mayo 25, 2024 15:32

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Renán Castro Madera, Director General

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  • Ecocidio en Quintana Roo: Impacto de Deforestación por Actividades de Menonitas

 

  • Alianza Maya denuncia Expansión Agroindustrial y Pérdida de Tierras Indígenas en Bacalar

 

 

Redacción/CAMBIO 22 

BACALAR.- La voz de alerta no encuentra eco, no hay respuesta a otro ecocidio que se está cometiendo en Quintana Roo, es específico en la zona sur con la deforestación que siguen causando comunidades de Menonitas quienes cuentan con la protección de los tres niveles de gobierno y de empresas privadas, que según los apicultores, ejidatarios e indígenas mayas, su agroindustria, el modelo de producción intensiva y ‘extractivista’ esta intensificando de manera alarmante la deforestación de más de 50 mil hectáreas en Bacalar.

Las actividades agroindutriales de los menonitas está derivando del despojo de territorio, la pérdida de la apicultura y la disminución de la calidad de vida de las mayas de la región, acusa la Alianza Maya por las Abejas de la Península de Yucatán Kaabnalo’on, quien siguen exigiendo al gobierno federal que investigue, sancione a los responsables, respete la libre autodeterminación de los pueblos originarios y garantice los derechos humanos de toda la población.

“La agroindustria en Bacalar se intensificó a principios de los 2000 con la llegada de los grupos menonitas, cuya función ha sido ser el último eslabón para ejecución de un modelo de producción intensivo y extractivista impulsado por los tres niveles de gobierno y empresas privadas nacionales e internacionales. Con el crecimiento de la producción de maíz, sorgo y soya ha disminuido de manera alarmante la cobertura forestal de la selva. el 2001 al 2022 se han perdido aproximadamente 130,000 hectáreas de selva, sólo en el municipio de Bacalar, de acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch”, denunció en un comunicado la Alianza Maya.

Agregaron que la tasa de deforestación anual promedio en Quintana Roo entre 2001 y 2021 fue de 1.11 por ciento. Los municipios con mayor deforestación bruta del estado son Othón P. Blanco y Bacalar, que perdieron 24,337 y 24,346 ha de selva, respectivamente según la CONAFOR con datos al 2021. Las principales causas de deforestación en ambos municipios son la ganadería y la agricultura intensiva. En el municipio de Bacalar dichas actividades son responsables del 58 y 41 por ciento de la deforestación del municipio.

“El proceso de deforestación en el municipio de Bacalar no ocurre de manera homogénea entre los diferentes núcleos agrarios. El asentamiento de población menonita en ciertos ejidos es determinante. En el periodo de 2011 a 2018, dos de los cinco ejidos con mayor deforestación bruta fueron Salamanca y El Bajío, ambos con una población importante de menonitas. En el periodo de 2014 al 2023, cuatro de los cinco núcleos agrarios con mayor tasa de deforestación fueron ejidos con asentamientos de pobladores menonitas (Salamanca, San Fernando, El Bajío y Paraíso)”, relatan en el escrito de inconformidad.

Indican que “el cambio en la cobertura forestal está relacionado con una creciente tendencia de asentamiento de pobladores menonitas en tierras de ejidatarios locales para establecer sistemas intensivos agropecuarios. Entre 2014 y 2023 se perdieron 52,891 ha de selva, equivalente al 7.3 por ciento de la superficie del municipio de Bacalar. En la figura 2 se ilustra el cambio de uso de suelo en los últimos 9 años. En este periodo la tasa de deforestación media anual fue de 1.245 por ciento”.

“Esta pérdida de nuestro territorio nos está despojando también de una de nuestras principales formas de vida: la apicultura. Los desmontes han llegado acompañados del uso de un gran paquete de agrotóxicos para los cultivos; venenos que contaminan el suelo, aire, agua, la salud humana y ha puesto en grave riesgo nuestra actividad apícola. Este modelo de producción agrícola es el mismo que ha vulnerado la calidad de vida de nuestras compañeras y compañeros en Hopelchén, Campeche, que en este año ya han registrado la muerte de más de 3,500 colmenas por fumigaciones hechas con fipronil en las comunidades de Suc Tuc y Oxa, de acuerdo con el informe del caso elaborado por el Equipo Abejas de El Colegio de la Frontera sur, con datos del 2023”, denunciaron ante la pasividad de las autoridades.

Subrayan que “Estos impactos ya están presentes también en la región de Bacalar, particularmente en la producción apícola, ya que a partir del año 2017 hemos registrado una baja en las cosechas de miel. El promedio de producción hasta ese año en la zona de Bacalar fue de 70 kg por colmena, actualmente se produce solamente entre 25 a 35 kg por colmena. Esto ocurre sobre todo en zonas afectadas por la deforestación como Blanca flor, Buena fe y San Fernando. Esta situación vulnera las certificaciones orgánicas de la miel y amenaza nuestras formas tradicionales de vida, de conservación de nuestro territorio, el sostén económico para nuestras familias y el futuro de las nuevas generaciones”.

