Redacción/CAMBIO 22

Desde hace algunos años, los gobiernos de Yucatán han alimentado el discurso de “Estado Seguro” que, entre otras cosas, se refiere a que la entidad está libre de violencia y se encuentra en un lugar privilegiado frente a la situación de otros lugares en el país. No obstante, esa narrativa ha legitimado que las policías municipales y la estatal cometan violaciones a derechos humanos, como tortura y detenciones arbitrarias, en favor de mantener la seguridad.

En una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, una periodista pidió la palabra para recordar al presidente los antecedentes de Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de seguridad de Yucatán y la descomposición que en materia de paz se observa en ese estado. Pero AMLO optó por dar un espaldarazo a este funcionario:

“Ha estado en gobiernos de distintos partidos y los resultados son buenos… independientemente de cualquier otra consideración. Nos importa que no haya homicidios.”

La respuesta del presidente resume a la perfección el sentir de las élites económicas y políticas en Yucatán.

La premisa parece ser que lo importante es que los resultados sean buenos, “independientemente de cualquier otra consideración”. El propósito de este documento de trabajo es mostrar que, cuando se analiza con detenimiento, el caso de Yucatán muestra que esta premisa es incompatible con una auténtica política de construcción de paz.

Para ello, en la segunda sección presentamos una radiografía de la evolución de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán y del poder que detenta su actual titular.

Posteriormente, en la tercera sección, se describe brevemente la forma en que esta dependencia opera en coordinación con las policías municipales.

En la cuarta sección, mostraremos cómo las violaciones a derechos humanos por parte de esa secretaría desmitifican el discurso de paz que promueve el gobierno yucateco, y que ha sido avalado sin reservas por el presidente: no es posible hablar de paz, mientras exista una política institucional basada en las violaciones de derechos humanos. Finalmente, se concluye señalando que el discurso de que estas violaciones inhiben otros delitos no es respaldado por las evidencias disponibles.

Transformaciones en la estrategia de Secretaría de Seguridad Pública en Yucatán y resultados

Desde el gobierno de Patricio José Patrón Laviada (PAN, 2001-2007) el tema de la seguridad pública ha formado parte del discurso político en Yucatán. En su primer informe de gobierno señalaba que “la seguridad ha sido y es un elemento esencial para la calidad de la convivencia social y el progreso económico”,[2] mensaje que ha sido parcialmente modificado con el paso de los años, pero todavía se mantiene vigente en Yucatán.

De acuerdo con datos oficiales del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, la entonces Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) contaba con 2,413 elementos operativos, sus programas de formación no incluían contenidos sobre el respeto a los derechos humanos y la infraestructura con la que contaba se encontraba en su máxima capacidad. Por eso, desde principios del gobierno de Patrón los grupos especiales como G.O.E.R.A, Pumas y Lobos realizaban tareas importantes de seguridad; cabe mencionar que desde finales de la década estos grupos recibían capacitación de parte de agencias como la Interpol, SWAT, la Policía Nacional de Colombia, la Policía Francesa y los objetivos principales en la estrategia de seguridad pública durante este periodo fueron: el fortalecimiento operativo y la coordinación interinstitucional de la SPV; y la persecución del robo a casa habitación y otras conductas como el “pandillerismo, drogadicción y la portación de armas” en el norte, sur y oriente de la capital (Mérida).

Durante el quinquenio de Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (PRI, 2007- 2012), la Secretaría de Protección y Vialidad cambió su denominación a “Secretaría de Seguridad Pública” (SSP) y fue objeto de una restructuración, tanto operativa como administrativa.[5] Se creó la Subsecretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular, la cual tenía a su mando 5 Centros Integradores de Seguridad Pública (CISP), 21 Centros Tácticos Operativos (CTO) y Unidades Mixtas Transfronterizas (UMT). Asimismo, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FOSEG) y recursos estatales, se amplió el número de vehículos disponibles, armas, cartuchos, equipo personal, así como sistemas y equipo de vigilancia y comunicaciones.

datos oficiales del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007, la entonces “Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) contaba con 2,413 elementos operativos, sus programas de formación no incluían contenidos sobre el respeto a los derechos humanos y la infraestructura con la que contaba se encontraba en su máxima capacidad.”

En 2009 se creó el grupo “Educación, Seguridad, Ciudadanos, Desarrollo y Orientación” (ESCUDO), la Unidad de Análisis de Información e Inteligencia (UDAI) y también se inició con la cooperación en el programa del Gobierno Federal “Plataforma México”. Estos datos son relevantes porque a diferencia del periodo anterior, la cooperación entre los tres niveles de gobierno aumentó drásticamente, principalmente con la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Policía Ministerial. También aumentó la cooperación con el exterior con con agencias de otros países como la Drug Enforcement Administration (DEA) de los

La cooperación entre el gobierno federal y estatal no solamente implicó el fortalecimiento y profesionalización de la policía local, sino que también redundó en la priorización de la persecución del narcotráfico y narcomenudeo.[7] Cabe mencionar que la videovigilancia y el establecimiento de retenes en los puntos de entrada y salida en las fronteras con otras entidades federativas fueron tareas permanentes en el trabajo que realizaba la Subsecretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular.

El gobierno de Rolando Zapata Bello (PRI, 2012-2018), continúo con la línea de su predecesora en temas de seguridad pública. En 2013 firmó un convenio de coordinación con el gobierno federal relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal en materia de Seguridad Pública (FASP) y también continuó con la adquisición de vehículos, equipamiento y tecnología a través de participaciones estatales y federales a través del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) y el Subsidio de Policía Acreditable (SPA).

Sin embargo, una particularidad de su gobierno fue que a diferencia del anterior, se formalizó un modelo de policía estatal coordinada a través de convenios con 105 ayuntamientos. Estos convenios consolidaron procesos de capacitación de las policías municipales y la realización de operativos coordinados por la SSP en todo el estado.

