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Alfredo Griz/CAMBIO 22

Por momentos, Veracruz parece un estado condenado a repetirse a sí mismo: gobernadores que ascienden envueltos en esperanza y descienden hundidos en acusaciones. El guion es viejo, pero los nombres cambian. Hoy la protagonista es Rocío Nahle García, ingeniera química, exsecretaria de Energía y actual gobernadora. Su administración apenas comienza y ya carga un equipaje saturado de denuncias, auditorías, escándalos y heridas abiertas.

El caso Nahle no es un solo expediente, sino un mosaico que cruza dependencias federales, auditorías internacionales, acusaciones en tribunales y el ruido constante de los medios. Un relato que, al estilo de Alfredo Griz, exige crudeza y sin anestesia: los números, las fechas y las denuncias están ahí; las víctimas, invisibles, son las arcas públicas, la credibilidad de las instituciones y la sociedad que paga la factura.

El origen: Dos Bocas, la refinería que nunca dejó de sangrar

Antes de Veracruz, estuvo Tabasco. Y antes de la silla de gobernadora, Rocío Nahle fue la arquitecta política y administrativa de la refinería Dos Bocas, emblema energético de López Obrador. Desde ahí arranca la madeja.

• Auditorías de la ASF detectaron irregularidades millonarias en los paquetes de obra: adjudicaciones directas, contratos sin justificación y sobrecostos descomunales. Las observaciones quedaron registradas en informes oficiales, con cifras que superaron los 500 millones de pesos en inconsistencias sólo en una entrega de la Cuenta Pública.

• 35 denuncias penales fueron presentadas en abril de 2024 ante la FGR, señalando a Nahle por esos presuntos desvíos. Los folios, aunque no todos públicos, se entregaron en la sede de la Fiscalía. El expediente se abrió, aunque su avance sigue en la opacidad.

El proyecto Dos Bocas se convirtió en símbolo de “soberanía energética” para el gobierno federal, pero también en una mina de críticas. Los contratos beneficiaron a consorcios cercanos al poder, los costos se dispararon y el país aún espera resultados tangibles. Y detrás de esa maraña administrativa, la firma política de Rocío Nahle quedó estampada.

El enriquecimiento sospechoso

En paralelo, el tema patrimonial comenzó a corroer su imagen. El empresario Arturo Castagné irrumpió con una denuncia formal ante la FGR en abril de 2024, acusándola de enriquecimiento ilícito. Señaló la adquisición de inmuebles y bienes cuyo valor, a su juicio, no correspondía con los ingresos de una funcionaria pública.

Las propiedades y el estilo de vida fueron expuestos en redes sociales, acompañados de fotografías y documentos. Nahle lo desestimó como “golpeteo político”, pero el acto de denuncia quedó registrado. Como en otros casos de la política mexicana, la batalla se trasladó a los tribunales y a los medios, mientras las carpetas duermen en la burocracia judicial.

El hilo familiar: contratos y sobreprecios

El poder no se queda en la oficina: se derrama hacia la familia, los socios, los cercanos. Investigaciones periodísticas revelaron que socios del yerno de Nahle obtuvieron contratos millonarios con el IMSS, principalmente para el suministro de medicamentos.

• Las adjudicaciones sumaron más de 1,000 millones de pesos.

• Los reportes documentaron sobreprecios de hasta 800% en algunos productos.

• La ruta del dinero pasó por empresas creadas poco tiempo antes de las licitaciones, un patrón que ya huele a viejo en el sistema de contrataciones públicas.

Este frente abrió otra grieta en el relato oficial: mientras la gobernadora habla de austeridad y combate a la corrupción, los números de los contratos muestran otro rostro.

Veracruz: el arranque envenenado

Con el triunfo electoral y la toma de protesta en 2024, parecía que Nahle dejaría atrás las acusaciones federales. Pero Veracruz es una tierra que traga gobernadores. Apenas unos meses después, los escándalos comenzaron a multiplicarse.

• En mayo de 2025, la Contraloría General del Estado denunció un presunto daño patrimonial por 1,600 millones de pesos en la Secretaría de Salud, derivado de observaciones de la ASF a la Cuenta Pública 2023.

 

•  Aunque los hechos se atribuían a la administración de su antecesor, Cuitláhuac García, fue Nahle quien tomó la bandera, presentando la denuncia y exigiendo sanciones. Pero la opinión pública no tardó en señalar la contradicción: la gobernadora que arrastra sus propias denuncias, ahora se erige como fiscal de los desfalcos ajenos.

La ASF, en sus reportes, habló de 24 investigaciones abiertas relacionadas con Veracruz. El nombre de Nahle aparece indirectamente, no por ejecución directa, pero sí como la responsable política de dar respuesta en su calidad de gobernadora.

Los escándalos políticos y las heridas sociales

El expediente Nahle no es sólo administrativo. La política veracruzana está marcada por la violencia, el control electoral y el descrédito institucional. En 2025, Movimiento Ciudadano denunció un “fraude monumental” en Poza Rica, acusando al aparato estatal de manipular los resultados. La gobernadora respondió con un contraataque: habló de intentos de fraude de la oposición.

Ese choque dejó claro que Veracruz sigue siendo un laboratorio de prácticas electorales turbias, donde la confianza ciudadana es la gran ausente.

Pero el golpe más brutal llegó con un caso que estremeció a la sociedad: la muerte de la taxista Irma Hernández. Nahle declaró públicamente que la mujer “había muerto de un infarto” tras ser secuestrada. Días después, la Fiscalía reveló que fue torturada y asesinada. La contradicción exhibió una insensibilidad que incendió las redes y marcó un antes y un después en la percepción de su gobierno.

La narrativa oficial: victimización y negación

Frente a cada acusación, la estrategia ha sido la misma: negar, desacreditar y hablar de persecución política. Nahle insiste en que los expedientes son inventados por la oposición, que las denuncias de empresarios responden a intereses económicos y que los medios magnifican lo que no existe.

En algunos casos, incluso ha promovido demandas contra sus denunciantes, generando un pulso judicial que aún se libra. Pero la opinión pública ya tiene sus propios juicios: la gobernadora carga un capital político deteriorado, incluso entre sectores que alguna vez la respaldaron.

Veracruz en el espejo de sus gobernadores

La historia es cruel: Fidel Herrera, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes, Cuitláhuac García… y ahora Rocío Nahle. Todos, con matices, terminaron en la espiral de acusaciones, fraudes y descrédito. Veracruz parece no perdonar a quienes lo gobiernan.

Nahle llegó con la bendición de López Obrador, con la narrativa de mujer de izquierda, ingeniera, forjada en la disciplina de la 4T. Hoy enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito, contratos familiares inflados, auditorías que exhiben sobrecostos en Dos Bocas, y un arranque de gobierno marcado por denuncias patrimoniales y errores de comunicación política.

El expediente abierto

Rocío Nahle gobierna un estado fracturado y bajo la lupa. Los 35 expedientes en la FGR, la denuncia de 1,600 millones en Salud, los contratos del IMSS ligados a su yerno, el enriquecimiento señalado por Castagné, y las auditorías de la ASF sobre Dos Bocas conforman un rompecabezas oscuro.

La justicia mexicana aún no dicta sentencia. Pero el juicio social ya está en marcha: Veracruz percibe que su gobernadora camina con el peso de una herencia de corrupción. Y aunque ella insista en que es “golpeteo político”, los documentos oficiales, las auditorías y las denuncias presentadas dibujan otra realidad.

Con esto queda en evidencia que la política mexicana es un pozo donde la verdad siempre se hunde más lento que el dinero.

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

AFC