El Espectador / La Barredora Empresarial

Hiroshi Takahashi/ CAMBIO 22

El nombre de Hernán Bermúdez Requena se ha desvanecido de la cobertura mediática, pero no de los expedientes judiciales. Mientras el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, señalado como líder del grupo criminal “La Barredora”, permanece prófugo, las autoridades mexicanas rastrean la red de negocios que habría construido junto con su familia para expandirse en el sector de juegos y apuestas en México y el resto de América Latina.

Las investigaciones apuntan a un esquema basado en salas de juegos y sorteos, en el que participan familiares cercanos de Bermúdez Requena. Entre ellos destacan su hermano, Humberto, y su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola, socio en Paraguay de Montego Trading S.A., empresa que operaba apuestas deportivas a través de la plataforma crowncityplay.com.py.

En México, estas actividades estuvieron vinculadas a las plataformas digitales CrownCity y CityBets, administradas por la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V. Las áreas de seguridad del gobierno federal documentaron el entramado empresarial que tejieron este grupo ligado a la familia Requena.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, estas plataformas habrían registrado un crecimiento acelerado, tanto en número de usuarios como en su peso dentro del sector de apuestas. La bonanza de la familia Bermúdez incluso se reflejó en su patrimonio: en diciembre de 2024, el hermano de Hernán adquirió un departamento de lujo en Miami por 1.3 millones de dólares. El caso es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Omar Reyes Colmenares; la Fiscalía General de la República, dirigida por Alejandro Gertz Manero; y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch. Además, se ha establecido colaboración con las autoridades paraguayas y con la Comisión Nacional de Juegos de Azar de ese país.

Según diversas fuentes, no se descarta la liberación de órdenes de aprehensión ni la solicitud de fichas rojas a la Interpol para avanzar en el seguimiento de los implicados.

Cobros a lo chino

Previo a la llamada “elección judicial” del 1 de junio, la dirección de administración financiera del poder judicial de la Ciudad de México, ordenó, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la retención de dinero de contribuyentes que entablaron demandas y no atendieron, por descuido u omisión, avisos o pronunciamientos de los jueces, lo que se convirtió en multas económicas.

La retención de uno a miles de pesos, se ordenó a todos los bancos, sin previo aviso al acreedor de la sanción, donde este tuviera cuenta y pudiera cumplir con el monto, es decir, se generalizó la instrucción para garantizar el pago de una o varias instituciones financieras sin importar la afectación.

El demandante o demandado, se enteró del hecho, al ver disminuido su saldo bancario sin justificación. Al solicitar la aclaración pertinente, la respuesta del ejecutivo era la misma: es una orden judicial, acuda al tribunal.

Los casos fueron miles, el recurso económico que fue enviado al órgano judicial fue millonario. La situación es caótica, porque a pesar de que un banco cumplió con el mandato, retuvo el recurso, lo envió al destinatario ordenante y por ende, disminuyó el dinero en la cuenta del multado, el resto de las instituciones crediticias, no regresa el monto, hace caso omiso a los oficios del levantamiento del embargo y por ende, se aprovecha del efectivo, que no le pertenece.

Fuente: El Sol de México

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