El magistrado Lima Carbajal revocó el Primer auto de Vinculación a Proceso por Violencia vicaria en Quintana Roo; La víctima Vive con Alto riesgo de Suicidio

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

En Quintana Roo, las mujeres enfrentan la violencia vicaria con una ley confusa e incompleta que genera más violencia en su contra, mientras que el Poder Judicial del Estado tiene juzgadores que carecen de los mínimos conocimiento de lo que es violencia de género, por lo que las víctimas siguen enfrentando violencia de sus parejas o exparejas y de las mismas instituciones.

El pasado 11 de mayo se conmemoró el Día Nacional contra la Violencia Vicaria, una fecha que pasó desapercibida para personas juzgadoras, fiscales y legisladores, así como para autoridades encargadas de diseñar y poner en marcha políticas públicas para combatir la violencia vicaria en el país, particularmente en Quintana Roo.

En Playa del Carmen se desarrolla una historia de violencia vicaria que describe a la perfección el nulo interés de las instituciones y el machismo de los juzgadores para atender esta problemática de manera eficiente y con enfoque de derechos humanos y perspectiva de equidad de género.

Grisel Balderas Jongitud es una mujer de 43 años originaria de San Luis Potosí y quien reside en Quintana Roo desde el 2009. Actualmente, se dedica a trabajos de cuidados activismo social. Sus hijos Matías y Carlo Nacieron en Playa del Carmen.

Desde 2010 conoció a Ernesto “N”, con quien, posteriormente, procreó a su hijo Matías.

A los pocos meses de haber iniciado la relación se percató que era un hombre violento, celoso, alcohólico y drogadicto, por lo que ella decidió regresar a una terapia grupal donde la habían ayudado a salir de un tipo de alcoholismo años atrás y le insistió a Ernesto para que tomara un tipo de terapia, lo cual no aceptó.

En el año 2012 nació su hijo Matías, mientras que seguía la seguía violentado, pero en el año 2013 la golpeó y tiró al piso, donde la siguió pateando teniendo al niño en brazos, a quien en ningún momento soltó e hizo una concha con su cuerpo para los golpes no alcanzaran al bebé.

Grisel presentó una denuncia penal en una agencia del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo en Playa del Carmen, pero cuando se presentó ante la perita en psicología para que le evaluara el daño psicológico, la servidora pública, le dijo que no la evaluaría porque no la veía vulnerada.

Después se presentó ante el agente investigador asignado a quien le preguntó que cómo iba su caso, el también servidor público, le dijo, “señora, usted sabe como son las cosas en México, si usted no mueve esto –haciéndole una señal de dinero con la mano derecha–, no se mueve nada”. Desilusionada de la procuración de justicia y dispuesta a no perder el tiempo, ya no regresó a darle seguimiento a la denuncia.

Decidió separarse de Ernesto, quien la convenció que no presentara demanda de alimentos, por lo que solo fueron a firmar un acuerdo de buena voluntad ante el DIF, donde él se comprometió a aportar cierta cantidad para la manutención del niño, a lo cual a veces cumplía y a veces no. Ante el DIF, Grisel y Ernesto convinieron la convivencia entre Ernesto y Matías. Sin embargo, con frecuencia cambiaba las fechas de la convivencia con su hijo sin previo aviso. Ella solicitó la patria potestad de su hijo y la autoridad se la dio en definitiva.

A partir de 2018 definitivamente dejó de aportar el dinero al que se había comprometido e incluso dejó de trabajar como chef en un hotel para declarar que había conseguido otro trabajo, pero con un salario solo de una tercera parte del anterior.

Cuando llegó la pandemia de Covid-19 en 2020 tampoco lo visitó. A principio de octubre de 2020, le habló a Grisel y le pidió que le permitiera llevarse a Matías a su casa –donde vivía con una nueva pareja–, porque su mamá había llegado a Playa del Carmen y quería convivir con su nieto. Grisel, en ningún momento se opuso a la convivencia del niño con su papá y pues era la oportunidad de que conviviera con su familia paterna.

