El Poder Judicial de Quintana Roo demanda ante la SCJN a la Gobernadora Mara Lezama y al Congreso del Estado

• Segundo acto de rebeldía de los togados contra la política de austeridad marista, pues también se han negado a bajarse sus insultantes sueldos

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 17 de febrero.- El Poder Judicial de Quintana Roo interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una demanda de controversia constitucional en contra de la gobernadora Mara Lezama, el Congreso y los ayuntamientos del estado, por haber aprobado y promulgado la reforma que elimina su irreductible presupuestal y permite reducirle su presupuesto anual, aprobada en diciembre del 2022.

Este es el segundo acto de rebeldía que muestra el poder encabezado por el magistrado Heyden Cebada Rivas contra la política de austeridad impuesta por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, pues primero se ha negado a bajar los insultantes sueldos de los magistrados y consejeros de la Judicatura, que son superiores a los 200 mil pesos mensuales y superan por mucho la percepción de la titular del Ejecutivo local, y pese a que el Congreso del Estado les señaló que es inconstitucional.

La demanda interpuesta, marcada con el número de expediente 27/2023, busca combatir la facultad del Congreso para reducir el presupuesto anual del Poder Judicial, y también se enderezó contra la facultad que la reforma otorgó a la titular del Ejecutivo para reducir los presupuestos de los poderes y los órganos autónomos en cualquier momento del año, después de autorizado el presupuesto, en caso de que lo considere necesario, una atribución que este espacio ya había advertido que contenía vicios de inconstitucionalidad.

La demanda de controversia constitucional fue presentada ante la SCJN el pasado 2 de febrero, por el magistrado Heyden Cebada Rivas en su calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y está dirigida contra los poderes Ejecutivo y Legislativo y los municipios de Quintana Roo, pero también contra la Secretaría de Gobierno y el Director del Periódico Oficial del Estado.

Como se trata de una controversia constitucional, se entiende que los magistrados del Poder Judicial de Quintana Roo consideran que la reforma incluyó disposiciones con las que el Congreso y el Ejecutivo del estado invaden su esfera de atribuciones, violando el principio constitucional de separación de poderes.

La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, dio cuenta de la recepción de la demanda y la turnó a una ministra, cuyo nombre fue reservado, para que sea su instructora, misma que primero revisará si cumple los requisitos formales, y en caso de no la deseche de plano, entrará al estudio de fondo.

En el acuerdo de ingreso, notificada por lista el 16 de febrero, se indica que la demanda de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia impugna lo siguiente: 

– Del Poder Legislativo de Quintana Roo, por medio de la XVII Legislatura, la aprobación del Decreto 007, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, en específico los artículos 67 y 109, así como la promulgación de éste en el Periódico Oficial del Estado el 6 de diciembre del 2022.

Cabe detallar que el artículo 67 es el que contiene la nueva facultad otorgada al Ejecutivo para reducir el presupuesto del Congreso y el Poder Judicial, así como de los órganos autónomos, en cualquier momento del año, después de aprobados, con el texto siguiente:

“Durante el ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles se podrán realizar ajustes a los presupuestos del Poder Judicial, el Poder Legislativo y de los órganos constitucionales autónomos durante el ejercicio fiscal que corresponda, con base en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y artículo 35 la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Quintana Roo”.

El caso del artículo 109, que se refiere al presupuesto del Poder Judicial, los que se reclama es la eliminación de la parte que decía: “El Presupuesto de Egresos para el Poder Judicial no será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior”.

– Del Poder Ejecutivo, la demanda reclama la promulgación del Decreto 007, con la reforma constitucional combatida.

– De la Secretaría de Gobierno, el refrendo del Decreto 007; y del Director del Periódico Oficial del Estado, la publicación del decreto. 

-De los municipios del estado de Quintana Roo, se reclama la aprobación tácita o expresa efectuada con relación al Decreto 007.

De esta forma, se abre la posibilidad de que la reforma constitucional que permite reducirle el presupuesto al Poder Judicial sea echada para abajo en lo que a este ente público compete, pero con la eventual consecuencia de beneficiar de rebote a los órganos autónomos, por lo menos en lo que se refiere a que el Ejecutivo pueda bajarles el presupuesto en cualquier momento del año.

Sin embargo, también deja en claro la postura de los magistrados del Poder Judicial respecto a la política de austeridad de la gobernadora Mara Lezama, a la cual se niegan desde el momento que mantienen los insultantes sueldos superiores a los 200 mil pesos mensuales, que por cierto se aumentaron en el 2020 y el 2021, en medio de la funesta pandemia del Covid-19, cuando miles de quintanarroenses se quedaron sin trabajo o con sueldos recortados y puestos en condiciones de hambruna.

franciscohcambio22@gmail.com

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