“La cooperación entre el gobierno federal y estatal no solamente implicó el fortalecimiento y profesionalización de la policía local, sino que también redundó en la priorización de la persecución del narcotráfico y narcomenudeo”

Otra diferencia fue que en abril de 2016 entró en funciones la estrategia “ESCUDO Yucatán”. Aquel espacio de vinculación con la sociedad que tuvo inicio durante 2009 con Ortega Pacheco se convirtió en una gran estrategia de planeación, vinculación, coordinación y comunicación con la sociedad y con todas las dependencias vinculadas a tareas de prevención y atención de la incidencia delictiva. De manera paralela, se promovieron reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Ley de la Fiscalía General de Estado de Yucatán, la Ley de Victimas del Estado de Yucatán, la Ley para la Protección de Personas que intervienen en el Proceso Penal del Estado de Yucatán, el Código Penal del Estado de Yucatán y el Código de la Administración Pública; y la contratación de deuda pública por 1 mil 500 millones de pesos para la adquisición de vehículos, equipamiento y tecnología de vigilancia.

La videovigilancia implicada en la estrategia ESCUDO fue cuestionada por dos analistas en la prensa local:

“El “Escudo tecnológico” que el gobierno de Yucatán impulsa, implicará la instalación de cámaras que permitan mayor monitoreo en lugares públicos y la ampliación de la capacidad de recolección y almacenamiento de información en el “Data Center” del gobierno del estado. En este sentido, la principal -y justificada- inquietud debería ser la forma en qué se manejarán estas ampliadas capacidades: ¿Qué tipo de información se recolectará?

¿Quiénes tendrán acceso ésta? ¿Por cuánto tiempo se guardará?

¿Cómo se puede garantizar que la información no sea empleada con fines políticos o económicos?…”

“…Del mismo modo, una mayor vigilancia y recolección de información no se traduce necesariamente en una mayor seguridad. Sergio Aguayo ha documentado cómo en el caso del movimiento estudiantil de 1968, en la Ciudad de México, la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales “captaban ríos de información” y, sin embargo, “ninguna de las dos dependencias hacía un trabajo profesional de ‘inteligencia’”. Esta falta de inteligencia y de coordinación entre instituciones fue una de las causas —argumenta Aguayo— de la masacre del 2 de octubre (“1968: los archivos de la violencia”, Grijalbo, 1968).”

“…Del mismo modo, una mayor vigilancia y recolección de información no se traduce necesariamente en una mayor seguridad. Sergio Aguayo ha documentado cómo en el caso del movimiento estudiantil de 1968, en la Ciudad de México, la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales<captaban ríos de información>…”

Estas interrogantes permanecen sin respuesta y son particularmente preocupantes cuando se considera que el Gobierno de Rolando Zapata pagó casi 7 millones de pesos a la empresa italiana Hacking Team por instalar el Remote Control System Galileo, un software que permite realizar labores de espionaje:

“De acuerdo al Index of Amministrazione de la compañía italiana Hacking Team, Galileo sí opera en Yucatán, según el registro consultado el 6 de julio del 2015 a las 05:13 horas; se trata del pedimento de servicio número 021.2014, el cual coincide con una factura que “Elite by Carga” pagó a los italianos por ese sistema. Este negocio especializado en vigilancia, seguridad y equipos tácticos cuenta entre sus clientes al Gobierno del Estado de Yucatán. El contrato número 021-2014 fue pedido el 15 de octubre del 2014 y se pagó por él la cantidad de 396 mil 109.50 euros, en dos partes, cuando se solicitó y cuando fue recibido en nuestro país.”

Mauricio Vila Dosal (PAN, 2018-2024) inició su gobierno con una iniciativa similar a la de su predecesor, enfocada principalmente al fortalecimiento operativo de la SSP. Mediante la aprobación del Congreso Local se aprobó la contratación de un modelo de financiamiento por 2,620 millones de pesos para continuar con la adquisición de equipo, vehículos y herramientas de comunicación, videovigilancia y comunicación. Del mismo modo se actualizaron los convenios federales de aportación de fondos para la seguridad pública.

En la actualidad no se ha modificado el modelo de coordinación y regionalización operativa de la SSP en los municipios de Yucatán. Por el contrario, a través del fortalecimiento de su capacidad operativa es común que exista mayor presencia y capacidad de reacción por parte de elementos de la SSP en comparación con las policías municipales. También ha continuado la utilización de la policías y grupos especializados como GOERA en operativos especiales, pero también en tareas ordinarias de seguridad y vigilancia.

“En la actualidad no se ha modificado el modelo de coordinación y regionalización operativa de la SSP en los municipios de Yucatán. Por el contrario, a través del fortalecimiento de su capacidad operativa es común que exista mayor presencia y capacidad de reacción por parte de elementos de la SSP en comparación con las policías municipales.”

Sin embargo, los indicadores que se busca contener se han deteriorado gradualmente. En 2019, los homicidios aumentaron en 46% y los feminicidios se duplicaron. Estos no son los únicos indicadores

“Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva en Yucatán pasó de menos 46.2% en 2018 a más 25.1% en 2019, una variación de 71.3 puntos porcentuales en el estreno de la actual administración, diametralmente opuesta a la media nacional, que en ese mismo año aumentó de 2.6% a 4%, una variación de 1.4 puntos porcentuales.“

Por clasificación, las denuncias de delitos contra la vida y la integridad corporal en Yucatán crecieron 18.8% en un año. En este rubro destaca el delito de homicidio, que aumentó 51.1% en comparación con 2018.

Los delitos contra la libertad personal subieron 133.3% en comparación con 2018, incremento cuya principal causa está en igual aumento de los “otros delitos” diferentes al secuestro, tráfico de menores y rapto.

En Yucatán, los delitos contra el patrimonio crecieron un 20%, principalmente por el crecimiento de las denuncias por abuso de confianza, daño en propiedad ajena y extorsión, que registraron un aumento de 43.3, 42.5 y 40 por ciento, respectivamente, en comparación con 2018.

“El robo creció 10.7% en un año pero por subclasificación el robo a transeúnte aumentó 86.7% y el robo a casa habitación lo hizo en 16.9%, en sólo un año.”