Ernesto se llevó al niño. A Grisel la contrataron en San Luis Potosí para un trabajo, lo cual le comentó a Ernesto y le pidió que le llevara al niño para que hiciera su maleta, ya que se irían a San Luis Potosí. El día que tenían que viajar a Cancún para tomar un vuelo a San Luis Potosí Ernesto no se aparecía con el niño. A última hora, le mandó un correo electrónico diciéndole que no le llevaría al niño porque la había denunciado por violencia familiar debido a que el niño tenía moretones en el cuerpo.

En la denuncia penal acusó a Grisel de golpear al niño. El día 5 de octubre se llevó a Matías, un día después le encontró los moretones y presentó la denuncia hasta el día 16 de octubre.
Declaró que le vio los moretones al niño en una convivencia del 6 de octubre, pero que presentó la denuncia hasta el 16 porque se espero a tener una convivencia con el niño, lo que no concuerda con la realidad, porque estaba el menor estaba con el papá desde el 5 de octubre con el acuerdo que se quedara más de una semana. Sin embargo, ni el fiscal ni el juez se percataron de esa inconsistencia.

Grisel canceló el viaje de trabajo y empezó a buscar al papá para que le entregara al niño, ya que ella tenía la patria potestad. Luego de dos días de estar sin dormir y sin comer enfrente de la casa de Ernesto, logró presentaran al niño, pero la Procuraduría de la Defensa del Menor de Quintana Roo se quedó con él durante nueve días, argumentado que no se lo podía regresar a la mamá porque estaba denunciada de violencia familias, era imputada, pero no sentenciada.

Con la intervención de su abogado y de parte de la sociedad, la autoridad se vio obligada a entregar al niño en resguardo a la abuela materna, quien se había trasladado de San Luis Potosí a Playa del Carmen para apoyar a su hija.

Al tener la abuela al niño bajo su resguardo, pastores de su iglesia a la que pertenece Grisel hospedaron a ambos en un hotel con el visto bueno de la Procuraduría de Defensa del Menor, pero el papá denunció la desaparición del niño y acusó a la abuela de secuestro. La Fiscalía emitió Alerta Amber, a pesar, que la misma autoridad estatal había emitido una orden de resguardo a favor de la abuela materna. Con la finalidad que la Alerta Amber pudiera tramitarse, un juez le dio al papá un resguardo temporal de mero trámite, mientras el niño, supuestamente aparecía.

Por seguridad del niño y de la abuela materna, quien recibía amenazas de muerte, al igual que Grisel, con el resguardo vigente que le entregó la Procuraduría de Defensa del Menor, la abuela se llevó al niño a San Luis Potosí, mientras se resolvió la situación legal de Grisel acusada de violencia familiar.

Grisel señala que los golpes que le dejaron moretones al niño se los hicieron en la casa del papá, donde estuvo Matías con Ernesto, su pareja, y familiares que llegaron de visita.

En la Fiscalía de San Luis Potosí le hicieron una evaluación al niño y se extendió un peritaje que sostiene que el niño reconoció que el papá le dijo que declarara que su mamá le pegaba. Un juez de SLP le ratificó a la abuela materna el resguardo del niño y escoltó a la abuela y al niño hasta un vehículo, porque un grupo de personas llevadas por el papá a San Luis Potosí se apostaron en las puertas del juzgado para intentar quitarle al niño a la abuela.

En 2023, cambiaron al juez es SLP y el que lo sustituyó en unas cuantas semanas le otorgó la custodia al papa, por lo que de la Fiscalía le facilitaron agentes y vehículos para ir por el niño y sacarlo por medio de la fuerza de la casa de la abuela.

Desde entonces está bajó la custodia del papá en Quintana Roo y durante seis meses no le permitieron que la mamá lo viera, un juez ordenó la convivencia virtual, pero de manera recurrente cancelan la sesión. Ahora, el niño no quiere ver a la mamá y dice que la odia.

Su caso ha caído en manos de jueces y magistrado que más que juzgadores, sus acciones son las de cómplices y protectores de Ernesto.

