustamante y del gobierno estatal ante las acusaciones de “El Venezolano” refuerza la percepción de impunidad. Mientras tanto, la posible intervención de instancias federales como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) o la Secretaría de la Función Pública podría ser clave para esclarecer si los 15 millones mencionados tuvieron origen en recursos públicos o privados.

A más de cinco años de la emergencia sanitaria, el escándalo de las carpas Covid sigue sin resolverse. Las acusaciones cruzadas entre empresarios, funcionarios y medios periodísticos no solo ponen en duda la gestión de fondos públicos, sino también la integridad del proceso democrático en Quintana Roo. Con elecciones a la vista, el caso Brizuela podría convertirse en un termómetro de la transparencia o, en su defecto, en un ejemplo más de cómo el poder político y económico se entrelazan en la sombra.

En una publicación de Cambio 22, escrita por el colega Francisco Javier Hernández se advierte que aún falta que El Venezolano explique y responda ante las instancias gubernamentales correspondientes sobre asuntos como la ficha informativa de la sección de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que en agosto del 2020, por medio de la cual se identificó a Jorge Brizuela Guevara “El Venezolano” como agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), encargada del espionaje en su régimen, con información dada por la agregaduría militar de la Embajada de México en Venezuela.

De acuerdo a Cambio 22, este documento fue hecho público en los Guacamaya Leak, que filtró documentos confidenciales de la Sedena, y los Boricua Papers, una investigación de agencias de procuración de justicia de Estados Unidos sobre un caso de lavado de dinero que vincula a Puerto Rico con Cancún, que fue dada a conocer ampliamente en un reportaje del medio de comunicación Eje Central desde el 2023.

Si hizo referencia a su participación durante la pandemia de Covid-19, donde sostuvo haber colaborado en la implementación de mecanismos de control y logística turística, lo que permitió que Quintana Roo se posicionara como uno de los primeros destinos turísticos en reactivarse a nivel internacional, sin mencionar las palabras “carpas Covid”, se lee en la publicación de Cambio 22.

Además, hasta el momento, Brizuela no ha dicho nada para aclarar las denuncias públicas de fraude que le hicieron desde el 2021 tres empresarios que subcontrató para instalar las carpas Covid en los hospitales Oncológico de Chetumal y Jesús Kumate de Cancún.

Tampoco de las irregularidades de sus contratos, como la venta de mascarillas clínicas con precios inflados mediante la empresa de su esposa, Vanessa Lisseth Vargas Flores, falta por la cual el gobierno de Quintana Roo tuvo que devolver a la Tesorería Federal 6.1 millones de pesos en la revisión de la cuenta pública del 2020, además de abrirse un proceso de sanción a servidores públicos de la Secretaría de Salud (Sesa) por haberle dado contratos por adjudicación directa con apenas 6 días de haber iniciado actividades económicas y sin tener solvencia económica para prestar el servicio.

Además, está pendiente el Caso Koldo, en el que se le involucra con miembros del gobierno de España en el desvío y blanqueo de dinero de contratos de provisión de mascarillas a través de su negocio de laboratorios y clínicas Pronalab en República Dominicana.

 

 

 

 

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