Tampoco es cierto que en Yucatán no existan indicios de la presencia de crimen organizado. La muestra más clara de disputas entre bandas del crimen organizado en Yucatán se ha producido en la costa. El motivo de la disputa es el control de la captura del pepino de mar, una especie en peligro de extinción. De acuerdo con Vice News:

“Tampoco es cierto que en Yucatán no existan indicios de la presencia de crimen organizado. La muestra más clara de disputas entre bandas del crimen organizado en Yucatán se ha producido en la costa.”

“este negocio ha alcanzado dimensiones millonarias, según las últimas cifras, en Dzilam de Bravo —puerto ubicado a tan sólo una hora de Mérida— el kilo del pepino crudo llega a costar hasta 150 pesos. Si se comercializa “sancochado” (cocido) el precio puede llegar hasta los mil o mil 400 pesos. En Hong Kong y en China, este animal marino alcanza hasta los tres mil dólares el kilogramo.”

Este contexto ha generado la presencia de grupos organizados y armados de pescadores furtivos, que han reemplazado gradualmente a los pescadores locales. Choques entre diferentes grupos de furtivos o entre furtivos y pescadores legales se han producido. Ejemplo de ello es el caso del municipio de San Felipe.

En estas disputas los furtivos han superado a los pescadores tradicionales. De acuerdo con Animal Político:

“La historia del furtivismo no es nueva en San Felipe. Tampoco la de la organización gremial que protege la costa. Su evolución muestra hasta qué punto el crimen llega a imponer sus normas. En un primer momento, los pescadores hacían rondas para vigilar las vedas e impedir el acceso a los furtivos. Pero estos se sofisticaron, se armaron y ganaron la partida a humildes pescadores, que han seguido dando la batalla en condiciones desiguales. (…) Si antes eran vecinos de municipios colindantes que se colaban para apropiarse de lo que San Felipe había protegido, ahora eran trabajadores contratados por grandes empresarios. Algunos de ellos armados. Entonces, todo se descontroló. (…) Uno de los agremiados de San Felipe, perdió un brazo al ser atacado con un motor. Alguien también recibió un balazo en el pecho. Testimonios señalan que “Desde entonces dejamos de hacer acciones de vigilancia. Nos entró el miedo. Ahora hay entre 600 y 700 furtivos, Ya no eran solo pescadores, era otro tipo de delincuencia. Había una mafia involucrada. Había armas y nos dio miedo”. “Los furtivos nos han superado.”

Lo mismo ocurre en Dzilam Bravo, donde el robo con violencia en el mar ha aumentado y piratas encapuchados han baleado a pescadores. Las autoridades suelen guardar silencio.

Un reportaje de Vice News pregunta a los implicados si las autoridades están coludidas con la pesca ilegal de esta especie:

“Este contexto ha generado la presencia de grupos organizados y armados de pescadores furtivos, que han reemplazado gradualmente a los pescadores locales. Choques entre diferentes grupos de furtivos o entre furtivos y pescadores legales se han producido.”

“Claro que sí. Conocen el negocio y nos permiten trabajar porque se llevan una buena tajada. Les conviene”, me responde. “Te voy a poner un ejemplo, nosotros sancochamos el pepino de mar lejos del puerto, en lugares de difícil acceso, y son las propias autoridades como la Sedena, o en su caso la Marina, y los elementos de la Secretaria de Seguridad Publica quienes nos echan el pitazo y nos dan aviso de los operativos. (…) Tras contarme sobre la colusión entre los pepineros y las autoridades, David me cuenta que comenzó a tratar con los soldados a partir de una vez que lo detuvieron: “En una ocasión los soldados me detuvieron con cargamento en algún retén. Me pidieron 50 mil pesos para dejarme ir. Accedí y desde ese momento comenzamos la relación. Ahora cada vez que paso los saludo y les doy para los refrescos, mil o dos mil pesos. Es claro que sus superiores conocen el negocio”.

Lo anterior deja ver con claridad que el propósito de la política de seguridad seguida uniformemente por los tres últimos gobiernos locales no es respaldado por los hechos, pues se observa un evidente vínculo entre autoridades y el crimen organizado.

“…deja ver con claridad que el propósito de la política de seguridad seguida uniformemente por los tres últimos gobiernos locales no es respaldado por los hechos, pues se observa un evidente vínculo entre autoridades y el crimen organizado.”

El rol de Felipe Saidén y la Fiscalía General del Estado

El actual secretario de seguridad pública de Yucatán es Luis Felipe Saidén Ojeda. Entre 2002 y 2003 Saidén se desempeñó como director de seguridad pública del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo. Saidén dejó pronto el cargo entre acusaciones y fue indiciado por ser cómplice del crimen organizado.

“Su nombre se mencionó en 2004 en el denominado Caso Cancún, por el que fueron procesados varios ex funcionarios de la Procuraduría General de la República, así como policías estatales y municipales. En esa época, Saidén era director de la Policía Municipal de Cancún y fue implicado, según el expediente PGR/SIEDO/UEICDCS/329/04, en las narco ejecuciones de 13 personas, entre éstas tres elementos de la Agencia Federal de Investigación. En aquel momento se dijo que los asesinatos ocurrieron por un ajuste de cuentas entre los cárteles de Sinaloa y del Golfo. Al funcionario se le procesó por delitos contra la salud, delincuencia organizada y como presunto responsable de brindar protección a narcomenudistas. La orden de aprehensión en contra de Saidén fue librada por el Juzgado Tercero de Distrito, de esa ciudad. Las imputaciones contra Saidén, quien estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública por primera vez durante el sexenio de Víctor Cervera Pacheco, las hizo el entonces director de la policía de Cancún, Felipe de Jesús Argüelles Mandujano, “El Rayo”, quien a su vez fue procesado como presunto implicado en los asesinatos de los tres AFIs. “El Rayo” fue detenido por elementos al mando de Saidén. El nombre de Saidén salió a la luz durante una diligencia que se practicaba en el Juzgado Tercero de Distrito con sede en Mérida, cuando la juez que llevaba el caso leyó los delitos a los primeros 26 detenidos, quienes estuvieron arraigados durante 90 días.” 

