• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

A lo largo de los mil 500 kilómetros de la vía del Tren Maya que atraviesa los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, también se encuentra la ruta del despojo, de la expropiación, de la opacidad, la corrupción, de la destrucción de los recursos naturales de los pueblos originarios, así como de la falta de transparencia y rendición de cuentas, porque a pesar que para concluir la totalidad de la obra tendrán que pasar muchos meses después del primero de octubre de 2024, ya empezaron a salir a la luz pública las evidencias de la estela de corrupción y tráfico de influencias con las que se está construyendo la obra emblemática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Este ferrocarril, diseñado para sacar las materias primas de los estados del Sureste del país, así como de los países de Centroamérica, para entregarlas a la economía neoliberal a través del corredor transoceánico del Istmo de Tehuantepec, no solo ha contribuido a la destrucción de la selva maya, sino a que se incremente el riesgo de colapso de los suelos frágiles que protegen recursos hídricos únicos en el planeta.

Como toda obra extractivista, el Tren Maya provocará que se siga rompiendo el tejido social de las localidades a lo largo de su ruta, las empresas turísticas transnacionales no se conformarán con apropiarse de los grandes complejos de desarrollo, sino que irán avanzado a lo largo de esa ruta para vender al turismo lo poco que queda de la cultura de los pueblos originarios de la región.

El proyecto de la 4T es desaparecer todos los organismos autónomos del Estado mexicano, principalmente al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI), con la finalidad que la sociedad mexicana no tenga la posibilidad de acceder a la información de cómo se han ido entregando contratos de obra y de prestación de servicios a empresas de las familias y aliados de quienes ahora conforman la clase gobernante en México.

La clase política que ahora se encuentra en el poder gubernamental, empezando por el presidente del país, se desgarran las vestiduras cuestionado la corrupción que caracterizó a los gobiernos priistas y panistas, sin embargo, en los archivos institucionales aún hay documentación que evidencia la corrupción que sigue más viva que nunca en la era de la 4T.

En la pieza periodística El Tren Maya, otra empresa fantasma de Ángel Cabrera publicada el pasado 29 de enero en el periódico 24 Horas, se dice:

“El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) otorgó 4 contratos por 7.6 millones de pesos a Ingeniería Edma, una empresa con domicilio en una casa; uno de ellos, por 1.8 millones de pesos, para presentaciones de Powerpoint y volar un dron en las cercanías de la estación Nuevo Xcan del Tren Maya, en Quintana Roo”.

Dicho contrato, identificado con el folio 058/2022, se entregó en septiembre de 2022 por invitación restringida y estuvo vigente por tres meses para el Programa de desarrollo turístico de la zona de influencia de la estación del Tren Maya, en Nuevo Xcan, Quintana Roo, se lee en la publicación.

Los servicios se otorgaron durante la gestión de Javier May, hoy precandidato de Morena a la gubernatura de Tabasco, y se suma a otra adjudicación irregular en la construcción del Tren Maya, escribe el periodista Cabrera.

Este contrato relacionado con el Tren Maya tiene como propósito realizar los estudios para detonar el turismo en la estación Nuevo Xcan, en Quintana Roo, “una de las 14 que ya están en funcionamiento y fueron inauguradas en diciembre pasado”.

De acuerdo al diario, Ingeniería Edma asentó su domicilio fiscal en la calle 20 de Noviembre, número 2, colonia Lindavista, en Zempoala, Hidalgo; “sin embargo, en dicha dirección se encuentra una casa, rodeada de terrenos, con la calle sin pavimentar, según recorrido realizado por la zona”.

“Ese mismo domicilio fiscal, donde no hay instalaciones y es una casa, fue colocado por ese corporativo en otros tres contratos con el Fonatur para la elaboración de proyectos turísticos durante la gestión de Javier May; en total, los cuatro contratos suman 7.6 millones de pesos”.

En febrero de 2023, la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad dio a conocer que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debería justificar el destino de mil 736 millones de pesos utilizados para las obras del Tren Maya que fueron ejercidos con irregularidades, según los informes de fiscalización elaborados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Los recursos con anomalías fueron el resultado de la realización de auditorías a las Cuentas Públicas de 2019 a 2021.

A pesar de que la construcción del Tren inició en junio de 2020 de manera oficial, desde 2019 se documentaron las fallas en el gasto público del megaproyecto, es decir, desde su planeación. Todas las observaciones recayeron en la administración de Rogelio Jiménez Pons quien ocupó la Dirección General de Fonatur del 1 de diciembre de 2018 al 11 de enero de 2022.

De acuerdo con el Sistema Público de Consulta de Auditorías, a la fecha se promovieron 286 acciones a Fonatur -y a su filial Fonatur Tren Maya SA de CV- relacionadas con trabajos para el proyecto por un total de mil 823 millones de pesos, de los cuales solamente se justificaron 87 millones correspondientes al dinero que ejercieron en 2020.

En la publicación de su último informe sobre la Cuenta Pública 2021, la ASF exhibió un mal ejercicio en el gasto del Tren por mil 399 millones de pesos que se sumó a los 423 millones de 2019 y 2020.

La democracia de un país también se construye con el compromiso de los gobernantes de usar los recursos de manera adecuada y ética. Quienes lleguen a conformar la Cámara Federal de Diputados en el próximo Congreso de la Unión tendrán la responsabilidad de instruir a la Auditoria Superior de la Federación a que investigue a fondo como se utilizaron los recursos públicos en la construcción del Tren Maya, porque millones de mexicanos se quedaron sin servicios básicos como el de salud, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que la mayor parte del presupuesto se invirtiera en su obra consentida.

 

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