El Problema de México No Son las Instituciones, Sino la Clase Política que Se Reubicó en MORENA

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Al pueblo de México, por décadas le ha costado mucho presupuesto, aprendizaje a base de prueba y error, para arrancarle por medio de la fuerza, la presión social y política, nuevas instituciones a la clase política gobernante; porque la nueva administración pública, los órganos autónomos ciudadanizados, la obligación de que toda autoridad rinda cuentas e informe con transparencia sobre sus acciones, no fueron concesiones voluntarias, en todo momento la ciudadanía se tuvo que movilizar para que el Estado mexicano fuera creando nuevas instituciones, las cuales fueron impulsadas por las necesidades de la sociedad.

Cada institución que operaba en México antes del primero de diciembre de 2018 tenía como antecedentes una larga historia de luchas políticas y sociales del pueblo mexicano, que en muchas veces tuvieron que pagarse con vidas humanas, como fue por ejemplo la exigencia para crear con autonomía del Poder Ejecutivo Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la búsqueda de personas desaparecidas por el Estado, fue uno de los motores para que ese organismo se fundara, pero ahora es la misma su misma presidenta, Rosario Piedra Ibarra quien se encarga de boicotear la función social y los antecedentes históricos de esa institución.

He sostenido, que la 4T llegó al poder porque el pueblo de México quería un cambio de régimen político, exigía que las instituciones se perfeccionaran, fueran eficientes, que los recursos públicos se usaran para beneficiar a los más necesitados y para que el país se desarrollara de manera integral, pero Andrés Manuel López Obrador, en lugar de respetar las exigencias del pueblo se dedicó a destruir instituciones con el argumento que estaban llenas de corrupción, pero tampoco construyó políticas públicas diferentes, solo destruyó y la corrupción continuó en su gobierno, como pruebas está SEGALMEX y el Tren Maya.

Ahora que MORENA y sus aliados está destruyendo instituciones que le apostaban a la transparencia y a la rendición de cuentas, debemos hacer un llamado de alerta para cuidar lo que aún queda de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), un órgano del Poder Legislativo Federal, pero que poco a poco le han ido quitando los pocos dientes que tenía.

En un periodo de transición como el que ha vivido México, al cambiar en el gobierno de un partido político a otro, aunque con los mismo personajes, no se debió destruir instituciones, sino reconstruirlas, porque la experiencia de los últimos años no ha demostrado que cerrar organismos y fideicomisos para concentrar los recursos en las manos del presidente de la república no fue la solución, la administración de AMLO se acabó el dinero, desvió recursos de salud y educación para sus proyectos personales y la corrupción solo cambio de nombre, los corruptos ya no son del PRI, PAN y PRD, ahora son de MORENA, del PVEM y del PT.

Expongo lo anterior porque la simulación, el doble discurso, el tráfico de influencias, el conflicto de intereses han sido parte esencial para paralizar las facultades de instituciones como es el caso de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, donde la clase política gobernante de la entidad, decidió que su titular sea Miguel Zogby Cheluja Martínez, a pesar que administrativa, política y éticamente, era incorrecto, por su pasado reciente como tesorero municipal en el Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Pero lo más ridículo y cínico de su parte, es que a pesar de que fue nombrado en el cargo sin tomar en cuenta los conflictos de intereses, auditó la administración de recursos que el mismo encabezó como tesorero y se autolibró de toda responsabildiad.

Sin embargo, al llegar la revisión de programas federales 2023 a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) resultó con exigencias de aclaración, observaciones y reintegros a la tesorería federal por 16 millones 98 mil pesos al ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Pero como lo dice en su amplia publicación el periódico Cambio 22, “el área de la administración pública que aparece como principal revisada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la Tesorería Municipal, que en ese año encabezaba Miguel Zogby Cheluja Martínez, mismo que, a pesar del evidente conflicto de intereses existente, fue promovido por el gobierno de Quintana Roo al cargo de Auditor Superior del Estado”.

También hay que resaltar lo que expone Cambio 22 al advertir que como auditor superior, “ha quedado patente que parte de las tareas de Cheluja Martínez son tapar y maquillar sus propias faltas como administrador; las de su exjefa, Yensunni Martínez Hernández; y las de otros alcaldes, alcaldesas y excabezas de ayuntamientos pertenecientes a la alianza Morena-PVEM, pues a todos éstos los aprobó en la fiscalización local, sin reportar las irregularidades que sí informó la ASF en los casos en que revisó los mismos fondos federales en auditorías a las obras públicas…”.

Si las administraciones morenistas están repitiendo los mismos vicios que los gobiernos priistas y panistas, la destrucción de las instituciones es un costo muy alto que tiene que pagar el pueblo de México, porque el problema no eran las instituciones, sino la clase política que se reacomodó en MORENA y prueba de ello es la mezcla de priistas, panistas y perredistas que conforma su directorio y que se quedaron con los puestos de elección popular y en los gobierno, que le correspondían a los auténticos fundadores de MORENA.

Felipe Carrillo Puerto

La Auditoría Superior de la Federación hizo su trabajo y revisó las cuentas públicas 2023 de los programas federales que administraron los 11 municipios de Quintana Roo y el quinto lugar con pendiente ante la Federación en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, que preside la morenista Maricarmen Candelaria Hernández Solís.

Entre las observaciones se consideran probables daños a la hacienda pública por aclarar de 9 millones 994 mil pesos, correspondientes a 513 mil 224 pesos del Faismun y 9 millones 481 pesos en participaciones federales, estos últimos incluyendo una denuncia por responsabilidad administrativa, debido a irregularidades en adquisiciones.

Entre las conclusiones de la ASF se estableció que la administración municipal de Felipe Carrillo Puerto, “no realizó una gestión eficiente de los recursos de las Participaciones Federales a Municipios 2023”.

Esas erogaciones ya habían sido auditadas por la institución que dirige Miguel Cheluja Martínez, pero determinó que no había irregularidades y liberó al gobierno de Hernández Solís de responsabilidades, pero la ASF dice lo contrario.

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