Redacción/CAMBIO 22

El candidato a la presidencia de Ecuador por el Movimiento Construye, el ex legislador Fernando Villavicencio, fue asesinado este viernes a tiros durante un acto en una escuela en el norte de Quito, en un ataque por el que fue detenido un sospechoso que quedó herido y falleció poco después, informaron fuentes oficiales y la prensa local.

El aspirante al Palacio de Carondelet fue trasladado a una clínica cercana al lugar del crimen, donde se confirmó su fallecimiento, que fue anunciado por el ministro del Interior, Juan Zapata, y rápidamente reportado por medios capitalinos.

“Un sospechoso, que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en Quito; una ambulancia de los Bomberos confirmó su deceso”, reportó esta noche la Fiscalía General del Estado en Twitter.

Video intimidante

Con el correr de las horas se viralizó por redes sociales un video donde se ve a un grupo numeroso de personas con el rostro cubierto y un mensaje intimidante. Quien tomó la palabra, aseguró que el crimen del candidato fue autoría de “Los Lobos”, una organización criminal de ese país, asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de origen mexicano.

“Queremos dejar en claro que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando llevamos nuestro dinero, que son millones de dólares para financiar su campaña, serán dados de baja”, se escucha decir.

Según el sitio especializado InSight Crime, Los Lobos se han constituido como la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador, con más de 8.000 miembros distribuidos en las prisiones del país. El grupo ha participado en varias sangrientas masacres carcelarias en Ecuador, que dejaron más de 315 reclusos muertos solo en 2021.

Como muchas de las bandas de Ecuador, los Lobos se iniciaron como una disidencia del que fuera el principal grupo criminal de Ecuador, los Choneros. Cobraron importancia en 2020 después de la fragmentación de algunos de los principales grupos criminales de Ecuador. Desde 2016, Los Lobos y sus aliados proveen armas y seguridad para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputa el control de las rutas de cocaína en Ecuador, según Codigo Vidrio.

Por tradición, los principales rivales de los Choneros eran los Cubanos y los Lagartos, pero las muertes de los líderes de ambos grupos debilitó ambas organizaciones. Sin embargo, la muerte del líder de los Choneros Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, en 2020, dejó sin cabeza la organización criminal dominante de Ecuador.

Los Choneros, Tiguerones y otras bandas que atemorizan en las cárceles de Ecuador.

Al reconocer la posición de debilidad de los Choneros, varias pandillas y facciones que se habían declararon aliadas del grupo mayor cambiaron de bando y crearon una nueva alianza para combatir a la debilitada megapandilla.

Entre estos grupos de menor tamaño se cuentan los Lobos, los Chone Killers y los Tiguerones.


Estos se hacen llamar en conjunto la Nueva Generación en referencia a los presuntos vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México.

En febrero de 2021, la Nueva Generación coordinó ataques contra los fragmentados líderes de los Choneros, con ataques a dos potenciales sucesores de Rasquiña, alias “JR” y alias “Fito”. Ambos salieron vivos, pero los motines dejaron 80 internos muertos.

Los hechos

Villavicencio, que tenía 59 años, era uno de los ocho postulantes a completar el mandato del presidente Guillermo Lasso en las elecciones del 20 de este mes.

El diario digital Primicias detalló que la línea de emergencia de la Policía recibió alrededor de las 18.20 (hora de Ecuador) un alerta por un tiroteo en Quito.

Fueron entre 30 y 40 disparos, según relatos de testigos que citó el canal Teleamazonas, y Villavicencio fue trasladado a la Clínica de la Mujer, pero murió en el lugar.

Según los primeros informes, hubo otros heridos durante el atentado.

La Policía hizo un barrido por la zona para descartar la presencia de explosivos y cerró de inmediato el tránsito.

El periodista Christian Zurita, amigo del candidato y coautor de varias investigaciones junto a él, estaba en el acto y reportó el tiroteo desde Twitter.

Repercusiones

Inmediatamente, Lasso se declaró “indignado y consternado” por el crimen, que prometió que “no va a quedar impune”, y convocó a una reunión urgente de las principales autoridades del Estado para analizar la situación, que ya sesionaba esta noche, reportó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

“Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas; por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune”, remarcó el mandatario en Twitter.

Lasso llamó al palacio presidencial de Carondelet a las principales autoridades de todas las instancias del Estado, incluidos la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint; la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.

