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Redacción/CAMBIO 22 

CHETUMAL.- El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) se convertirá en los primeros días de enero, en un ente recaudador del Estado con poderes y facultades más allá de sus atribuciones legales por lo que raya en la inconstitucionalidad que afectará las arcas municipales y podría pasarle una factura política al partido gobernante.

Al frente del IMOVEQROO se encuentra Luis Rodrigo Alcázar Urrutia recordado por su amplia corrupción al frente la dirección de Tránsito y de Transporte, además en Vialidad del municipio de Benito Juárez; las cuotas y las extorsiones se institucionalizaron y son una regla que sigue operando y supervisada por el mismo funcionario.

No es un secreto en Cancún que Alcázar Urrutia sigue controlano estas dos direcciones que dejan millonarias ganancias a la mano, desde los moto patrulleros hasta el más humilde mototaxista de una colonia irregular que pagan una cuota de 20 mil pesos para iniciar labores, y una mensual de dos mil pesos a la mano a través de terceros, tan solo en Benito Juárez superan las 20 mil unidades y ni que decir los poderos sindicatos de taxistas que se ‘mochan’ mensualmente con cuotas impuestas desde el Instituto que opera como la delincuencia organizada que cobra ‘derecho de piso’.

Ahora, con la llegada de este torvo personaje al IMOVEQROO, a partir de 2024 con señalamientos de inconstitucionalidad, el Instituto emitirá y cobrará todas las licencias de conducir en el estado, luego de que diputados de la Décimo Séptima Legislatura aprobaran una reforma más a la Ley de Movilidad que resta facultades a los 11 municipios para entregarlas al Gobierno de Quintana Roo.

Con tres votos en contra de los diputados Julián Ricalde Magaña, Cinthya Millán Estrellam y Candy Ayuso Achach, la alianza Morena, PVEM y PT, arrasaron con la reforma impulsada por el morenista, José María Chacón.

Mientras el argumento de los promoventes es la seguridad, Julián Ricalde expuso que la reforma afecta las finanzas municipales y de los ciudadanos, pues el cobro de las licencias será recaudado por el Imoveqroo y tendrá un incremento adicional de 290 pesos por cada plástico.

Los diputados opositores argumentaron que se viola el Artículo 115 Constitucional, además de un impacto negativo a las finanzas ya que los ayuntamientos tendrán que poner el personal y oficinas mientras que  el Imoveqroo solo los va a supervisar, “Los que vayan a votar a favor tendrán que ser responsables de que le están quitando dinero a los municipios. Yo voy a votar en contra”, advirtió el diputado Julián Ricalde.

Cinthya Millán del PAN calificó como algo detestable, que los presidentes municipales tengan voz, y no voto en la junta que definirá las tarifas: “No es admisible, porque la ley General si establece la obligación de generar tarifas, una cosa es tarifas, y otra es el cobro, si ustedes revisan totalmente la Ley general de Movilidad, no existe la atribución conferida al estado por cobro. Hacer este cargo, si representa una afectación a los municipios”

Candy Ayuso del PRI puntualizó que la reforma viola el artículo 115 Constitucional, los municipios ya tienen su planeación, que no puede estar por convenio, las licencias puede ser el principio de un golpe muy grave a los municipios, y el Instituto de Movilidad debe ser normativo, más no recaudatorio.

Sin embargo, los pronunciamientos en contra no fueron suficientes para frenar la reforma, a solo una semana de que Ayuntamientos, órganos autónomos y entes gubernamentales en general presentaran al Congreso el paquete presupuestal 2024.

Diputados de Morena, PVEM, y PT justificaron que las posturas de la oposición se debían a un error de interpretación.

Todo esto sucede a cinco años de la entrada en vigor de la Ley de Movilidad en Quintana Roo y después de varias reformas para su actualización y adecuación, sin embaro Alcázar Urrutia, confirmó en el Congreso que la realización de la nueva Ley costó once millones 368 mil pesos con la empresa Cali Mayor que además elabora otro estudio preliminar y de prefactibilidad de conectividad de una estación paradero Cancún-Aeropuerto con un costo de 24 millones 996 mil 840 pesos “que permitirá vincular el proyecto del Tren Maya con un ambicioso proyecto de transporte eléctrico para cubrir la demanda del servicio en la zona”.