“En este contexto, destacamos que la liberación y siembra de soya genéticamente modificados están prohibidas en México desde 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia al respecto. También existe una medida precautoria dictada por un Juez Federal en una Acción Colectiva contra los permisos de maíz transgénico, y confirmada por la SCJN en 2021; si bien existe un primer fallo del Juez Federal para beneficiar a la agroindustria, ésta fue apelada por el colectivo que encabeza la acción legal y la medida cautelar sigue vigente….Además, el pasado 28 de agosto (de 2023) se presentó una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En esta denuncia se informó de la deforestación en varios sitios de Bacalar y se proporcionó información suficiente para iniciar una investigación al respecto. Por otra parte, el 22 de septiembre del mismo año con apoyo de la Organización Greenpeace México, se presentaron denuncias ante la PROFEPA y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), por la probable liberación y siembra de soya y maíz transgénico en diversos predios ubicados en el municipio de Bacalar, derivado de la detección en la aplicación de agrotóxicos en dichos cultivos”, recuerdan los afectados.

En ambas denuncias, dicen, se solicitó la oportuna intervención de dichas autoridades para investigar y se solicitó que se ordenen y apliquen las medidas de seguridad o de urgente aplicación pertinentes, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, para el caso de la deforestación,
así como las medidas de seguridad y urgente aplicación, con enfoque de precaución y prevención, de acuerdo con la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, para el caso de la liberación y siembra de soya y maíz, probablemente transgénicos en los sitios señalados.

Por lo anterior, exigen, es indispensable que la PROFEPA y el SENASICA, en el marco de sus respectivas competencias, actúen de manera oportuna y eficaz para investigar y sancionar a los responsables, haciendo valer el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos de las comunidades de Bacalar. Asimismo, solicitamos que se hagan respetar y cumplir las medidas de seguridad que impongan a los responsables, recordando que su desacato es un delito federal.

Los recuentos señalan que hace menos de una década, el territorio del ejido El Bajío estaba habitado, sobre todo, por selva. Ahora, el paisaje que se mira es muy diferente. Extensos campos de soya, sorgo y maíz son los que se ven al recorrer el lugar: alrededor de mil hectáreas transformadas por la agricultura mecanizada que realizan poco más de las 20 familias menonitas que llegaron a esta zona sur de Quintana Roo en el 2012.

En la región hay varios habitantes que no están de acuerdo con la agricultura mecanizada que realizan los menonitas, grupo religioso de origen europeo que se caracteriza, entre otras cosas, por tener extensos terrenos de monocultivos y demandar en forma permanente tierras para sembrar maíz, sorgo o soya. En el sureste de México, los campos agrícolas menonitas se han establecido sin respetar las leyes ambientales y en lugares en donde antes había bosque.

En ejidos vecinos a El Bajío, apicultores y algunos ejidatarios están preocupados porque en los últimos años han visto cómo los menonitas se van haciendo de tierras ejidales en la región, cómo instalan sus colonias y cuando se establecen, comienzan a desmontar zonas forestales para transformarlas en tierras agrícolas.

“Ellos talan miles de hectáreas… Hay mucha tala ilegal con ellos”, lamenta uno de los integrantes de Kabi Habin, cooperativa de apicultores de Quintana Roo que, desde 2001, ha observado cómo el desmonte de la selva comenzó en lo que hoy se conoce como ejido Salamanca, el primer lugar al que llegaron los menonitas. De ahí se ha extendido por diversos puntos del municipio de Bacalar.

Fue en 2001 cuando familias que vivían en Little Belize y en Shipyard, en el vecino país de Belice, migraron a Quintana Roo, en el sur de México. Para lograr tener 5000 hectáreas, los menonitas hicieron un contrato de usufructo a 30 años con ejidatarios de Bacalar. Este fue el camino que tomaron para darle vuelta a la Ley Agraria que prohíbe la venta de tierras ejidales. Los menonitas, incluso, consiguieron crear su propio ejido con anuencia del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE).

En noviembre de 2005, un total de 25 menonitas crearon el ejido Salamanca con 5000 hectáreas de terrenos forestales. En el lugar establecieron la colonia menonita más grande del municipio de Bacalar. Ahora ahí viven alrededor de 300 familias procedentes de Belice, pero también de los estados mexicanos de Chihuahua, Durango, Tamaulipas y Campeche, según el último censo realizado en 2021 por los mismos menonitas y cuyos datos fueron compartidos con Mongabay Latam por un integrante de la comunidad.

