• El Sector Agroalimentario Español Teme De Nuevos Aranceles Y Barreras Comerciales Que Afecten Sus Exportaciones A Estados Unidos, El Principal Mercado Fuera De La Unión Europea, Poniendo En Riesgo La Competitividad De Los Productos Españoles En América.

 

Redacción / CAMBIO 22

La indiscutible victoria de Donald Trump en las elecciones celebradas en Estados Unidos la semana pasada no ha dejado muy tranquilos a los exportadores de productos agroalimentarios, un sector que ya sufrió los aranceles impuestos en su anterior mandato, con la aceituna negra de mesa como caso más notorio. El indisimulado proteccionismo del presidente estadounidense constituye un motivo de preocupación real para esas empresas y, en consecuencia, también para los agricultores y ganaderos que las abastecen.

Estados Unidos es el primer mercado de destino para los alimentos y bebidas de España fuera de la Unión Europea (UE) y el séptimo socio comercial en valor: solo en 2023 las exportaciones sumaron 2.747 millones de euros. Y la industria agroalimentaria todavía tiene el recuerdo reciente de los aranceles adicionales que la Administración Trump comenzó a aplicar en 2019 por cerca de 7.000 millones de euros a 113 productos españoles en medio de la disputa con la UE por los subsidios a los gigantes aeronáuticos Airbus y Boeing. Aunque los aranceles fueron suspendidos en 2021 durante cinco años, todavía está pendiente su eliminación definitiva y siguen vigentes los aplicados a la aceituna negra de mesa. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha expresado este miércoles su confianza en que «el respeto a los acuerdos alcanzados en la Organización Mundial del Comercio y el diálogo entre las autoridades permitan unas relaciones comerciales equilibradas».

Según datos oficiales, el saldo comercial agroalimentario y pesquero es positivo para España, que en 2023 tuvo entre los productos más exportados a EEUU el aceite de oliva (640,5 millones de euros), el vino y el mosto (313 millones) y legumbres y hortalizas en conserva (192 millones). El director general de la Asociación española de la industria y el comercio exportador del aceite de oliva (Asoliva), Rafael Pico, ha destacado la importancia de un mercado en el que sus ventas se han incrementado en los últimos seis años en 100.000 toneladas, hasta las 430.000 actuales. Ha señalado que los aranceles impuestos durante el mandato de Trump hicieron que se perdiera el 80 % del aceite de oliva español en ese destino en beneficio de otros países productores.

Si bien la Administración del presidente saliente Joe Biden abrió un periodo de suspensión, «no ha habido avances en la negociación en los últimos tres años», según Pico. El directivo ve con «preocupación incrementada» la intención de Trump de retomar la agenda proteccionista, que perjudica en primer lugar al «consumidor internacional» porque supondrá mayores costes y menor acceso a ciertos productos.

Para el sector del vino, la victoria del republicano «abre una etapa de incertidumbre en la relación comercial entre Europa y EEUU», ha manifestado José Luis Benítez, el director general de la Federación Española del Vino (FEV), que agrupa a los bodegueros, también afectados por los aranceles en su primer mandato. «Esperemos que no se materialicen problemas como los de hace unos años y se puedan resolver las disputas comerciales con diálogo, puesto que al final la globalización del comercio del vino es un hecho», ha expresado Benítez. España es el cuarto país en el que más dinero gasta EEUU para comprar vino, con 364,4 millones de dólares (340,2 millones de euros), según el Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), cuyo director general, Rafael del Rey, cree que los aranceles respondieron entonces a motivos muy concretos (conflicto Airbus-Boeing) que «no tendrían por qué repetirse».

Firmeza.

Ante esta situación, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha mostrado su preocupación a causa de las promesas realizadas en campaña electoral sobre los aranceles y pide firmeza a la UE en las negociaciones que haga con ese país. La organización agraria, tras haber realizado un estudio sobre la balanza comercial en agroalimentación con Estados Unidos, quiere llamar la atención sobre la importancia de los productos estratégicos a nivel nacional que, además, son los que más se exportan allí y, por ende, los que pagarían los platos rotos de un aumento arancelario.

La organización agraria recuerda que una de las promesas electorales de Trump en su campaña de proteccionismo es la imposición de un arancel del 10% a todos los productos provenientes de la UE, sin importar el origen, con el objetivo de fomentar la fabricación propia. Esta medida, acompañada de otras muchas para otros países,          -especialmente agresivas con China y México- afectaría de lleno a productos como el aceite de oliva, que representa un 29,5% del total agroalimentario que se exporta a Estados Unidos, con ventas de más de 739 millones de euros en 2023; al vino, que alcanzó los 313 millones de euros en 2023; y a las conservas de vegetales y frutas, que representan un 13,2% del total que sale hacia el país norteamericano.

Unión de Uniones insta a la Comisión Europea a negociar y agotar todas las vías, pero le pide contundencia y agilidad en los trámites para conseguir que el impacto sea el mínimo posible, evitando procesos largos como en el caso de la aceituna de mesa ante la OMC, a la que aún se siguen aplicando aranceles punitivos del 31%. Asimismo, propone buscar mercados alternativos y aliarse, llegado el caso, con países terceros que puedan encontrarse en la misma situación.

En este sentido, la organización cree que la UE debería recordar a la Administración Trump que emprender una guerra comercial tendría negativas consecuencias para ambas partes, pero que la UE puede también adoptar medidas parecidas con productos que también tienen un valor estratégico para Estados Unidos, como las almendras; pero también en productos de automoción, tecnología, alcohol o bienes de lujo. Incluso podrían establecerse barreras arancelarias a la soja norteamericana si la UE asegurarse su suministro desde otros grandes productores como Brasil y no se afectase negativamente al mercado de piensos de la UE.

