mayo 18, 2024 12:08

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Renán Castro Madera, Director General

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  • El secretario de la Defensa Nacional, Cresencio Sandoval, alertó mediante una carta al Fiscal Alejandro Gertz, sobre la designación en la Subprocuraduría que investiga a criminales de un ex escolta de AMLO que estuvo preso acusado de proteger a un cártel de la droga. Uno de los delincuentes que lo acusó es el narcotraficante Sergio Villarreal “El Grande”, el mismo que en 2023 fungió como uno de los testigos principales en el juicio contra García Luna en Nueva York.


 

 

Redacción/CAMBIO 22

Los tres correos fueron enviados con menos de una hora de diferencia el 12 de septiembre de 2019. La urgencia para que los oficios surgidos de la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional llegaran a manos del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, era notoria.

Homero Mendoza Ruiz, entonces jefe del Estado Mayor, envió los correos a su equipo de ayudantía tan pronto comenzó el día. Adjunto en uno de los correos, se encontraba un oficio que el general secretario, Luis Cresencio Sandoval, remitía al fiscal Gertz Manero.

Y en él, una advertencia: el recién nombrado titular de la Subprocuraduría Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alfredo Higuera Bernal, habría designado como director del Cuerpo Técnico de Control a un militar en retiro que era señalado de tener vínculos con el Cártel de los Beltrán Leyva en las bases de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

¿Su nombre? Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, uno de los militares en retiro que integraban el equipo de seguridad del presidente López Obrador durante su campaña en 2006.

Equipo que fue encabezado por el actual director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata.

Carta del General Secretario Luis Cresencio Sandoval dirigida al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero.

Dentro de la estructura orgánica de la FGR, el Cuerpo Técnico de Control (CTC) es una unidad especializada dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO, antes SEIDO). Su función es ejecutar los mandatos de la autoridad judicial en materia de intervención de comunicaciones privadas, extracción de información y localización en tiempo real de líneas telefónicas asociadas a equipos móviles.

En resumen, el CTC es una de las pocas unidades en el país que están facultadas legalmente para intervenir dispositivos móviles con la autorización de un juez federal.

La información anexada por el secretario Cresencio Sandoval alertaba que, en las bases de datos de la SEDENA, existen reportes que indican que el exintegrante del equipo de seguridad de López Obrador, Silvio Hernández Soto, habría dado protección a los Beltrán Leyva –entonces parte del Cártel de Sinaloa– desde el año 2007.

Los documentos enviados por la Secretaría de la Defensa Nacional y recibidos por la Fiscalía General de la República contenían el siguiente documento pormenorizado con los antecedentes del recién nombrado director del CTC:

Antecedentes delictivos del Tte. Cor. Cab. Ret. Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto.

Investigaciones periodísticas publicadas el pasado martes 30 de enero por la agencia alemana Deutsche Welle, el sitio estadounidense Propublica y la organización InSight Crime, mencionan que desde 2010 la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) recabó testimonios sobre la presunta entrega de 2 millones de dólares del Cártel de los Beltrán Leyva a la campaña de López Obrador en el 2006, año en el que Silvio Hernández Soto formaba parte del equipo de seguridad del hoy presidente. Los tres reportajes citaron como informante de la DEA a Salvador López Nájera, alias “Jennifer”, quien fue miembro del cártel de los Beltrán Leyva.

El reportaje de Propublica menciona que en una grabación clandestina realizada en mayo de 2011, el ex chofer de AMLO, Nicolás Mollinedo, le dijo a un informante de la DEA que estaba preocupado porque dos miembros del equipo de seguridad de López Obrador en la campaña del 2006 habían sido detenidos en México y temía que fueran presionados para revelar que tenían conocimiento de las aportaciones del narcotráfico.

Sin embargo, el único exintegrante del equipo de seguridad de AMLO detenido en esa fecha era Marco Antonio Mejía López, a quien la PGR detuvo en febrero de 2009 por cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud por supuestamente trabajar para el Cártel de Los Zetas.

La detención de Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, de quien, ahora se sabe, Luis Cresencio Sandoval alertó al fiscal general Alejandro Gertz Manero por sus presuntos vínculos con los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa, se dio hasta mayo de 2012.

En distintas entrevistas realizadas a partir de la publicación del reportaje de Propublica, Mollinedo negó haber recibido dinero del crimen organizado para la campaña presidencial de 2006 y calificó los señalamientos que lo involucran como parte de una campaña sucia que intenta dañar la imagen del Presidente López Obrador en el actual año electoral.

Las razones de la alerta del general Sandoval

El oficio en el que el general Luis Cresencio Sandoval alertó al fiscal Gertz Manero sobre el nombramiento de Hernández Soto como director del CTC tuvo un detonante.

El 11 de septiembre de 2019, un día antes de enviar el oficio al fiscal general, el secretario Luis Cresencio Sandoval recibió un informe clasificado como “secreto” del entonces subjefe de Inteligencia del Estado Mayor, el General de Brigada Inocente Fermín Hernández Montealegre.