En el ejido Salamanca se han deforestado alrededor de 4600 hectáreas, de acuerdo con datos de Global Forest Watch. El desmonte de la mayoría de los terrenos se realizó sin contar con una autorización de cambio de uso de suelo forestal otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Las casi 5000 mil hectáreas que en el pasado eran selva, hoy son tierras de agricultura mecanizada en donde se siembra, sobre todo, maíz y sorgo. El desmonte al interior del ejido Salamanca no se ha detenido. Entre enero y la primera semana de octubre de 2022 se registraron 2386 alertas de deforestación, de acuerdo con datos de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch.

En los terrenos de Salamanca hoy sólo quedan alrededor de unas 50 hectáreas de selva. A 19 kilómetros de los campos agrícolas de este ejido, a partir de 2012, comenzaron a establecerse otros tres asentamientos menonitas en los ejidos San Fernando, Paraíso y El Bajío.

Desde que la colonia menonita se estableció en la zona comenzó con mayor intensidad el desmonte de tierras en los ejidos El Bajío y Paraíso, de acuerdo con los datos que se pueden consultar en la plataforma Global Forest Watch.

En marzo de 2017, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), acompañados por miembros de la Secretaría de Marina, realizaron un operativo en “tres predios ocupados por grupos menonitas en los ejidos El Bajío, El Paraíso y San Fernando”, de acuerdo con el comunicado de prensa que en ese entonces se difundió.

En el ejido Paraíso se encontró que fueron taladas 637 hectáreas. En El Bajío se contabilizó una afectación a 694 hectáreas y en San Fernando, un total de 113 hectáreas de selva baja y mediana.

En total, los inspectores determinaron que se realizó un cambio de uso de suelo en 1445 hectáreas forestales sin contar con las autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, se informó en ese entonces que la Profepa presentaría una denuncia penal ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en contra de las comunidades menonitas.

En julio de 2018, Profepa sancionó a menonitas y autoridades ejidales del Paraíso y El Bajío, por un monto de 10 266 640 pesos (alrededor de 500 mil dólares). Además, ordenó la reparación del daño ocasionado en 1316 hectáreas de la selva baja y mediana de ambos ejidos. No se explicó si también se dieron sanciones en San Fernando.

Habitantes de estos ejidos aseguran que la multa no se pagó. Las imágenes satelitales muestran que el área afectada tampoco se restauró, al contrario, la deforestación sigue extendiéndose en la zona. “Ellos siguieron desmontando porque vieron que no les cobraron nada”, denunciaron los ejidatarios

Lo cierto es que los ejidatarios han sido quienes, ignorando la Ley Agraria, han rentado o vendido los derechos ejidales a menonitas, grupo cuyos integrantes nunca han ocultado su afán por acumular tierras para convertirlas en grandes campos de monocultivos, sin importar que con ello se dañe a importantes ecosistemas forestales.

Desde 2001, el municipio de Bacalar ha perdido, por lo menos, 124 979 hectáreas de cobertura arbórea, de acuerdo con un análisis de la plataforma Global Forest Watch. Pese al avance de la deforestación, el municipio de Bacalar aún cuenta con zonas altamente conservadas de selva mediana. Una de ellas es el Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax que conecta las Reservas de la Biosfera de Calakmul, ubicada en el estado vecino de Campeche, y Sian K’aan, que se encuentra en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Tulum, en Quintana Roo.

Además de El Bajío y Paraíso, la pérdida de cobertura forestal se está dando en ejidos como San Fernando y en Blanca Flor. Este último ejido es una comunidad maya con cerca de 650 habitantes. Se caracteriza por ser la sede del más importante centro de acopio de miel orgánica en el municipio de Bacalar. Ahí se encuentra la oficina de la cooperativa de apicultores Kabi Habin. Además, el lugar aún conserva un macizo forestal importante para la apicultura, en donde se pueden observar árboles de hasta veinte metros de altura, como el tzalam o el jabín.

La expansión de los campos agrícolas menonitas también avanza hasta al norte del ejido Nuevo Tabasco, aún en el municipio de Bacalar, a pocos kilómetros del límite con la frontera del municipio de José María Morelos y al oeste con el estado vecino de Campeche. En una zona de terrenos nacionales, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Bala’an K’aax, las imágenes satelitales permiten observar zonas deforestadas rodeadas por una tupida selva que aún permanece en pie. Ahí se estableció una colonia menonita bautizada como Cuatro Banderas.

En 2022, los menonitas cumplieron cien años de haber migrado de Canadá a México, después de que el gobierno mexicano les permitió establecerse en el norte del país, sobre todo en el estado de Chihuahua, para que hicieran productivas las tierras de esa zona. Para conmemorar el centenario de la llegada de los menonitas al país, en agosto pasado, el Banco de México acuñó una moneda conmemorativa de veinte pesos en la que se mira a una familia menonita y a un lado de ellos un ferrocarril y campos agrícolas.

 

**Parte del material gráfico utilizado en éste escrito periodístico fue generado con IA y de forma ilustrativa.

Con información de medios/Sistema de Noticias CAMBIO 22.

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