«Tenemos que estar muy vigilantes con este tema y no sólo en lo referido exclusivamente a la alimentación porque ya sabemos que Trump cambia aviones por aceitunas sin que le tiemble el pulso», comentan desde Unión de Uniones. «Es importante que la UE sea capaz de lidiar con esta situación y negociar de la mejor forma posible para que la agroalimentación no sea moneda de cambio», concluyen en la organización.

Mercosur.

Si la nueva presidencia de Estados Unidos preocupa, más al sur en el mismo continente las cosas no tienen mejor aspecto para el sector agroalimentario español. El más que posible acuerdo Unión Europea (UE)-Mercosur no tranquiliza precisamente a agricultores y ganaderos y de momento no se vislumbra un final claro. Mientras que en España el ministro Planas no tiene inconveniente en que la UE firme el pacto, Francia está trabajando «activamente» para reunir a otros países europeos y activar un mecanismo de veto que impida la aprobación del acuerdo de libre comercio, al que se opone «frontalmente» porque lo considera muy nocivo para sus agricultores. La ministra francesa de Agricultura, Annie Genevard, señaló este viernes que su país está tratando de convencer de la constitución de ese dispositivo de veto a «un máximo de países» y citó a Bélgica, Bulgaria, Austria, Irlanda y «tal vez Italia».

Lo cierto es que mientras aumenta la presión sobre los negociadores de la UE para cerrar el acuerdo con Mercosur debido a la tormenta perfecta que afecta a los fabricantes de automóviles inundados por los productores chinos, este acuerdo sigue siendo antagónico con los intereses agrícolas de la Unión Europea y contrarrestaría la mayoría -si no todos- los esfuerzos de los productores comunitarios en el difícil camino de la transición climática.

No solo socavaría las principales cadenas de valor agrícolas de la UE, sino también, tal y como está planteada, la coherencia política y la alineación de las políticas de Comisión. Un fondo específico estaría lejos de ser suficiente para compensar sus impactos económicos teniendo en cuenta el poder de fuego del sector agroindustrial del Mercosur, por no hablar de los efectos perjudiciales sobre la Amazonia, los pulmones del planeta. Por ello, la organización Farm Europe lamenta el recientemente renovado compromiso del comisario de Comercio Šef?ovi? de avanzar en las conversaciones con Mercosur y considera que no se dan las condiciones para incluir la agricultura en este acuerdo.

Los acuerdos de libre comercio pueden ofrecer importantes oportunidades para la economía de la UE, pero siempre y cuando se tengan debidamente en cuenta los principios de reciprocidad, en particular para la agricultura comunitaria. Estas condiciones no se cumplen y están lejos de alcanzarse en las negociaciones con Mercosur.

 

Deforestación y plaguicidas.

La Unión Europea ha sufrido una reducción de más de 10 millones de hectáreas de su superficie agrícola en las tres últimas décadas (lo que equivale a dos tercios de la superficie agrícola de Polonia) y sus bosques han ganado 12 millones de hectáreas. Mientras tanto, Brasil perdió 90 millones de hectáreas de superficie forestal. Y la UE se ha convertido en el segundo mayor importador de deforestación tropical y emisiones asociadas (16% de la deforestación tropical vinculada al comercio internacional). Se calcula que en los últimos 30 años las importaciones comunitarias han causado más de 11 millones de hectáreas de deforestación, según Farm Europe.

Además, el uso de plaguicidas peligrosos ha disminuido más de un 25% en la UE en menos de 10 años. Sin embargo, en la zona del Mercosur, el aumento de las superficies cultivadas con soja, maíz y caña ha provocado un incremento significativo del uso de plaguicidas. Sólo en Brasil, el volumen de fitosanitarios vendidos se cuadruplicó de 2000 a 2020. Pero no se trata solo de cantidad: el 27% de los productos utilizados en Brasil en 2020 estaban prohibidos en la UE. El clorotalonil, un fungicida, fue prohibido en la UE desde 2019, y un insecticida como el Novaluron fue prohibido en 2012. Estos son solo algunos ejemplos.

En ganadería, desde los años 80 la Unión Europea estableció la prohibición de utilizar hormonas de crecimiento en el ganado; esta prohibición se ha reforzado varias veces en los años 90 y en 2006 con la exclusión de los antibióticos utilizados como promotores del crecimiento. En un informe de auditoría publicado recientemente sobre los controles de residuos de sustancias activas, plaguicidas y contaminantes en animales y productos animales, la Comisión Europea reconoció la necesidad de suspender las importaciones de bovinos procedentes de Brasil debido a la falta de garantías sobre el uso de hormonas. Hay que tener en cuenta que, aunque están prohibidas las importaciones desde la zona del Mercosur de carne cuya producción implique hormonas de crecimiento para el ganado, esta limitación se supera en parte mediante el uso de determinados antibióticos como promotores del crecimiento, alertan desde Farm Europe.

Esta organización pide, en definitiva, ser creíbles en la lucha contra la deforestación con una aplicación sencilla y sólida del Reglamento comunitario sobre este asunto para los países de alto riesgo (que ya han mostrado su disconformidad), evitando al mismo tiempo las cargas administrativas para los países de riesgo bajo o nulo, en particular para los productores de la UE; y proteger nuestra agricultura y ganadería contra la competencia desleal, no solo en lo que se refiere a la seguridad de los consumidores, sino también en términos de normas medioambientales, con plena reciprocidad en los requisitos de producción.

 

Fuente: La Tribuna de Ciudad Real

redaccion@diariocambio22.mx

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