El Precio de Proteger la Laguna, ¿Sobrerregulación o Negocio Disfrazado de Altruismo?

Miguel Ángel Fernández/ CAMBIO 22

BACALAR, 18 de noviembre.- La Laguna de los Siete Colores y sus estromatolitos, se han convertido en el epicentro de un debate que va más allá de la conservación ambiental. Por más de 14 años, grupos ajenos han buscado que Bacalar obtenga un estatus especial de conservación que impediría su desarrollo, una propuesta que ha generado desconfianza entre habitantes, académicos y activistas locales.

Desde 2011 iniciaron los intentos controlar el desarrollo de la Laguna de Bacalar, que se mantienen hasta la fecha con la nueva propuesta de crear una Ley de Estromatolitos.

En 2011 se propuso decretar un polígono de 5 mil hectáreas como Ramsar, en 2014 se propuso un corredor transversal costero, en 2020 declarar hábitat critico a la Laguna de Bacalar, mientras que, en 2017, 2020 y 2023 se buscaba la declaración de una Área Natural Protegida.

Aunque ninguna de estas iniciativas prosperó, la polémica se intensificó este año con la propuesta la investigadora Luisa Isaura Falcón Álvarez, ante la Cámara de Diputados para crear una figura jurídica que proteja los estromatolitos de la laguna.

Aunque los estromatolitos representan un patrimonio natural, críticos cuestionan los motivos y fundamentos detrás de su iniciativa. Entre los argumentos más sonados, se señala que la propia investigadora podría haber incurrido en una autocertificación de sus estudios sobre el impacto ambiental en Bacalar, levantando suspicacias sobre posibles conflictos de interés.

La comunidad científica también está dividida. Un estudio de 2022 del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), avalado inicialmente por la misma Falcón Álvarez, concluyó que los estromatolitos de Bacalar “gozan de buena salud”, con una cobertura de tejido superior al 70% y diversidad microbiana robusta. Estas conclusiones contradicen su diagnóstico reciente, lo que genera dudas sobre la consistencia de sus afirmaciones.

Otra voz relevante en este debate es la especialista, María Luisa Villarreal Sonora, quien argumenta que los estromatolitos, lejos de ser frágiles, poseen una estructura resistente que les permite sobrevivir a condiciones adversas. Villarreal también cuestiona los discursos alarmistas que, según ella, buscan justificar un marco legal de protección sin el sustento científico adecuado, lo que podría encubrir intereses económicos ajenos a las comunidades locales.

La sospecha de intereses ocultos en torno a Bacalar no es nueva. Organizaciones como Agua Clara han destacado que las áreas de la laguna donde se encuentran los estromatolitos presentan la mayor pureza, sugiriendo que las actividades turísticas no representan una amenaza significativa. Sin embargo, detrás de estas propuestas de conservación, críticos señalan la posible gestación de un lucrativo negocio disfrazado de altruismo, similar a lo que ocurrió en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

El enfoque de Falcón Álvarez ha sido duramente señalado por sectores locales, quienes argumentan que no se han tomado en cuenta las necesidades y opiniones de las comunidades que dependen de la laguna para su sustento. Desde esta perspectiva, imponer un estatus de conservación sin consulta adecuada sería un acto que ignora la realidad socioeconómica de Bacalar y podría marginar aún más a los pobladores.

Las críticas también apuntan hacia la proliferación de fundaciones que, bajo el pretexto de la sostenibilidad ambiental, promueven políticas públicas que favorecen a élites corporativas y políticas, relegando a las comunidades locales. Esta dinámica, aseguran, no solo afecta el desarrollo local, sino que también desvía la atención de los problemas reales que enfrentan los ecosistemas.

En Bacalar, el debate sigue abierto. Lo que está en juego no es solo el futuro de una laguna, sino la forma en que se concilia la conservación ambiental con el desarrollo sostenible y la justicia social.

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