El bloque mayoritario Morena, PT y PVEM votó a favor del dictamen, en tanto que PAN, PRI y MC votaron en contra

Desaparecen el INAI, el Mejuredu, el Coneval, la CNH, la CRE, la Cofece y el IFT

También ordena la desaparición de los órganos garantes del acceso a la información de las entidades federativas, como el Idaipqroo, dentro de un plazo de 6 meses

 

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 29 de noviembre.- Por mayoría calificada, la Cámara de Senadores avaló la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que extingue a 7 organismos autónomos y reguladores federales y a los institutos de transparencia de las entidades federativas.

El dictamen fue aprobado en lo general con 86 votos a favor de Morena, PT y PVEM; y 42 en contra del PAN, PRI y MC, y fue turnado a las legislaturas de los estados para su ratificación.

En lo particular, la asamblea rechazó las reservas que presentaron senadores del PAN y PRI, por lo que los artículos reservados fueron avalados con 86 votos a favor y 40 en contra en los términos del dictamen.

De acuerdo con la reforma constitucional, las funciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) serán atendidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP); y las del Consejo Nacional de la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (Coneval) serán ejecutadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En cuanto al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sus funciones recaerán en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, antes de la Función Pública, del Poder Ejecutivo; en el Órgano de Control y Disciplina del Poder Judicial, en los Órganos de control de los Organismos Autónomos y en las contralorías del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus competencias.

Algo similar sucederá con los órganos garantes del derecho a la información y transparencia de las entidades federativa, como el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Idaipqroo), que con la reforma del artículo 116 constitucional también desaparecen y sus funciones deberán asumirlas las contralorías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de otros órganos autónomos locales, en un plazo que de no más de 6 meses.

En lo referente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), será la Secretaría de Energía (SENER) quien realice sus funciones; las de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) recaerán en la Secretaría de Economía (SEECO); y las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Luego de que esta reforma sea ratificada por las legislaturas estatales y decretada, correrán 90 días para que el Congreso de la Unión emita las leyes secundarias para hacerla aplicable, incluyendo una nueva Ley General en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.

Luego de la emisión de esa nueva Ley General, desaparecerá el INAI y correrán otros 90 días para que las legislaturas de los estados modifiquen su legislación local en materia de transparencia y decreten la desaparición de sus institutos garantes.

Al decretarse la nueva ley de transparencia en Quintana Roo, los comisionados del Idaipqroo, Magda Lozano Ocman, Claudette González Arellano y José Roberto Agundis Yerena, cesarán en sus cargos, y las funciones del organismo serán trasladadas, supuestamente también con el personal responsable, a la contraloría del estado y los órganos de control de los poderes Judicial y Legislativo y de los órganos autónomos estatales.

En el debate, la senadora Amalia García Medina, de MC, asentó que la transparencia y la rendición de cuentas surgió de la ciudadanía, no del gobierno, pues desde la ciudadanía se definió que el acceso a la información del gobierno y la protección de datos personales eran derechos ciudadanos, y por ello se creó el INAI, con la intención de acabar con la opacidad y la llamada “partida secreta”.

Por el PT, Lizeth Sánchez García aseguró que la reforma responde a las demandas ciudadanas de tener un gobierno más eficiente, austero y enfocado a atender los retos que enfrentamos, por la que esta simplificación orgánica permitirá una reducción significativa del gasto público y la eliminación de estructuras administrativas redundantes y costosas.

Por el PVEM, Juanita Guerra Mena indicó que la transparencia estará garantizada en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, la cual estará encabezada por Raquel Buenrostro, por lo que hay certeza de que se combatirá la corrupción.

En su turno, Miguel Ángel Riquelme Solís, del PRI, consideró que esta reforma tiene muchas “falacias”, porque se justifica en algunas causas que pueden sonar y ser válidas como evitar la duplicidad de funciones, buscar la austeridad y mejor administración de recursos públicos, pero en el fondo esconde graves afectaciones al Estado de Derecho y busca acabar con cualquier riesgo de oposición al Poder Ejecutivo.

Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, lamentó que se estén destruyendo instituciones bajo el argumento de la austeridad y la eficiencia, cuando en la realidad lo que buscan es la opacidad total y la eliminación de cualquier contrapeso al poder “desmedido” que codician, sin rendir cuentas y sin que nadie les cuestione. Dijo que con esta reforma una vez más se atenta contra la democracia mexicana.

En tanto, Miguel Pavel Jarero Velázquez, de Morena, dijo que esta reforma busca transferir las funciones de los órganos autónomos y reguladores a la Administración Pública Federal con la intención de que haya mayor eficiencia, espacios más eficaces, transparencia y rendición de cuentas.

Asimismo, afirmó que los derechos de los trabajadores que laboran en dichas instituciones están a salvo.

 

cambio22chetumal@gmail.com

JFCB

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