Luis Felipe Saidén fue considerado prófugo de la justicia, aunque fue absuelto en 2007, justo antes de su regreso a Yucatán. Aunque esta historia es reportada en medios nacionales o de otros estados, de ella no se habla en la prensa de Yucatán. La prensa local no suele cuestionar a los gobernadores o al secretario de seguridad pública al respecto.

“Entre 2002 y 2003 Saidén se desempeñó como director de seguridad pública del municipio de Benito Juárez en Quintana Roo.
Saidén dejó pronto el cargo entre acusaciones y fue indiciado por ser cómplice del crimen organizado. De acuerdo con información del periódico Noroeste.”

Estos antecedentes no son tema en Yucatán. Un comentario persistente en charlas de café y en discusiones de integrantes de la arena de partidos local es que quien manda en materia de crimen organizado en el estado es el titular de la policía. Sin embargo, el comandante Saidén ha estado al frente de esta corporación un total de 19 años, que abarcan los gobiernos de los priistas Víctor Cervera Pacheco (1995- 2001), Ivonne Ortega (2007-2012), y Rolando Zapata (2012-2018) y del panista Mauricio Vila (2018-2024).

En Yucatán se suele ver a Luis Felipe Saidén como un suprapoder que debe ser tolerado con tal de preservar la seguridad en el estado. La influencia de este funcionario ha crecido a partir de la implementación de los programas “Escudo Yucatán”, durante el gobierno de Rolando Zapata y “Yucatán Seguro”, durante el gobierno de Mauricio Vila. Como se ha comentado, ambos programas implicaron endeudamientos multimillonarios dedicados fundamentalmente a la adquisición de equipo de seguridad, cámaras de videovigilancia y un sofisticado centro de monitoreo han ampliado, literalmente, el alcance del poder de este funcionario. Otro factor que impacta en la influencia de Saidén es el respaldo irrestricto de cámaras empresariales a su trabajo. Su labor ha sido abiertamente apoyada por las principales cámaras empresariales de Yucatán. De acuerdo con el dirigente de la Asociación de Maquiladoras de Exportación (Index) de Yucatán:

“En Yucatán hay una política pública avanzada en materia de seguridad porque abarca diversos aspectos, desde los técnicos hasta la atención para el capital humano…Esto al mismo tiempo repercute de manera positiva en la certeza de inversiones, porque las personas buscan un lugar en el que se sientan seguros, además de que se sienten motivados para seguir invirtiendo, por lo que es un tema que a todos nos ocupa…Todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora en materia de seguridad lo vemos con buenos ojos porque por la seguridad es que se distingue Yucatán a nivel nacional e internacional”

Por su parte, el presidente local de la Canacintra felicitó al gobernador y al secretario de seguridad pública por su labor y alabó sin reservas al programa Yucatán Seguro:

“Otro factor que impacta en la influencia de Saidén es el respaldo irrestricto de cámaras empresariales a su trabajo. Su labor ha sido abiertamente apoyada por las principales cámaras empresariales de Yucatán. De acuerdo con el dirigente de la Asociación de Maquiladoras de Exportación (Index) de Yucatán”

“En Canacintra agradecemos la labor de todos, por lo que también los industriales estamos comprometidos con todas las estrategias que se llevarán a cabo para salvaguardar la integridad de todos los yucatecos”, reiteró.” 

El respaldo de las cámaras empresariales a la estrategia de seguridad de Yucatán no es nuevo. Incluso durante la abierta confrontación que caracterizó a la relación de este sector con gobierno de Ivonne Ortega (PRI, 2007-12), la labor de Saidén Ojeda fue unánimemente aplaudida y apoyada por las principales organizaciones empresariales locales.

Estos antecedentes ayudan a explicar por qué, durante su campaña, Mauricio Vila anunció que, en caso de ganar, ratificaría a Saidén en el cargo, a pesar de sus vínculos con gobiernos priistas y con las críticas que en el pasado militantes del PAN hicieron en privado sobre la labor de este funcionario. Inicialmente se barajó al interior del PAN que Vila Dosal mantenía a Saidén en una suerte de período de transición, ya que a nivel local no se conoce a algún funcionario que haya sido capacitado o proyectado para reemplazarle. Sin embargo, pronto quedó claro que el poderoso secretario no se iría a ninguna parte. Este contexto abre la puerta a una la preocupante interrogante de si el gobernador no quiso reemplazar a Saidén o si en realidad no pudo hacerlo.

Una muestra de la influencia que Saidén Ojeda tiene actualmente en la arena política local es que el fiscal general en turno suele supeditarse a lo que este funcionario determina. Una excepción fue Wilbert Cetina Arjona. El pleito entre ambos funcionarios, un secreto a voces en el estado, concluyó con la renuncia del fiscal tras la filtración de unas grabaciones donde se le escucha acordar actos posiblemente ilegales y que implican abuso de sus funciones. En una de las grabaciones, el fiscal comenta:

“Está cabrón ser fiscal. Tienes mucho poder realmente, no tienes idea. Manejas al Poder Judicial, manejas a los jueces, a todo el puto mundo y el gobernador, si te tiene confianza, te lo da todo”.

De inmediato agrega: “de veras, puta, de veras que no sé por qué nunca usaron el poder los fiscales (anteriores), pero el poder para hacer mamadas, te voy a decir la verdad: para hacer lana, para moverse, de veras, te lo estoy diciendo. Les valía madres y dejaban a Luis Saidén (Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública), que haga (aunque), Fiscalía es mucho más que Luis Saidén, no chinguen…”

“Estos antecedentes ayudan a explicar por qué, durante su campaña, Mauricio Vila anunció que, en caso de ganar, ratificaría a Saidén en el cargo, a pesar de sus vínculos con gobiernos priistas y con las críticas que en el pasado militantes del PAN hicieron en privado sobre la labor de este funcionario.”