El funcionario insistía que la ley de movilidad anterior se encontraba “mocha” ya que los funcionarios de pasadas administraciones no tomaron en cuenta otras leyes ni reglamentos qué permitan atender las necesidades de los usuarios para mejorar el servicio del transporte urbano y priorizar al peatón dentro de los proyectos para mejorar la calidad de los servicios que recibe,

Los diputados opositores insisten que los cobros que realizará el IMOVEQROO afectará los recursos propios destinados a obras diversas en los municipios ya que que los ayuntamientos dependen de las participaciones federales y que sus ingresos propios son mínimos con excepción de Benito Juárez y Solidaridad, por lo que quitarles la facultad de cobrar por la emisión de licencia de conducir ocasiona una afectación directa al gasto operativo.

Ante lo que se avecina en enero, el líder estatal del PRD, Leobardo Rojas López, calificó como una estrategia recaudatoria con fines electorales la reforma a la Ley de Movilidad. El dirigente perredista puso como ejemplo el caso de la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, quien ha realizado obras con recursos propios y que ahora se verá afectada por la disminución de la recaudación por concepto de licencias de conducir, que pasará a manos del gobierno del estado.

Asimismo, cuestionó que la reforma no establezca cantidades ni porcentajes de lo que se cobrará por las licencias, lo que deja abierta la posibilidad de que se apliquen tarifas arbitrarias o discrecionales. “Lo que demuestra que los diputados, de la 4T aprueban dictámenes sin revisar ni analizar y que se ha vuelto costumbre”, dijo.

Ante las protestas en aumento, Rodrigo Alcázar, destacó las ventajas y los objetivos que se alcanzarán con las recientes modificaciones a la Ley Estatal de Movilidad, con especial énfasis en el cambio respecto a la expedición de licencias.

Según el funcionario, la reforma se alinea con la ley federal, la cual otorga a los estados la facultad de expedir licencias de conducir. Esta homologación implica que su emisión ya no será responsabilidad de los municipios, eliminando así uno de los ingresos significativos para muchas municipalidades, especialmente en Benito Juárez y Solidaridad.

La decisión de centralizar esta facultad busca, según Alcázar, mejorar la seguridad y la recaudación. Para mitigar la pérdida de ingresos para los municipios, se trabaja en la firma de convenios con los 11 municipios para devolverles parte de la recaudación de las licencias, descontando sólo los costos administrativos.

Además, se planea implementar una plataforma que permita a cada municipio registrar sus multas, creando así una base de datos integral para el Estado. La iniciativa también tiene una perspectiva nacional, pues busca compartir información entre entidades para fortalecer la seguridad vial a nivel nacional.

Alcázar Urrutia es uno de esos funcionarios impuestos como cuota del Partido Verde Ecologista de México, son inamovibles y privilegiados, anualmente obtiene un millon 755 mil 207 como sueldo, es decir gana más que la gobernadora Mara Lezama y el presidente Andrés Manuel López Obrador con 146 mil 267 pesos con 25 centavos de sueldo mensual.

Ahora como para remediar y acallar las protestas populares el Congreso de Quintana Roo propuso crear un Observatorio Ciudadano para la Ley de Movilidad del estado. El objetivo es que la población pueda participar en las decisiones gubernamentales sobre el tema.

El diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión Ordinaria de Movilidad, presentó la propuesta. El Observatorio estaría integrado por representantes de todos los sectores sociales, incluyendo sindicatos, organizaciones, taxistas, plataformas digitales y cualquier simple mortal.

La propuesta fue avalada por la Comisión de Movilidad, pero no pudo ser aprobada en comisiones unidas. El proyecto fue enviado a revisión de la Secretaría Técnica Legislativa por algunos aspectos legaloides que “no cuadran” con el sentido de la ley.