Durante una amplia entrevista, Grisel comentó lo siguiente:

“Estoy en situación de violencia vicaria extrema, con mucha afectación en el sistema nervioso, psicoemocional, el cual me impide trabajar de manera constante.

Estoy en riesgo de ser encarcelada por una falsa denuncia, tengo un auto de apertura a juicio, sin pruebas, porque mi defensor público de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo nunca entregó las pruebas que demostraban mi inocencia, está denunciado por negligencia en el cargo de la función; mi hijo Matías no está conmigo desde hace cuatro años, lo arrancaron del hogar materno, a pesar que yo tenía la sentencia de guarda y custodia definitiva, el progenitor era deudor alimentario, nunca lo visitó cuando fue pandemia, no le importó nada y aun así, el juez Martín Alberto Zetina Závala le otorgó la custodia temporal y actualmente está exigiendo la fecha de juicio para que le dé la custodia definitiva, siendo que se le vinculó a proceso por incumplimiento de obligaciones por ser un deudor alimentario y la primera vinculación de violencia vicaria en el estado de Quintana Roo fue la de mi agresor, gracias al trabajo de mi abogada feminista Ariadne Song”.

–¿Estás esperando alguna resolución?

–La verdad, ya no. El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo es inútil para resolver, ya no espero nada bueno de ellos, espero lo peor, pero estoy defendiéndome como puedo, a mi hijo ya no lo veo, más que por videollamada, ayer me tocaba videollamada, no lo presentaron, ya no estoy resistiendo, estoy en riesgo suicida, con riesgo de que me maten, porque obviamente yo ya lo que estoy haciendo es preguntarme qué pasó en estos cuatro años que todo se vino abajo para mí y que no debía haber sido. El tema de la violencia vicaria es que existen antecedentes de violencia física, por ejemplo, mi agresor nos golpeó a mi hijo Matías y a mí cuando el niño tenía un año, estaba en mis brazos; le puse una denuncia que en ese entonces era averiguación previa, en el año 2013, me separo de él y entonces viene la violencia patrimonial, nos quedamos en la calle mi hijo y yo, la violencia económica, no pagaba pensión, toda la violencia psicológica, amenazas.

–¿Ya no se acercó para apoyarte?

–Si de repente llegaba y regresaba, eran estos periodos cuando no estaba con alguna novia, cuando yo me separo, también descubro, yo le había pedido terapía de pareja, él se negó completamente, pero yo regresé a mi grupo de rehabilitación para continuar terapia grupal, a mí me servía porque cuando yo me separé de él, estaba en situación extrema. Él llegaba en la mañana, quien sabe donde dormía, drogado, borracho, hecho del baño, pipí, popó, vomitado, oloroso, quién sabe a que cosas, en un lugar a donde yo tenía a mi hijo bebé.

En el 2020, cuando fue acusada de violencia familias le entregó a la fiscal Rocío Pasquian Cosme, una copia simple de la Averiguación Previa de 2013, cuando denunció a Ernesto por violencia familiar, pero la fiscal dijo que no había encontrado el antecedente, por lo que sin más investigación, ejerció acción penal y consiguió que la vincularan a proceso. Meses después, ya siendo su abogada Ariadne Song, apareció la Averiguación de 2013 y se integro al expediente.

Ernesto “N” es el primer agresor de violencia vicaria vinculado a proceso después de que se introduce a la ley de Quintana Roo el tipo penal, pero al impugnar el auto de vinculación a proceso, el caso llega al ámbito del magistrado Carlos Alejandro Lima Carbajal, quien le da la razón y revoca ese auto, a pesar de hechos no ciertos que argumenta el mismo magistrado y que durante una audiencia se le aclararon.

La víctima busca el amparo de la justicia federal, pero la defensa del agresor, una abogada, sigue litigando, para que no se le siga el juicio por violencia vicaria a Ernesto, mientras a Grisel se le sigue el juicio por violencia familiar y sin la posibilidad de tener a su hijo en brazos, nuevamente.

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