“El cargo de por sí tiene un montón…que no los quieren usar y no hagas nada, eso es una cosa, pero la verdad es que jurídica, orgánica, funcional y legalmente, Saidén Ojeda está abajo de la Fiscalía. Ellos son auxiliares de la investigación, no son los que deben investigar.” 

Esta disputa terminó con la renuncia de Wilbert Cetina, pero no la de Saidén. Y aunque se solicitó su comparecencia en el Congreso Local, el Secretario de Seguridad omitió cualquier asunto relacionado con las declaraciones de el ahora ex fiscal. Esto no es asunto menor debido a que claramente se expusieron lógicas institucionales, de la voz del fiscal.

“No respeta, viola todo, detiene, los tiene 14 horas, les rompe la madre, luego me los manda como si fuera flagrancia. Digo,
¡no mames! Cuando son de veras delincuencia organizada, violación, delitos graves, ¡puta, lo que quiera!”

Lo anterior es relevante porque reconoce tácitamente el contexto de detenciones arbitrarias, violencia policial y la autorización de la Fiscalía del Estado para cometer violaciones a derechos humanos. Aunque fue poco discutido, no se debe dejar de lado su gravedad, porque parece ser que a priori existen ciertas licencias para mantener la percepción

Otra señal del poder acumulado por Saidén Ojeda es que la oposición rara vez critica el trabajo del actual secretario de seguridad y, cuando lo hace, esto ocurre de forma indirecta y sutil. Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), una institución permanentemente plegada al gobierno estatal en turno, tampoco ha intentado ser contrapeso.

Con el sostén primero del PRI y luego del PAN, sin una oposición real o crítica, con el apoyo irrestricto de cámaras empresariales y sin el contrapeso de la fiscalía del estado o de la Codhey, la SSP en Yucatán tiene un poder casi ilimitado. Esta situación es problemática, pues en una democracia los cuerpos de seguridad deben obedecer al poder ejecutivo y ser sujetos de escrutinio y vigilancia. Como se verá más adelante, el trabajo de Saidén sólo ha sido frontalmente cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos y por algunos medios y periodistas, en esfuerzos aislados.

“Con el sostén primero del PRI y luego del PAN, sin una oposición real o crítica, con el apoyo irrestricto de cámaras empresariales y sin el contrapeso de la fiscalía del estado o de la Codhey, la SSP en Yucatán tiene un poder casi ilimitado.”

La SSP y las Policías Municipales

De acuerdo con el Primer Informe de Gobierno de Rolando Zapata Bello, el gobierno del estado de Yucatán firmó, con 105 de los 106 municipios, el acuerdo para la instalación del Mando Único en 2013, adecuándose a la política de mandos únicos establecida por el gobierno federal que inició en 2010. La transformación de las policías municipales a “Policía Municipal Coordinada” dotó a los ayuntamientos de 325 vehículos que representaron una inversión de casi 74mdp. El Diario Oficial del Estado no guarda registro de este acuerdo.

Funcionarios del gobierno de Rolando Zapata insistieron en que esta nueva figura permitiría mantener la autonomía de las policías municipales, tanto en contratación como en autoridad, y que la labor “coordinada” sería la de capacitación y de inteligencia. En 2020, una evaluación independiente sobre el uso estatal del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) reveló que no existe coordinación entre las policías estatales y municipales debido a la falta de intercambio de información entre dependencias y el nulo uso de informes policiales homologados que solicita el Programa. No obstante, de acuerdo con el Reglamento Interior del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza la información de los expedientes del personal evaluado tendrá el carácter de confidencial y será clasificado como reservado de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán.

Otros datos disponibles como los que rinde el Ayuntamiento de Mérida al Secretariado Ejecutivo al Sistema Nacional de Seguridad Pública en razón del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), pues no brinda suficiente información como para hacer un análisis integral de la situación de las corporaciones policiacas.

“Funcionarios del gobierno de Rolando Zapata insistieron en que esta nueva figura permitiría mantener la autonomía de las policías municipales, tanto en contratación como en autoridad, y que la labor “coordinada” sería la de capacitación y de inteligencia.”

“Demitificación del Discurso de la Paz“

En comparación con otras entidades, Yucatán tiene una situación privilegiada. La tasa de delitos como homicidio, secuestro, violación y otras conductas ilícitas vinculadas con drogas y armas de fuego son relativamente bajas. De ahí que los reportes publicados por El Institute for Economics and Peace (Índice de Paz) y World Justice Project (Índice del Estado de Derecho) durante los últimos años coloquen a Yucatán en las primeras posiciones.

Durante 2016 Yucatán fue considerado el estado más pacífico de México, seguido por Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo y Coahuila por sus bajas cifras en homicidios y delitos cometidos con armas de fuego; no obstante, en otros indicadores registró un número alto de delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada y personas privadas de la libertad sin condena.[30] Para el año siguiente, Yucatán continuó en el primer lugar del Índice de Paz, mejorando considerablemente la disminución de la incidencia de los delitos anteriormente señalados, pero fue clasificado entre los 10 primeros estados con niveles altos de secuestro, extorsión y delitos relacionados con narcóticos. En 2018 y 2019 se ubicó en la misma posición.

En sentido similar, el Indice de Estado de Derecho 2018 ofrece un indicador en materia de seguridad púbica. El factor de orden y seguridad mide si el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades, particularmente mide la ausencia de homicidios, la ausencia de delitos y la percepción de seguridad. Cabe mencionar que a diferencia del estudio anterior, este índice se alimenta de entrevistas calificadas a profesionales del sector público y privado vinculados con la democracia, libertad de expresión, impartición y procuración de justicia, derechos fundamentales y corrupción. A pesar de que este índice ubicó a Yucatán en el primer lugar durante los últimos tres años, éste quedó por debajo del estándar mínimo aprobatorio.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2021 estima que, en 2020, sólo el 7.3% (26,391) de los delitos fueron denunciados ante el Ministerio Público. El 80.7% (21,295) de dichas denuncias resultó en una carpeta de investigación, lo cual representa el 5.9% del total del delito. Esto refleja una cifra negra de 338,755 delitos (333,062 sin denunciar y 5,096 sin carpeta de investigación). En cuestiones de género, de 174,509 delitos ocurridos a mujeres, existe una cifra negra del 92.9%. Este porcentaje es similar en el caso de los hombres, cuya cifra negra representa el 95.2% de los 185 541 delitos ocurridos a ellos. [33] Estas cifras evidencian la prevalencia de la impunidad en el estado.

