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• Despacho 14

 

• El Violento Oficio de Escribir

 

Alfredo Griz / CAMBIO 22

En Campeche, el poder dejó de ser un ejercicio de gobierno para convertirse en un instrumento de venganza. En manos de la gobernadora Layda Sansores, las instituciones judiciales, administrativas y electorales han sido torcidas para ajustarle cuentas a críticos, opositores y periodistas que osaron desafiarla. Lo que en otros tiempos se ocultaba en sótanos y pasillos, hoy se ejerce a plena luz del día: persecución judicial, castigos mediáticos y expropiaciones disfrazadas de actos de justicia social.

La política en Campeche se volvió un campo minado donde la disidencia cuesta caro. Aquí no basta con disentir: quien lo haga será llamado a juicio, humillado públicamente, silenciado o reducido a la ruina.

El periodista silenciado

Jorge González Valdez, veterano de la prensa campechana y exdirector del diario Tribuna, pagó el precio más alto por atreverse a escribir contra el poder. Una denuncia de la propia gobernadora lo llevó ante los tribunales, acusado de “incitación al odio” y “calumnia”. No fue un proceso cualquiera: un juez dictó medidas que parecían sacadas de un régimen autoritario.

A González se le prohibió ejercer el periodismo, su medio fue golpeado con sanciones, y el mensaje fue claro: en Campeche, la pluma que escribe contra Layda se quiebra. El castigo no fue sólo legal, fue simbólico: una advertencia brutal a toda la prensa local.

El miedo se propagó como pólvora. Directores de medios, columnistas y reporteros entendieron la señal: cada palabra crítica podría convertirse en una soga legal al cuello.

La humillación pública

No bastó con amordazar a un periodista. Layda Sansores fue más allá: tres comunicadores —Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali— fueron arrastrados a un tribunal electoral por opiniones lanzadas en un programa de análisis. El veredicto no fue económico ni penal, fue moral: ofrecer disculpas públicas a la gobernadora.

La escena era dantesca: periodistas obligados a inclinar la cabeza, a retractarse frente a la mujer que juró gobernar. La línea que separa la justicia del capricho se borró. Campeche asistió a un espectáculo de poder absoluto: el tribunal como látigo, el disidente como ejemplo, la vergüenza como sentencia.

Expropiaciones con nombre y apellido

La revancha de Sansores no se limita a periodistas. El enemigo político más visible, Alejandro “Alito” Moreno, dirigente del PRI, sintió en carne propia el filo del Estado. Predios vinculados a él y a su madre, Yolanda Cárdenas Montero, fueron expropiados bajo el argumento de utilidad pública.

El decreto no hablaba de venganza, pero el mensaje era transparente: Sansores se metió hasta las entrañas de su adversario, arrebatando propiedades que marcaron décadas de poder priista en Campeche. Detrás del lenguaje legal se escondía un ajuste de cuentas: despojar al enemigo de sus símbolos, de sus tierras, de su patrimonio.

El tribunal como arma

Las instituciones locales dejaron de ser árbitros para convertirse en armas políticas. El Tribunal Electoral del Estado de Campeche, que debería proteger la libertad de expresión, ordenó disculpas públicas a críticos de la gobernadora. Los jueces dejaron de impartir justicia: se convirtieron en verdugos, dictando resoluciones que huelen más a consigna que a imparcialidad.

Mientras tanto, otros procesos se acumulan: denuncias, demandas, medidas cautelares. La figura de la “violencia política de género” se ha utilizado no sólo como escudo legítimo, sino también como espada para cortar voces incómodas. Lo que debería ser una herramienta de protección se convirtió en garrote contra la crítica.

El clima de miedo

Campeche se hunde en un ambiente sofocante. Los periodistas se autocensuran, los políticos opositores callan o buscan blindarse con amparos, y la sociedad observa cómo la gobernadora gobierna a golpe de denuncia.

La intolerancia política ya no se esconde: se presume. Cada caso, cada proceso, cada disculpa pública se exhibe como trofeo. El mensaje que baja desde el Palacio de Gobierno es directo: en Campeche no hay adversarios, sólo enemigos a derrotar.

El rostro de la venganza

Layda Sansores no disimula. Su estilo político siempre fue el de la confrontación, pero ahora se transformó en un ejercicio de venganza institucional. La gobernadora gobierna con el garrote judicial en la mano y el aparato estatal como escudo.

Los nombres de las víctimas se acumulan: Jorge González Valdez, reducido al silencio; Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali, forzados a disculparse; Alejandro Moreno y Yolanda Cárdenas Montero, golpeados con expropiaciones. Todos distintos, todos con un factor común: se atrevieron a cruzar a Layda.

El nuevo rostro del autoritarismo

En Campeche, la democracia quedó reducida a simulacro. La crítica se castiga, la oposición se despoja, la prensa se calla. El poder ya no necesita espiar ni secuestrar: basta con usar jueces, tribunales y decretos.

La gobernadora convirtió al Estado en un campo de venganza. La intolerancia política ya no es sólo un rasgo personal: es la política misma. Layda Sansores no gobierna; ajusta cuentas. Y mientras tanto, Campeche paga el precio de un autoritarismo que se disfraza de legalidad.

 

 

 

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