Ante las ilegalidades de esta nueva Ley, hay que recordar que el Artículo 68 de la Constitución Política del Estado establece que quienes tienen la facultad de presentar iniciativas de leyes y decretos ante el Congreso del Estado son: “La Gobernadora del estado, los Diputados a la Legislatura, los Ayuntamientos, los ciudadanos quintanarroenses mediante escrito firmado por uno o más ciudadanos, en los términos que señale la Ley respectiva, el Tribunal Superior de Justicia del Estado en la materia de su competencia y los órganos públicos autónomos en la materia de su competencia. La iniciativa se presentará por conducto de su presidente o titular, previo acuerdo de sus integrantes cuando se trate de un órgano colegiado”.

La actual Ley de Movilidad del estado de Quintana Roo, en su Artículo 18 establece ser un órgano descentralizado de la administración pública, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad en el orden estatal. Sin embargo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo establece que ésta depende de la administración pública, luego entonces los proyectos de iniciativa de ley deben ser presentados por el Ejecutivo estatal.

El Artículo 31 de la Ley Orgánica del Gobierno del Estado establece que corresponde a la Secretaría de Gobierno el despacho de los siguientes asuntos: “Cumplir y hacer cumplir los decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones oficiales del gobernador del Estado; elaborar y en su caso, revisar los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que el titular del Poder Ejecutivo Estatal presente a la Legislatura del Estado; elaborar el proyecto de agenda de iniciativas de leyes y decretos que serán presentados por el gobernador del Estado a la Legislatura, atendiendo a las propuestas de las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública del Estado, y someterlo a consideración del mismo, coadyuvando en su elaboración y trámite”.

El Artículo 45, dispone que a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo atiende los siguientes asuntos: “Brindar apoyo técnico y jurídico al gobernador del Estado para la elaboración y perfeccionamiento de las iniciativas de Ley y decretos que se deban presentar ante la Legislatura del Estado; así como de los decretos, acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos en los que intervenga el titular del Poder Ejecutivo y asesorar jurídicamente en los asuntos que le encomiende; emitir, dentro del ámbito de su competencia, las observaciones y recomendaciones de los proyectos de iniciativas de Ley, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones y demás normas legales y administrativas que formulen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, que sean sometidos a revisión y validación, previo a su expedición por parte del Gobernador del Estado”

Está información, en la práctica es lo que los diputados deberían de haber presentado el pasado 16 de octubre, cuando Rodrigo Alcázar Urrutia, acudió al Congreso del Estado a presentar la glosa del informe ante los integrantes de la Décima Séptima Legislatura, lamentablemente ésta comparecencia fue más una pasarela política, los legisladores faltaron a sus deberes constitucionales, en hechos, los convierte en cómplice en éste caso, por un gasto innecesario, arbitrario y evidentemente dudoso al pagas más de 11 millones de pesos por una ley que es anticonstitucional.

La última protesta contra Rodrígo Alcázar fue realizada por mototaxistas que operan en la zona de Villas del Sol en Playa del Carmen, donde los operadores acusan que les 20 mil pesos por dejarles trabajar. Los operadores de este servicio acudieron al Congreso del Estado a entregar una  carta señalando las irregularidades y cobros excesivos por parte del IMOVEQROO, donde solo les pegan un supuesto código QR que al meterse no te muestra nada y jamás les dan algún comprobante oficial cuando entregan los 20 mil pesos.

Y lo que viene: Rodrígo Acázar ya anunció pruebas piloto para el uso del taxímetro, como parte de las adecuaciones a la Ley de Movilidad que comenzarán el siguiente:

“Desde la última reforma que se hizo, ya se hablaba de esta modalidad de cobro. No se elimina la otra; simplemente hay que ir viendo dónde puede funcionar mejor el taxímetro, que prácticamente es el cobro por kilómetro con un banderazo de salida”, explicó.

 

 

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