Violencia de género

Como reportó Elementa DDHH en Derechos Humanos en contexto: Aproximaciones para el fortalecimiento de la sociedad civil en Yucatán (2019), el estado presenta principalmente dos manifestaciones relacionadas con la violencia de género: la violencia obstétrica y el feminicidio. En 2017, a raíz de estas problemáticas, organizaciones de la sociedad civil solicitaron una declaración de Alerta por Violencia de Género. Para ese momento, la agrupación Yucatán Feminicida reportó 107 casos de feminicidio, de los cuales sólo 7 fueron tipificados como tal y apenas dos resultaron en sentencias condenatorias. La solicitud fue rechazada por la autoridad federal a razón de que el gobierno del estado había iniciado procedimientos para contrarrestar la violencia de género. Estos esfuerzos han sido criticados por la misma sociedad civil, considerándolos insuficientes.

Durante el 2020 se tipificaron 11 feminicidios, la mayoría durante la pandemia por COVID-19.[37] Datos del SNSP indican que, de enero a noviembre del 2020, el número de emergencias 911 recibió 3,022 llamadas relacionadas con incidentes de violencia hacia las mujeres; 4,796 referentes a violencia de pareja; y 5,697 relacionadas con violencia familiar.[38] Estas cifras evidencian, como presenta Elementa DDHH, que la violencia de género en Yucatán ocurre primordialmente en el espacio privado.

Violaciones a derechos humanos

Yucatán es uno de los estados más seguros del país, pero su Secretaría de Seguridad Pública se ha caracterizado por ser una recurrente violadora de derechos humanos. De 2008 a 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) ha emitido 106 recomendaciones por violaciones a derechos humanos en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. No obstante, existen dos graves problemas, el primero es que en las recomendaciones utilizan eufemismos y las violaciones a derechos humanos no se nombran como deberían; por otro lado, no existe un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones.

Adicionalmente, existe un patrón de detenciones arbitrarias y tortura que no se ha atendido de manera suficiente, tal y como ha señalado Elementa DDHH: “las autoridades encargadas de vigilar el adecuado ejercicio de las funciones policiales a nivel estatal y municipal no han demostrado voluntad institucional para investigar y sancionar a los responsables”.

De la información disponible en las recomendaciones emitidas por la CODHEY se desprenden 65 casos de detenciones ilegales y/o arbitrarias que se cometieron con violencia, 18 casos de detenciones ilegales y/o arbitrarias en las que se cometieron actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 2 casos de tortura y 8 casos de lesiones durante detenciones.

En la descripción de los hechos señala que en mayoría de los casos se incomunica a las personas llevándolas a ubicaciones remotas o sitios abandonados, así como traslados largos entre municipios o a través del anillo periférico de la capital (Mérida). Asimismo, se documentaron amenazas de muerte o desaparición y la utilización de vehículos sin logotipos oficiales, la realización de detenciones sin uniformes y la inmovilización con esposas, vendas, capuchas y otros elementos.

Entre las prácticas comunes de tortura se encuentran la privación sensorial, los golpes, asfixia mecánica, simulacros de ahogamiento, choques eléctricos, quemaduras, aplicación de sustancias irritantes, forzamiento de posturas incómodas, desnudez, privación de alimento y agua, así como colgar a las víctimas por largos periodos de tiempo. Por otro lado, se señala que constantemente se coaccionaba a las personas para dar información, aceptar su culpabilidad o inculpar a otras personas por la comisión de los delitos de robo, robo a casa habitación, narcomenudeo y violación sexual.

Debe considerarse, además, que estas prácticas no son exclusivas de la policía estatal, ya que también se ha documentado la realización de actos similares por parte de policías municipales.

Tortura

Aunque desde 2003 existe una ley estatal para prevenir y sancionar la tortura en Yucatán, pocas son las acciones que se han implementado para atender los casos de tortura. Por ejemplo, en 2009 la CNDH, después de realizar visitas a 34 lugares de detención en el estado, emitió el informe 04/2009 del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, resaltando la poca capacitación del personal en las agencias del Ministerio Público para prevenir actos de tortura. Durante ese mismo año, la CODHEY emitió la recomendación general 2/2009 sobre el ejercicio de la función policial de funcionarios o servidores públicos encargados de la seguridad pública y de la procuración de justicia en el estado de Yucatán. Dicha recomendación fue producto de una revisión de los expedientes de queja y recomendaciones particulares derivados del empleo arbitrario de la fuerza pública, como el abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, incomunicación, intimidación, actos de tortura, cateos y/o visitas domiciliarias ilegales.

De acuerdo con el “Diagnóstico General de la Situación de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán y sus Municipios, las Causas Estructurales de su Violación” elaborado por la CODHEY en 2012, se registraron 196 expedientes por presuntas violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, 43 por tratos crueles inhumanos o degradantes, 8 por intimidación y 11 por incomunicación de las personas. El porcentaje de quejas y recomendaciones emitidas por violaciones a la integridad personal cometidas por cuerpos policíacos está muy por encima de cualquier otro tipo de violación a los derechos humanos.

Una de las más graves y recurrentes violaciones a derechos humanos por parte de la SSP de Yucatán es la tortura. Durante los últimos años, la prensa ha documentado decenas de casos de tortura a manos de la policía estatal de Yucatán. En consecuencia, esta dependencia ha acumulado una serie de denuncias por este delito:

“Elementa DDHH logró documentar, a través de transparencia, que tan solo del 1 de abril al 31 de diciembre de 2018, en ocho meses, se generaron un total de 222 actas de investigación en la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en el Delito de Tortura de la Fiscalía General del estado, eso daría un promedio de casi un caso por día. De estos, 141 siguen en etapa de investigación y 81 ya fueron determinadas, aunque no se especificó en la respuesta en qué sentido.

