Nicolás Durán de la Sierra/CAMBIO22
La resaca de estos días sacó a flote a un par de notorias figuras de las faunas política local y nacional; los dos, por diferentes razones, ejemplo son de lo que hay que desterrar del servicio público. Una es la de Juan Carrillo, un truhan que dejo en quiebra al Municipio Isla Mujeres; la otra es la de Samuel García, gobernador de Nuevo León, que es rutilante canalla en ascenso…
El avezado gobernador norteño de 34 años, casado con Mariana Rodríguez, influencer, modelo y encargada de las relaciones públicas de su marido, decidió “adoptar por un fin de semana” a un menor de la guardería del DIF, y subir al bebé a las redes sociales, disque para sensibilizar a la sociedad de lo fea que es la orfandad o, al menos, el vivirla bajo la tutela oficial.
Claro está, la batahola no se hizo esperar y, de entrada, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el propio DIF nacional iniciaron una investigación al respecto y la asociación Save The Children, a su vez, indicó que pudo haberse cometido el delito de trata de personas, pues el bebé enfermo de apenas cinco meses fue exhibido en las redes sociales con fines políticos y económicos.
El otro caso, si bien diferente, también refleja la pobreza moral de algunos de nuestros servidores públicos, por llamarles de alguna manera, porque políticos no son. Al expediente judicial de Juan Carrillo, el exalcalde de Isla Mujeres, se le sumó también la acusación del desvío de más de 24 millones de pesos que retuvo de la nómina municipal, pero no entregó al ISSSTE… para los empleados, una gran pérdida.
En bajeza, ambos sobresalen. La de uno, el exedil que despojo a más de 600 trabajadores de sus créditos, no es menor que el del gobernador que convirtió a un bebé en objeto de lucro político para él, y de dinero para ella, pues el video del niño enfermo “adoptado por un fin de semana” disparó los números de la influencer en sus redes sociales. Los dos son de una sordidez que asquea.
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