Juan Jo Sánchez/CAMBIO 22

Bloqueos, gases lacrimógenos, una patrulla en llamas y una familia llorando a su hijo muerto. Así amaneció la capital de Quintana Roo, un pueblo que ya no exige justicia, sino una explicación que no apeste a mentira oficial. Un joven murió bajo custodia policial y otro permanece detenido mientras la versión oficial se desmorona frente a la furia ciudadana. Las autoridades, fieles a su manual, intentan disfrazar el abuso criminalizando a las víctimas. Y por eso, estimado amigo, como ya sabes Mi Pecho No Es Bodega, en estas líneas te lo cuento.

Una patrulla en llamas ilumina la noche. No es el fuego lo que quema, sino el coraje. Una familia llora desconsolada mientras, en su mirada, el eco de una pregunta retumba: ¿Cómo llegó todo hasta aquí? Una vida arrancada, otra en riesgo, y un pueblo que, cansado de pedir justicia, exige algo más básico: la verdad. No una de esas verdades oficiales que huelen a mentira, sino una que pueda sostenerse frente al espejo.

La muerte de un joven bajo custodia policial sacudió la aparente calma. La versión oficial, esa que nació desde la mentira, busca maquillar el abuso con la criminalización de las víctimas. “Eran peligrosos”, dicen. “Estaban vinculados al crimen organizado”. Pero la comunidad, esa que los vio crecer, no se queda callada. “Quieren justificar lo injustificable”, responden. Aquí no se trata de culpabilidades; se trata de humanidad.

El dictamen del Semefo habla de asfixia. Sin disparos, pero con golpes. Parece un eufemismo médico para disfrazar lo que en la calle todos llaman por su nombre: tortura. ¿De verdad pretenden que nos traguemos que alguien simplemente “dejó de respirar” en custodia policial? Esta narrativa ofende no solo a la inteligencia, sino también a la dignidad. Porque si algo sabemos todos —y el sistema también lo sabe— es que, en México, la tortura no solo vive, sino que manda.

Mientras las lágrimas corren, el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, opta por un silencio que no es prudencia, sino desprecio. Su ausencia es un recordatorio de la desconexión de quienes tienen en sus manos el poder de cambiar las cosas, pero eligen protegerse entre sus cuatro paredes. No hay palabras, no hay explicaciones, no hay asomo de empatía.

Y es que, aunque el sistema nos vende la idea de que todos los ciudadanos somos iguales, casos como este desnudan la mentira. Los derechos humanos no son papel decorativo, pero en México parecen ser opcionales. ¿La Constitución? Bien, gracias. Todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario… salvo si el Estado decide que no vale la pena respetarlo.

 

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En lugar de actuar con transparencia, la PEP blindó su cuartel con fuerzas federales. ¿Qué temen realmente? No son los “ataques” de los que hablan en sus comunicados; es el escrutinio. Es la posibilidad de que otros abusos, enterrados en carpetas polvosas, salgan a la luz. Porque la muerte de este joven no es un hecho aislado; es un síntoma de una enfermedad sistémica que carcome la confianza ciudadana.

El pueblo quemó una patrulla porque entendió algo fundamental: cuando el Estado no responde, el miedo se convierte en rabia, y la rabia, en acción. Nadie debería tener que incendiar una patrulla para ser escuchado. Nadie debería tener que llorar frente a una tumba mientras las autoridades diseñan coartadas en lugar de soluciones.

 

¿Qué sigue?

Más allá del duelo, este caso abre una herida legal y social que exige atención inmediata. Desde la perspectiva jurídica, la muerte bajo custodia policial es una violación brutal a derechos básicos: el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso. Estas no son concesiones, son garantías. Pero cuando quienes deberían protegerlas son los primeros en pisotearlas, el mensaje al ciudadano es claro: no estás seguro, ni siquiera frente a quienes deberían cuidarte.

Desde lo social, Quintana Roo no solo pide justicia, exige dignidad. ¿Qué hacemos cuando el sistema parece diseñado para ignorar? ¿Qué nos queda cuando el Estado, en lugar de ser un garante de derechos, se convierte en una máquina de simulación?

El camino hacia la justicia no se pavimenta con excusas oficiales ni con investigaciones a medias. Requiere acción real: castigar a los responsables, limpiar las instituciones podridas y, sobre todo, restablecer la confianza en un sistema que, hoy por hoy, parece diseñado para fallar. Pero, para eso, se necesita algo más que leyes escritas y discursos huecos. Hace falta voluntad, y en México, la voluntad institucional es un lujo escaso.

Mientras las cenizas de la patrulla se enfrían, el pueblo deja claro que no olvidará. Porque, cuando la justicia calla, las llamas gritan. Y esas llamas, tarde o temprano, iluminarán las verdades que hoy el poder intenta esconder.

Por cierto… ¿Todo bien desde Madrid? ¿Cómo nos va en la promoción turística?, Solo recuerden que Chetumal, también es pueblo.

 

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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