Ya antes del informe de Elementa DDHH, otras organizaciones y activistas habían denunciado lo mismo. La organización civil Equipo Indignación ha advertido que el aparato de seguridad en Yucatán se utiliza para torturar y mantener bajos índices de criminalidad, así como el aparente contexto de paz y tranquilidad que vive la ciudadanía”.

Por su parte, Indignación, una influyente organización de la sociedad civil concluyó en un reporte:

“Yucatán ha sido catalogado como una de las entidades federativas más seguras del país en los últimos años. Sin embargo, detrás de esta aparente situación de seguridad, se encuentra oculta una práctica sistemática por parte de los cuerpos policiacos, sean ministeriales o preventivos, estatales o municipales: la comisión de actos brutales, crueles, inhumanos y degradantes, abusos policiacos de toda índole y casos que constituyen tortura. La práctica de la tortura o la comisión de actos crueles, inhumanos o degradantes por parte de los cuerpos policiacos han adquirido carta de naturalización en la entidad. Bajo el argumento de mantener el orden y el estatus de estado limpio de crimen, se justifica cualquier actuación, por parte de elementos policíacos, se ésta lícita o ilícita.”

De acuerdo con Elementa DHHH en Yucatán la tortura “se aplica como forma de castigo por cometer un delito y no tanto para obtener confesiones”. En una entrevista con Animal Político, Elementa DHHH desarrolla este punto:

“La premisa en este estado es: “somos la entidad más segura del país y lo vamos a seguir siendo, aunque se paguen ciertos precios”, dicen las investigadoras y activistas Renata Demichelis Ávila y Adriana Muro Polo, de la organización Elementa DDHH, con sedes en Colombia y México, quienes este 21 de noviembre presentaron el informe Derechos Humanos en Contexto, centrado en esta primera entrega en Yucatán, pero que analizará después otras entidades del país. En Yucatán, afirmó Muro, “la idea es: si robas, parte de tu castigo va a ser la tortura y hay una aceptación social de eso, con tal de mantener la seguridad”. 

La impunidad ha sido casi total. De acuerdo con una nota de Animal Político:

“La premisa en este estado es: “somos la entidad más segura del país y lo vamos a seguir siendo, aunque se paguen ciertos precios”, dicen las investigadoras y activistas Renata Demichelis Ávila y Adriana Muro Polo, de la organización Elementa DDHH, con sedes en Colombia y México, quienes este 21 de noviembre presentaron el informe Derechos Humanos en Contexto, centrado en esta primera entrega en Yucatán, pero que analizará después otras entidades del país. En Yucatán, afirmó Muro, “la idea es: si robas, parte de tu castigo va a ser la tortura y hay una aceptación social de eso, con tal de mantener la seguridad”.

Entre julio de 2011 y junio de 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) recibió 112 quejas ciudadanas relacionadas con casos de tortura, perpetrados por autoridades locales; sin embargo, según informes oficiales de la Fiscalía General de Justicia de Yucatán y del Tribunal Superior de Justicia del estado, ninguna de estas denuncias derivó en una investigación formal y, menos aún, en la sanción (administrativa o penal) de los servidores públicos responsables de dichos ataques, todos los cuales, de hecho, forma parte de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia de esta entidad.

Detenciones arbitrarias y muertes en custodia policial

En 2018 se registraron 215 quejas por detenciones arbitrarias y/o ilegales y 187 por lesiones, lo que derivó en la emisión de 18 recomendaciones dirigidas a la SSP por violaciones al derecho a la libertad personal, derivado de detenciones ilegales y/o arbitrarias, de las cuales la gran mayoría presentan, además, violaciones al derecho a la integridad personal como consecuencia de actos de tortura, así como de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Asimismo, en el marco de medidas adoptadas duranta la emergencia sanitaria por COVID-19, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) reportó durante los primeros meses de la pandemia 307 diligencias, 11 quejas iniciadas y las 45 medidas cautelares emitidas por actuaciones ilegales y/o arbitrarias de autoridades municipales y de sus corporaciones policiacas en la aplicación de medidas en la contingencia en municipios como Umán, Progreso, Kanasín, Celestún y Mérida. Las mismas acciones utilizadas para “preservar la paz” se comenzaron a utilizar para evitar la propagación del virus.

Tan sólo en 2020 se registraron al menos 10 muertes de personas bajo la custodia del Estado (6 casos atribuibles a policías municipales y 4 a la policía estatal). Estas muertes fueron causadas por la forma violenta con la que se detiene y somete a las personas.

Un caso relevante es el de José Eduardo Ravelo, un joven detenido con gran violencia el 21 de julio de 2021 por la policía municipal del Mérida. En varios vídeos que han circulado por internet se puede observar como arrastran al joven por la cárcel municipal y éste yace inmóvil por efecto del abuso policial. Ravelo falleció el 3 de agosto a causa del politraumatismo, ruptura de tejidos musculares y choque séptico pulmonar causado presuntamente por los cuatro policías municipales de Mérida que lo detuvieron.

Aunque es innegable que existe un subregistro por parte de la CODHEY, existen pocos datos públicos que documenten las detenciones arbitrarias. Durante 2020, esta dependencia recibió 153 quejas vinculadas con la privación ilegal y/o arbitraria de la libertad, de las cuales 89 correspondieron a la Policía Estatal y 64 a policías municipales de los ayuntamientos de Mérida, Kanasín, Progreso y Valladolid. Para agosto de 2021, la cifra ascendía a 91 quejas en contra de la SSP y 19 para diversas policías municipales de Kanasín, Progreso y Mérida. Papel de las instituciones de seguridad en la protesta social

La protesta social en el estado suele ser ignorada por las autoridades en turno. Es común encontrar personas con pancartas frente al Palacio de Gobierno.

