Daniel Rodríguez/CAMBIO 22

En 1957 el politólogo, asesor y académico estadounidense Samuel Huntington (quien estuvo más de medio siglo en la Universidad de Harvard, donde fue director del Centro de Estudios Internacionales) publicó el libro ‘The Soldier and the State’ (El Soldado y el Estado), que se refiere a la teoría y política de las relaciones cívico-militares. Y a lo largo de sus capítulos argumenta que la profesionalización de las fuerzas armadas es la mejor manera de garantizar que el ejército no pretenda inmiscuirse en asuntos civiles, además que, “la ruptura del equilibrio cívico-militar refleja desórdenes constitucionales…y esa ruptura ayuda a socavar la seguridad de las naciones, distorsionando la perspectiva y el juicio de soldados y estadistas”, poniendo como ejemplo lo que sucedió a comienzos del siglo pasado con Alemania y Japón, que llegaron a la militarización de sus sociedades, con las trágicas consecuencias que están registradas en la historia del mundo.

El tema de la militarización y la adhesión de la Guardia Nacional, de esa estrecha relación y nuevas funciones -correspondientes solo para los civiles- entre ejército y gobierno en México -que tan ocupados nos ha tenido en casi toda la administración-, esta semana llegó a un punto álgido cuando el General-Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en el marco del aniversario de la gesta cívica de los Niños Héroes, quebrantó -violó el precepto- de esa línea imaginaria que divide a las funciones cívico-militares e invadió el ‘pantanoso’ terreno político que no le corresponde. “Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unidad nacional y debemos de discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretenden apartar a las fuerzas armadas de la confianza y respeto que depositan la ciudadanía en las mujeres y hombres que tienen la delicada tarea de servir a su país”.

El General-Secretario de la Defensa salió en defensa a las corrientes de opinión que en las últimas semanas se han opuesto a que la Guardia Nacional pase a integrarse y depender de la autoridad castrense, cuando la Constitución señala muy claramente que debe ser manejada por una autoridad civil, asumiendo -de paso- una posición en contra de un sector de la sociedad, cuando no es su función y debe mantenerse al margen de la discusión y la polémica y solo cumplir con sus responsabilidades. Aunado a esa crítica, está la oposición de muchos sectores del país que no están de acuerdo en que las fuerzas armadas sean usadas como policías de calle, constructores/administradores de obras o funcionarios de aduanas -entre otras cosas-, cuando sus responsabilidades están muy bien definidas en tres estrategias: El Plan DN-I, para enfrentar un país o fuerza extranjera que invade nuestro territorio; el Plan DN-II, el combate a las fuerzas internas que pudieran socavar la estabilidades -como puede ser el combate al narcotráfico- y el Plan DN-III, que atiende a la población civil en caso de desastres naturales. Pero hasta ahí; porque lo que nuestro ejército hace hoy, es otra historia.

Y el presidente, en lugar de apegarse a la ley -que no es lo suyo-, mostrar cordura, sentido común y apaciguar las aguas, le ‘echa gasolina la hoguera’, y el mismo día -desde su púlpito en Palacio- arremetió en contra quienes critican los nuevos roles del ejército y justifica las decisiones tomadas al decir que “salen como defensores de derechos humanos, cuando ellos aplaudían la represión de los gobiernos neoliberales. Y nunca cuestionaron las masacres, las torturas, las desapariciones. Nunca. Llegaron a firmar un pacto los medios de información de no hablar de la violencia”. (?)

La posición asumida por el Secretario de Defensa, contrasta mucho con lo que el sitio digital de la BBC reproducía el 1 de diciembre de 2020, cuando atribuye al general Luis Crescencio Sandoval lo siguiente: “El instituto armado jamás ha buscado, ni buscará protagonismo, porque nuestra esencia es servir a la patria. Es evidente que no buscamos ningún poder porque nuestra razón de ser está alejada de pretensiones políticas o de otro tipo”, declaración que difiere a lo que dijo esta semana.

Los riesgos son muchos ante la evidente militarización. Un reporte de la Universidad de Columbia dice que “de alguna manera el ejército mexicano se está latinoamericanizando en muchos sentidos: está adquiriendo un poder político en relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía“, mientras que en un análisis de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en 2020, Gustavo de Hoyos -quien era presidente del organismo- ya advertía que “entregar las tareas de seguridad pública a mandos militares ponen en condiciones de riesgo a nuestro país”.

Hoy, la asignación de funciones de seguridad al ejército no se han reflejado -hasta el momento- en una mejoría en la reducción de la criminalidad y en general de la seguridad, además de que con la posición de confrontación asumida por el presidente y el General-Secretario de la Defensa, las cosas en lugar de mejorar, empiezan a empeorar.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez
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Fuente El Informador
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