En el informe, Hernández Montealegre reportaba a Sandoval sobre los pormenores de una reunión que había tenido el 9 de septiembre de 2019 con el recién nombrado subprocurador de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal. El motivo de la reunión entre Hernández Montealegre e Higuera Bernal era discutir quién sería el militar en activo –o en retiro– que supliría al coronel José Sigifredo Valencia Rodríguez, quien desde el 2015 dirigía el Cuerpo Técnico de Control de la PGR.

Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la SEDENA extendió su control sobre otras instituciones civiles y la Procuraduría General de la República no quedó exenta de la expansión castrense.

A través de militares en retiro y militares adscritos al Grupo de Análisis de Información Contra el Narcotráfico (GAIN) –dependiente de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor–, la SEDENA asumió la dirección del Cuerpo Técnico de Control, desde donde entonces controla y opera las intervenciones telefónicas que autoriza el Poder Judicial a la FGR.

El subjefe de Inteligencia del Estado Mayor le informó al secretario Luis Cresencio Sandoval que el subprocurador de la SEIDO, Alfredo Higuera Bernal, había aceptado dar continuidad para que las vacantes generadas en el CTC fueran cubiertas por personal militar “con el mismo grado de profesionalismo y fiabilidad de los antes nombrados”.

Sin embargo, hubo un párrafo que prendió las alertas del general secretario:

En dicha reunión, el Lic. Higuera manifestó que por indicaciones del Director del Cnto. Nal. de Intl,. se nombró al C. Tte. Cor. Cab. Ret. Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto como Dir. del C.T.C.F.G.R. en sustitución del Tte. Cor. Valencia Rodríguez, agregando que el Jefe Hernández Soto es una persona allegada al C. Gral. Secretario de la Defensa Nacional.

Lo reportado no dejaba lugar a interpretaciones. Hernández Montealegre le informaba al general secretario que, de acuerdo con lo dicho por el subprocurador de la SEIDO, la indicación de designar a Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto como director del CTC provino directamente del director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata.

La intervención de Audomaro Martínez en el nombramiento del director del CTC contravendría el artículo 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Estructura Orgánica de la FGR, que establecen que el Cuerpo Técnico de Control es una unidad dependiente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Acuerdo.

 

Años atrás, en 2006, Hernández Soto había estado bajo las órdenes de Audomaro Martínez Zapata cuando éste último era el encargado del equipo de seguridad del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

En mayo de 2012, durante las campañas presidenciales de ese año, Hernández Soto fue detenido por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva.

Tras ser cuestionado por la prensa sobre la detención de Hernández Soto, Audomaro Martínez tomó distancia de quien había sido su subordinado en 2006:

“Yo lo conocía bien (desde 1998), lo jalé a trabajar aquí, después se fue a Sinaloa y a Veracruz. Mientras estuvo aquí (en el equipo de seguridad de AMLO) estuvo limpio de cualquier acusación. Lo que haya hecho después no es mi problema”, declaró en aquella ocasión Audomaro Martínez.

Casi catorce años después, Audomaro Martínez Zapata, ya como director del Centro Nacional de Inteligencia, le habría dado “indicaciones” al subprocurador de la SEIDO para designar a su excolaborador como director del Cuerpo Técnico de Control, una de las áreas más estratégicas para el combate contra la delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República.

Una razón más de preocupación para Cresencio Sandoval: según los documentos militares, Higuera Bernal habría afirmado en la reunión con el subjefe de Inteligencia del Estado Mayor que Hernández Soto era “una persona allegada al C. Gral. Secretario de la Defensa Nacional”.

Es por este motivo que, en su carta dirigida al fiscal Alejandro Gertz Manero, el secretario de la Defensa Nacional se deslindó del exintegrante del equipo de seguridad del presidente López Obrador:

“Cabe mencionar que el suscrito no mantiene ninguna relación de tipo personal con el referido Teniente Coronel y mucho menos algún interés en recomendarlo para desempeñar un cargo público, por lo que la relación entre el citado Jefe y esta Secretaría es estrictamente institucional, por ser un militar en situación de retiro”.

El informe del entonces subjefe de Inteligencia no lo menciona, pero el subprocurador Higuera Bernal también fue superior jerárquico de Hernández Soto entre 2008 y 2011, cuando Higuera encabezaba la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa y Hernández Soto dirigía la Policía Ministerial del Estado.

En 2007, cuando Higuera Bernal ocupaba el cargo de subprocurador regional de la procuraduría sinaloense, fue señalado por la revista Proceso de asistir a la boda de Joaquín Guzmán Loera y Emma Coronel Aispuro en una comunidad serrana del Triángulo Dorado en Durango. Algo que el propio Higuera ha negado en reiteradas ocasiones.

En resumen: tanto el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez Zapata, como el subprocurador de la SEIDO (ahora FEMDO), Alfredo Higuera Bernal, fueron, en algún momento, superiores jerárquicos de Silvio Hernández Soto.