Sin embargo, los siguientes ejemplos muestran momentos donde la acción o inacción de las instituciones de seguridad evidencia la arbitrariedad con la que se actúa.

En marzo de 2007, el presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa se reunió con su homólogo estadounidense George W. Bush en Mérida. Hubo protestas en contra del presidente Bush. Durante una de estas manifestaciones un grupo de choque generó disturbios en la puerta del Ayuntamiento de Mérida. La policía estatal hizo un operativo en el cual se atacó a quienes protestaban y detuvieron a 48 jóvenes (9 menores de edad), mismos que reportaron estar incomunicados por más de 20 horas, en incertidumbre jurídica y presentaron signos de tortura.

En 2011, el gobierno municipal de la priísta Angélica Araujo aprobó la construcción de un paso a desnivel en el cruce de dos avenidas principales de la ciudad donde operaba una glorieta. La obra no estaba contemplada ni presupuestada en el plan municipal y tampoco se realizó una Manifestación de Impacto Ambiental (el paso a desnivel presentó inundaciones durante y después de la temporada de ciclones 2020). Grupos de vecinos y sociedad civil organizada acudieron a la glorieta a manifestar su descontento por el proyecto y la forma en la que fue aprobado. La madrugada del 4 de julio, un grupo de choque agredió a los manifestantes en la glorieta. La policía estatal, ubicada cerca del área, dejó que el incidente ocurriera.

En 2016, la Secretaría de Seguridad Pública fue enviada a la comunidad de Chablekal para desalojar a un hombre de 95 años. Durante el operativo, la SSP utilizó gases lacrimógenos, allanó la iglesia para evitar que se sonara la campana para alertar a la población, evitó que activistas documentaran el hecho, agredió y detuvo arbitrariamente tanto a pobladores como a las y los activistas que fungían como observadores. Las y los detenidos fueron incomunicados. Esta situación se enmarca en la depredación de los ejidos cercanos a la ciudad de Mérida para la creación de espacios de vivienda.

Entre 2018 y 2019, los pobladores de Homún llevaron un proceso legal para evitar la instalación de una mega-granja porcícola en la comunidad, misma que vive del turismo que generan los cenotes de la comunidad, los cuales se ven amenazados por la filtración de materia fecal y otros desperdicios de la porcicultura al subsuelo. Gran parte de las protestas no tuvieron intervención policial, salvo en septiembre de 2018, cuando la Procuraduría Federal del Medio Ambiente clausuró algunos cenotes de la comunidad sin un documento que lo avalara. La población encontró a entre 30 o 40 unidades de la SSP cerrando la carretera principal.[53] Un segundo momento donde hubo intervención de la policía estatal fue durante una protesta en 2019, la cual pretendía llegar a la sede de la 17° Cumbre de los Premios Nobel de la Paz. Los agentes colocaron vallas para que la protesta no pudiera avanzar hacia el recinto, pese a que la zona no se encontraba custodiada momentos antes.

El 25 de noviembre de 2019, previo a la concentración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, agentes de la SSP y de la Policía Municipal de Mérida detuvieron a siete mujeres que iban a la marcha. La policía argumentó que las detenidas llevaban objetos punzocortantes y pintura en aerosol y ello podía servir para cometer actos de vandalismo.

El 19 de enero de 2020, durante el 1° Informe de Gobierno del Lic. Mauricio Vila Dosal, la policía estatal detonó una granada de gas lacrimógeno en contra de una manifestación que protestaba en contra del aumento de impuestos. El Secretario de Seguridad Pública declaró que la acción no fue ordenada sino que fue la reacción individual del agente que lanzó el proyectil ante un grupo de choque que pretendía romper el cerco para seguir avanzando.

Es innegable que, a pesar de las cifras positivas en la incidencia de delitos, existen problemas importantes en el modelo de seguridad pública de Yucatán. Hace falta una perspectiva integral de seguridad que reconozca la importancia de la protección y respeto a los derechos humanos. En este documento de trabajo hemos revisado elementos que desmitifican el discurso de paz empleado por el gobierno de Yucatán para legitimar su estrategia de seguridad. El caso que ha provocado más notoriedad es el asesinato de José Eduardo Ravelo.

Las violaciones a derechos humanos y la represión de la protesta social son incompatibles con este discurso. Este tipo de acciones ilegales no son necesarias para garantizar la paz. El caso de Yucatán muestra que tampoco son suficientes: la paz en el estado es frágil y existen indicadores de descomposición qu actualmente son ignorados por las autoridades locales. En consecuencia, aunque en términos relativos sus índices de paz pueden llevar a ver a Yucatán como un modelo en materia de seguridad, mucha más atención habría que poder a lo que ocurre en ese estado.

Hay pocas fuentes de información oficial sobre las violaciones a derechos humanos, lo cual evidencia un doble problema. Primero, no existe una voluntad institucional de documentar y rendir cuentas sobre las violaciones a derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad pública; por otro lado, la falta de datos claros y actualizados impide dimensionar el problema y tomar medidas para actuar en consecuencia.

Es preocupante que las autoridades no hayan reconocido que existe un problema institucional en las corporaciones de seguridad pública en el Estado. El Gobierno del Estado, el Congreso Local y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán frecuentemente usan eufemismos para ignorar o evadir las responsabilidades cuando un caso de violencia policial se ha público. Ya sea por falta de capacitación o sensibilización, no nombrar la tortura, las detenciones arbitrarias y/o ilegales, así como las muertes en custodia, implica que las reparaciones a las víctimas y las sanciones a los responsables no cumplan sus objetivos.

Gracias al trabajo de periodistas y medios de comunicación, así como organizaciones de la sociedad civil, activistas y las víctimas se han detonado discusiones públicas, serias y objetivas sobre la realidad de Yucatán en materia de seguridad. Hay una deuda pendiente de parte de las instituciones académicas y otros sectores como los Colegios de Abogadas y Abogados.

 

Con información de la CASEDE

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