El Extinto Tribunal de Justicia Administrativa Perdonó a Exfuncionaria Municipal Señalada de Participar en Despojos de Viviendas en Cancún

► Una de las sentencias dictadas por el TJA antes de su desaparición revocó sanciones contra Jeaninna Medrano Galindo, exdirectora de Ingresos Coordinados y Cobranzas, oficina desde la cual se realizaron despojos ilegales de 750 viviendas en Cancún

► No será inhabilitada para ocupar cargos públicos y se ordenó al ayuntamiento de Benito Juárez restituirle los derechos que le haya afectado por las sanciones que se revocaron

Redacción/CAMBIO 22

CANCÚN, 28 de noviembre.- Antes de su desaparición, en su primera sesión jurisdiccional del 2024 el cuestionado Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo (TJA) emitió una sentencia que ordenó al ayuntamiento de Benito Juárez la restitución de los derechos de que haya privado a Jeaninna Medrano Galindo, exdirectora de Ingresos Coordinados y Cobranzas del ayuntamiento de Benito Juárez, al revocar la sanción que le había impuesto la Cuarta Sala del mismo órgano por la falta administrativa grave de abuso de funciones.

A Jeaninna Medrano Galindo se le denunció en 2021 y en mayo del 2022 la Cuarta Sala del TJA la había encontrado responsable de participar en las maquinaciones que funcionarios del ayuntamiento de Benito Juárez realizaron para el despojo ilegal de 750 viviendas de interés social en Cancún en las administraciones de Remberto Estrada Barba y Paul Carrillo de Cáceres, desde la Dirección de Ingresos Coordinados y Cobranza que ella encabezó.

Sin embargo, en una apelación, con 3 votos contra 2, la mayoría del pleno del extinto TJA revocó la sanción, al considerar que no se acreditaron suficientes elementos para responsabilizarla de la falta grave de abuso de funciones, por lo que tampoco estará inhabilitada para ocupar cargos públicos.

La resolución se sustentó en que las labores realizadas por Jeaninna Medrano Galindo durante su gestión eran principalmente de supervisión, y según los entonces magistrados que votaron a favor de la absolución, este rol no constituye una falta grave, sino, en todo caso, una falta no grave.

Además, arguyeron que Medrano Galindo no fue la responsable directa de las notificaciones fraudulentas que llevaron a despojos de viviendas en Cancún, sino que fueron firmadas por otros miembros del personal administrativo.

Por su parte, los votos particulares en contra argumentaron que, debido a la naturaleza de su cargo, Medrano Galindo tenía la responsabilidad de prevenir actos irregulares como los denunciados, lo que genera cuestionamientos sobre su supervisión.

La sentencia ordena al ayuntamiento de Benito Juárez que, “de ser el caso”, se le restituya el goce de los derechos de que hubiese sido privada por la ejecución de las sanciones impugnadas en la apelación.

Cabe mencionar que Jeaninna Medrano Galindo es hermana de la exdiputada federal y local del PVEM Gabriela Medrano Galindo, quien tuvo una relación sentimental con el exgobernador Roberto Borge Angulo, y también tiene una relación con Frank López, hijo de Francisco López Mena, exsecretario de Gobierno y exrector de la Uqroo en el gobierno del expanista Carlos Joaquín González.

Además, antes Jeaninna Medrano Galindo fue directora de Ecología en Benito Juárez, y también tuvo que dejar su cargo en medio de una denuncia por daños ambientales de la obra del hotel Gran Solaris de Cancún por omisiones de la comuna.

Por otra parte, los exmagistrados administrativos que votaron por esta absolución fueron Isabel Cecilia González Glennie y Antonio Sánchez Urrutia, vinculados al Partido Acción Nacional (PAN), así como el expresidente del TJA, José Luis Villalobos Carrillo, quien fue consejero Jurídico del gobierno de Carlos Joaquín González y ahora se inscribió como aspirante a juez de distrito en Quintana Roo en el proceso electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los que votaron en contra fueron los ahora exmagistrados Mónica de los Ángeles Valencia Díaz, quien había dictado la sanción revocada en la sesión, y Alfredo Cuéllar Labarthe.

El TJA fue cuestionado por su falta de resultados en el combate a la corrupción, principalmente su escaza efectividad en la resolución de los expedientes por faltas administrativas graves contra servidores públicos que le correspondía resolver.

Esa fue una de las principales razones por las cuales ese órgano fue desaparecido por un reforma a la Constitución local realizada por la XVIII Legislatura en septiembre pasado, y fue sustituido por el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción, que inició funciones en el mes de octubre.

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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