Justificó esa convocatoria en la necesidad de tratar “de manera urgente” el asesinato de Villavicencio, “que ha consternado al país”.

“El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley”, concluyó Lasso.

Paradójicamente, la última actividad de Villavicencio como parlamentario fue la de encabezar la comisión que llevó adelante el proceso de juicio político a Lasso, por supuesta corrupción.

Cuando la Asamblea Nacional (AN, parlamento) se encaminaba a destituir a Lasso, este dispuso la llamada “muerte cruzada”, que implicó la disolución del Legislativo y el llamado a nuevos comicios para elegir a quien complete su mandato, hasta mayo de 2025.

¿Quién era?

Villavicencio, que se declaraba independiente y desmentía que fuera cercano a Lasso, pese a que sectores afines al expresidente Rafael Correa lo señalaron como tal, llegó a postularse a la jefatura del Estado después de una corta carrera política y una larga trayectoria en la vida pública.

Fue miembro de la AN entre 2021 y 2023, período en el que presidió la Comisión de Fiscalización y Control Político, y actuó allí de manera independiente, sin vincularse con ninguna de las bancadas.

Impulsó investigaciones, sobre todo en temas petroleros, a los gobiernos de Correa, Lenín Moreno y al actual de Lasso.

Su mayor investigación como asambleísta fue en el caso Petrochina, en el que denunció un esquema de corrupción en la intermediación petrolera, y su último trabajo como tal fue la dirección del juicio político a Lasso.

En ese papel, fue criticado duramente por el correísmo por una supuesta cercanía con el gobierno, pero él se defendió acusando a la oposición de actuar sin pruebas.

En la AN dirigió el Frente Parlamentario Anticorrupción, desde donde presentó también varias denuncias, entre ellas, de supuestos vínculos de candidatos locales con el narcotráfico.

Antes de su acceso a la política, que inició como líder sindical de la empresa estatal Petroecuador, Villavicencio se desempeñó como comunicador.

Durante el gobierno de Correa fue asesor del entonces asambleísta Cléver Jiménez, del partido indigenista Pachakutik.

El Asambleísta Jiménez y Villavicencio.

Jiménez y Villavicencio presentaron varias denuncias contra Correa, sobre todo relacionadas con el negocio petrolero.

En 2014, junto al médico Carlos Figueroa, denunciaron al entonces mandatario por supuestos delitos de lesa humanidad, por la incursión de militares en el Hospital de la Policía el 30 de septiembre de 2010, día en que Correa denunció un golpe de estado contra él.

Esa denuncia fue declarada “maliciosa y temeraria”, por lo que Correa demandó posteriormente a Jiménez, Villavicencio y Figueroa, quienes fueron sentenciados a 18 meses de prisión que nunca cumplieron, pues se refugiaron en un pueblo indígena de la Amazonia y regresaron a la vida pública cuando la pena prescribió.

Rafael Vicente Correa Delgado.

Tras este episodio, Villavicencio se dedicó a trabajar como periodista de investigación en distintos portales.

El caso más sonado fue el de Arroz Verde, que derivó en el proceso judicial conocido como caso Sobornos 2012-16.

En este caso, Villavicencio y Zurita denunciaron un esquema de corrupción durante el correísmo mediante el cual las empresas pagaban sobornos para ganar contratos, y ese dinero era utilizado para financiar campañas electorales.

La principal acusada fue Pamela Martínez, exasesora de Correa, y el expresidente recibió una sentencia de ocho años, por el delito de cohecho.

Pamela Martínez, exasesora de Correa.

En septiembre del año pasado, la casa de Villavicencio fue baleada pero él sorteó aquel ataque, y en esta campaña hacia las elecciones del domingo 20 era el único candidato que no había aceptado la custodia policial que el gobierno ofreció a los postulantes.

Como antecedente del crimen de Villavicencio, hace poco también fue víctima de un hecho similar Agustín Intriago, quien era el alcalde de Manta, la tercera mayor ciudad del país, que fue asesinado el 23 de julio pasado en un ataque armado en el que además falleció una mujer que lo acompañaba y quedaron heridas otras cuatro personas.

De perfil ecologista, Intriago pertenecía al partido local Mejor Ciudad.

En tanto, el 16 de julio fue asesinado el candidato a diputado Rider Sánchez Valencia, de Actuemos, la coalición que postula a la presidencia al exvicepresidente Otto Sonnenholzner.

 

Fuente diario digital El Litoral
redaccionqroo@diariocambio22.mx

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