Y ambos habrían buscado su designación al frente del Cuerpo Técnico de Control de la FGR.

La detención del ex escolta, por acusaciones del testigo de la DEA

Seis años después de haber formado parte del equipo de seguridad de López Obrador durante la campaña presidencial del 2006, Silvio Hernández Soto fue detenido el 15 de mayo de 2012 por elementos de la policía ministerial de la Procuraduría General de la República e internado en el penal del Altiplano.

Su detención fue parte de la “Operación Limpieza” que la PGR, entonces encabezada por Marisela Morales, realizó por presuntos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva en contra de varios miembros del Ejército como el General Tomás Ángeles Dauahare, quien se desempeñó como subsecretario de la Defensa Nacional durante los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón.

Como parte de las investigaciones, la Procuraduría abrió la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, donde señalaba a Hernández Soto y a otros cuatro altos miembros de la SEDENA –entre ellos Ángeles Dauahare– de dar protección a los Beltrán Leyva y de ser responsables del delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer ilícitos contra la salud.

Las acusaciones de la PGR estaban sustentadas en una denuncia anónima y en las declaraciones de los testigos colaboradores ‘Mateo’ y ‘Jennifer’, quienes en realidad se trataban de dos miembros del cártel de los Beltrán Leyva: Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’ y Roberto López Nájera, el primero de ellos sentenciado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y uno de los principales testigos de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

El caso no llegó a juicio. Cinco meses después del arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia, la falta de pruebas que permitieran corroborar las acusaciones de ‘El Grande’ y López Nájera orilló a la PGR a retirar los cargos contra el teniente en retiro Silvio Hernández Soto y los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe González.

A pesar de que en México fue absuelto y liberado, el general Luis Cresencio Sandoval decidió alertar en 2019 al fiscal Gertz Manero sobre las sospechas que la SEDENA aún tiene sobre los presuntos nexos de Silvio Hernández Soto con el narcotráfico e incluyó reportes, hasta ahora inéditos, que se encuentran en los archivos castrenses.

De acuerdo con el anexo que el secretario Sandoval hizo llegar al fiscal Gertz Manero, López Nájera (‘Jennifer’) declaró que Hernández Soto, ya como militar retirado, le presentó en febrero de 2007 en el restaurante del Campo Marte a otro militar –cuyo nombre no se menciona– para que lo ayudara a gestionar el aterrizaje de aeronaves cargadas de droga en el aeropuerto de Cancún.

Los archivos internos de la SEDENA también revelan que, el 12 de julio de 2008, personal militar detuvo en Culiacán, Sinaloa, a Erick Alonso Rivas Ríos “El Pollo”, responsable de una célula de sicarios del Cártel de Sinaloa. Tras su detención, Rivas Ríos manifestó que el director de la Policía Ministerial del Estado –que en aquel entonces era Hernández Soto– “se encontraba cooptado por el Chapo Guzmán”.

En otro hecho, el 17 de septiembre de 2009 personal de las Fuerzas Especiales del cuerpo de la Policía Militar detuvo en Culiacán a un sujeto en posesión de un vehículo blindado, un arma corta y un cuaderno de apuntes, en donde se localizaron cuatro hojas de cuaderno sueltas con diversos datos y nombres de autoridades, entre ellos el de Silvio Hernández Soto.

El ex escolta estuvo asignado a la Guardia Nacional

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) pudo corroborar que, al menos desde octubre de 2021, el actual director del Cuerpo Técnico de Control de la FGR es Héctor Gerardo Rubio Gurrola, un Mayor de Infantería adscrito a la Subjefatura Operativa del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

MCCI solicitó a la FGR –vía transparencia– conocer si Silvio Hernández Soto asumió la dirección del CTC a pesar del alertamiento del secretario de la Defensa Nacional. Y, en caso de que así haya sido, conocer la fecha en la que la asumió la dirección del CTC y su fecha de terminación en el cargo.

La Fiscalía reservó la información argumentando que divulgarla volvería identificables a los servidores públicos y pondría en riesgo su integridad, así como a la operatividad de la institución.

Un amparo presentado por Hernández Soto en julio de 2021 revela que ocupó un cargo en la Guardia Nacional tras su intento de nombramiento como director del CTC de la FGR.

El amparo fue presentado después de que la Guardia Nacional lo obligara a presentarse a trabajar durante la pandemia a pesar de que Hernández Soto padece hipertensión arterial sistémica y, en consecuencia, forma parte de un grupo vulnerable.

MCCI solicitó a la Guardia Nacional conocer los cargos que Hernández Soto ha desempeñado, pero también se negó a otorgar la información bajo el mismo argumento de la FGR: hacerlo implicaría un riesgo para la integridad de los funcionarios y la operatividad de la institución. Por lo tanto, se desconoce si permanece como funcionario público.

 

 

Fuente Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

[email protected]

AFC

 

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